Contralínea
¡Las balas, ni de goma! ¡Las balas, a la goma!
Adrián Ramírez López*
A Juan Uriel Sandoval Díaz y Juan Francisco Kuykendall, constructores de democracia
Invitamos a luchar por la proscripción de todas las armas en contra de manifestantes, incluso las llamadas eufemísticamente “poco letales”. También nos pronunciamos por el cese de la criminalización de las protestas sociales y por la derogación del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal y sus correlativos a nivel federal y de las demás entidades federativas; exigimos la libertad absolutoria de todos los procesados, la reparación integral de daños y la sanción a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en torno al 1 de diciembre de 2012.
Las armas “poco letales” sí matan, sí mutilan y sí producen
lesiones graves, prueba de ello son los heridos del 1 de diciembre
pasado. De ellos, Juan Francisco Kuykendall, de 63 años, integrante de
la Otra Campaña y director de teatro en el Instituto Nacional de Bellas
Artes, permanece en estado crítico por los traumatismos
craneoencefálicos y exposición de masa encefálica, y quien a 2 meses de
los acontecimientos aún no recupera la conciencia y sólo responde a
algunos estímulos. De la misma manera, Juan Uriel Sandoval Díaz, de 22
años, miembro del Consejo Estudiantil de Lucha, de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, está en proceso de recuperación ante la
pérdida del ojo derecho, múltiples fracturas en la órbita del ojo y del
tabique nasal.
El objetivo de las armas “poco letales” no sólo es dispersar a los
manifestantes, es causar miedo, dar un escarmiento punitivo (es un
“correctivo público disciplinario”) que se aplica arbitrariamente para
disuadir el derecho a la manifestación y por lo tanto es un rotundo “no”
al diálogo entre gobernantes y gobernados. Y es gravísimo, porque envía
un mensaje negativo a todo aquel que quiere manifestarse.
Pero las del 1 de diciembre no han sido las únicas víctimas de
“armas no letales” en México: también recordamos a Javier Cortés y Ollín
Alexis Benhumea, de 14 y 20 años de edad, respectivamente. Dos jóvenes
muertos por disparos de rifles de gas lacrimógeno el 4 de mayo de 2006,
durante la represión policial contra el pueblo de San Salvador Atenco,
lanzada por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto, y el entonces presidente de la República, Vicente Fox. Y cuya
responsabilidad de autoría ambos ya han asumido públicamente.
Estos dos hechos se relacionan y se tocan en el pasado y presente de Peña Nieto: su responsabilidad sobre Atenco (reconocida
en la célebre conferencia en la Universidad Iberoamericana, que dio
origen al movimiento Yo Soy 132, en la que Peña Nieto afirmó que el
operativo fue “conforme a derecho y respetando los derechos humanos” y
que derivó en una negativa para dialogar con los jóvenes del Yo Soy 132
cuando era candidato) y su toma de posesión con un operativo
espectacular (preparado y armado premeditadamente con “armas poco
letales” para evitar que algún manifestante se acercara a la sede del
Congreso de la Unión en San Lázaro y luego al Palacio Nacional) fueron
los antecedentes de una protesta que se tornó violenta ante el cierre de
espacio democráticos.
Es decir, mientras el 1 de diciembre en los actos oficiales en
Palacio Nacional los selectos invitados, los más influyentes de los
influyentes y cercanos al poder vestían sus mejores galas y tomaban las
mejores bebidas y comidas, afuera, manifestantes con añejos y actuales
agravios pedían ser escuchados, al tiempo que se les violentaba con
vallas de acero colocadas en las inmediaciones de San Lázaro y el
Zócalo.
La conjura de los ricos y el desprecio de los pobres derechos
humanos ignorados, negados, convertidos en mercancías o en maquillaje de
discursos; mientras, la violencia estructural del Estado mexicano
desembocaba en actos violentos que fueron acallados con rifles de gases o
balas de goma por parte de las fuerzas federales, a lo que se sumaron
las detenciones arbitrarias por parte de la “seguridad pública”
capitalina. Cientos de personas golpeadas, vejadas; decenas de
intoxicados y lesionados, cuatro de ellos, graves; pero, sobre todo, una
democracia que sólo convida a los más influyentes, mientras la prole
mira sólo en la televisión la majestuosidad de la recepción en el
Palacio Nacional y condena por presunción a los “vándalos” y
“desadaptados”.
