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Peña Nieto: Simulación patrimonial
Ernesto Villanueva
Sólo algún despistado podría haber pensado que el anuncio público de la
entrega y acceso público de la declaración patrimonial del Presidente
Peña Nieto se trata del inicio de una feliz historia donde la
transparencia y la rendición de cuentas respiran por los poros de
nuestros gobernantes. Por desgracia, eso está muy alejado de la
realidad. En realidad estamos ante la puesta en escena de una apariencia
anclada en la simulación. Veamos por qué.
Primero.
El estudio de la propia declaración patrimonial de Peña Nieto no
resiste el menor análisis, toda vez que: a) Deja de informar sobre 6
rubros sustantivos como precios, valores bancarios, costo de obras,
entre otras y sólo informa de 2 rubros, bienes muebles e inmuebles; b)
Los rubros en donde sí acepta informar lo hace de manera tan genérica
que no dice nada si se quisiera tener una herramienta que permita medir
cómo se modifica su patrimonio al transcurso del desempeño de su
encargo, que es una de las razones que explican las declaraciones
patrimoniales. Así, por ejemplo, en materia de obras de arte no indica
cuántas, sólo ubica fechas de cuando las obtuvo. En 6 años este rubro
puede quedar exactamente igual en su declaración engañando a la opinión
pública que no podrá verificar si se trata de 5 o de 500; c) En la parte
de bienes inmuebles, siendo alto servidor público al momento de
adquirir sus principales bienes informa tener 9 propiedades, 6 de ellas
obtenidas a través de la donación. ¿No debiera ser en este aspecto
particularmente cuidadoso para informar quién es el donante y descartar
un caso de conflicto de interés? ¿No es Peña Nieto un hombre con
demasiada suerte en tanto más del 65 % de sus propiedades las ha
recibido por almas piadosas que han tenido a bien donarle esos bienes
inmuebles? La búsqueda con los datos que informa que aparentemente
existen en el Registro Público de la Propiedad podría arrojar mayor
información sobre este rubro. Uno de los principios básicos de para
evaluar las declaraciones patrimoniales reside en que a mayor detalle de
la declaración mejores posibilidades de ejercer escrutinio público
sobre los gobernantes. Bajo ese principio, Peña Nieto hace exactamente
lo contrario y, peor aún, deja la duda razonable sobre el origen y los
motivos de sus amplísimas donaciones recibidas.
Segundo. Si Peña Nieto fuera mínimamente congruente con su retórica de
la transparencia y la rendición de cuentas, estaría promoviendo una
reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, de tal suerte que: a) Se establezca como
obligatorio (y no potestativo como es ahora) hacer públicas las
declaraciones patrimoniales, salvo datos estrictamente confidenciales;
b) Se incremente el número de rubros que debe contener el formato de la
declaración patrimonial. En mi libro Función pública, declaración
patrimonial y transparencia hice un estudio comparado incluyendo una
muestra de países desarrollados y subdesarrollados en donde la escala
más alta de rubros a informar es de 11 hasta 0. México se coloca en el
número 5 de 11. De ahí que la reforma no es ociosa, sino necesaria; c)
Se incluya el creciente modelo observado por Estados Unidos, Brasil y
Colombia que incluyen en el formato de declaración patrimonial la
obligación de informar sobre sus recursos en el extranjero; d) Se
minimicen las donaciones de servidores públicos a familiares, amigos o
empleados como estrategia para ocultar dinero aparentemente ilegal y e)
Se establezcan sanciones que inhiben la violación de la ley y
autoridades con la independencia necesaria de hacerlas cumplir. Hoy, la
Ley mexicana y el acto de Peña Nieto ponen de relieve lo mucho que falta
por hacer
Tercero. Si alguien se tomara la molestia de confrontar la promocionada
declaración patrimonial de Peña Nieto con lo que debería informar de
acuerdo a la sección 102 de la Ley de Ética Pública del Gobierno de
Estados Unidos se encontraría con una enorme diferencia, toda vez que en
Estados Unidos hubiera debido informar, entre otros rubros: a) La
fuente, el tipo y la cantidad o valor de los ingresos (provenientes de
cualquier fuente (excepto del empleo vigente en el gobierno de Estados
Unidos), no informó nada Peña Nieto sobre el particular; b) La fuente y
el tipo de ingreso –dividendos, rentas, intereses y ganancias de
capital– que haya sido recibido durante el año calendario anterior y que
exceda de 200 dólares (en cantidad o valor), así como la indicación de
la categoría dentro de la cual se encuentra dicho monto o valor, de
acuerdo con los rangos establecidos por la ley. Tampoco dijo nada sobre
este aspecto Peña Nieto; c) La identidad de la fuente, una breve
descripción y el valor de todas las donaciones que, en conjunto, sea
mayor al mínimo establecido en la sección 7342 (a) (5) del Título 5 del
Código, o superior a 250 dólares (la que sea mayor). También Peña Nieto
fue omiso en este rubro.; d) Una breve descripción, la fecha y la
categoría del valor de cualquier compra, venta o cambio realizado
durante el año calendario anterior que exceda de mil dólares. La
respuesta es igual, no lo hizo público Peña Nieto; y e) La categoría del
total del valor en efectivo de la participación de la persona que
presenta la declaración en un fideicomiso por el que delegue sus asuntos
financieros a un fiduciario para su administración a fin de evitar
posibles conflictos de interés. De nuevo tache para Peña Nieto.
Sólo la denuncia activa de cada acción del gobernante que agravia la
inteligencia de los mexicanos podrá quizá hacer la diferencia.
Evillanueva99@yahoo.com
@evillanuevamx
www.ernestovillanueva.blogspot.com
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