Después, a priori, vendrán el secretario de Gobernación,
Osorio Chong, y el subsecretario de Planeación y Protección
Institucional, Mondragón y Kalb, a decir que no se usaron balas de goma,
y que tanto Uriel como Kuykendall fueron lesionados por sus mismos
compañeros, para después matizar –ante la contundencia de las
evidencias– que “se va a investigar” a quienes las usaron. Como si los
policías federales hubieran puesto de su salario para llevar por
iniciativa propia “armas poco letales” sólo por si acaso, es
decir, como si las armas fueran de su propiedad, y además las hubieran
usado sin consentimiento alguno. Causaría risa si el hecho no fuera tan
grave.
Ha quedado demostrada públicamente la responsabilidad de las fuerzas federales sobre la base de los siguientes hechos:
1. Los videos tomados ese día por diversos medios de comunicación y
personas muestran a los policías portando y disparando este tipo de
armas, incluso se aprecia el momento exacto en el que fue lesionado Kuy y el momento inmediato posterior a la agresión contra Uriel, así como a múltiples manifestantes.
2. Existen varias fotografías y testimonios de personas que presentan el tatuaje típico provocado por las balas de goma en brazos o tórax.
3. Se recuperaron del lugar varias balas de goma disparadas, así
como cartuchos de lata de aluminio de gas lacrimógeno también
disparados.
4. Al realizar la reconstrucción de los hechos con algunos testigos
presenciales y el propio Uriel, y con apoyo en los videos que se
tomaron ese día, se pudo apreciar que los policías federales dispararon
directamente contra los manifestantes, y que Uriel fue alcanzado por una
bala de goma a una distancia aproximada de 15 metros, y Kuy, por el disparo de una lata de gas lacrimógeno a menos de 10 metros.
5. De la cirugía, y luego de exámenes de patología practicados a
Uriel, no se recuperó ningún cuerpo extraño o restos de vidrios,
piedras, pólvora o ningún otro material, por lo que el mecanismo de
lesión es totalmente compatible al que presentan otras personas que han
sido lesionadas por balas de goma.
6. Se han dado múltiples casos en el mundo (sobre todo en Europa) y
han generado campañas como “No a las balas de goma” y “Ojo con tu ojo”,
puesto que ésta es la lesión más temida respecto de los rifles de gas
lacrimógeno: su letalidad es mayor, puesto que la fuerza de contusión es
más grande, de tal manera que puede producir fracturas en los huesos de
la cara o cráneo, incluso exposición de masa encefálica, y que provee
un pronóstico muy malo para la calidad de vida de quienes la padecieran.
7. Además, agentes de las fuerzas federales violaron todos los
protocolos al respecto: tales armas nunca deben ser disparadas a la
cabeza o a regiones de órganos vitales, ni mucho menos dispararse a
menos de 30 metros de distancia hacia las personas, porque por ello se
producen las lesiones graves.
Asimismo, es urgente que se sancione a los responsables y se
investiguen las cadenas de mando; puesto que, de acuerdo con los
protocolos de seguridad, cuando hay un acto público que encabece el
presidente de la República, es el Estado Mayor Presidencial quien está a
cargo, y de allí para abajo en la cadena, es decir, Seguridad Pública federal, del Distrito Federal y el resto de las fuerzas.
Es urgente aunque suene absurdo o ingenuo. Ninguna democracia se
puede jactar de serlo si no tiene la capacidad de recibir a sus
manifestantes, escuchar sus reclamos y hacer mesas de negociación, y en
su lugar lleva al enfrentamiento del pueblo uniformado con el pueblo
manifiesto, o como diría la retractada hija de Peña Nieto, a la prole con la prole.
Es insultante que unos cuantos influyentes de negocios hagan un
desayuno en un restaurante carísimo y hagan asistir al presidente y sus
colaboradores para que les atiendan la demanda de sus privilegios y
hagan negocios, mientras los constructores de todo, los del trabajo
diario, los que reclaman derechos y no privilegios sean recibidos con
murallas y policías, toletes, macanas, escudos, represión y “armas no
letales”.
A sumarse a la campaña “¡Las balas, ni de goma! ¡Las balas a la goma!”.
Colabora con Uriel: cuenta en Banorte 054171140, a nombre de María
Leonor Díaz Pérez; colabora con Kuykendall: cuenta en Bancomer
2824024214, a nombre de Elva Leticia Palma Pastrana; colabora con la
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos: cuenta en Banamex
09486215698, IBAN BNMXMXM-MN y CLABE 00 21 80 09 48 62 15 69 87.
*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
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