¡¡Exijamos lo Imposible!!Casinos: el panismo se tambalea y el Pacto por México también
El escándalo casinero no decae. La semana pasada continuaron las acusaciones, los deslindes y los golpes bajos entre las mafias que dominan las casas de juegos en el país y que de un modo o de otro siempre acaban apuntando a la estructura interna del PAN, donde parece que se desató una lucha fratricida que finalmente será dirimida por la Cámara de Diputados, donde ya se formó una especie de “comisión de la verdad”. El asunto toca ya, a través de un ministro, a la misma Suprema Corte.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el turbio negocio de los casinos –escándalo que involucra a prominentes panistas, ha hecho tambalear el Pacto por México y ya dio pie a la creación de una comisión investigadora del Congreso que incluirá también al Poder Judicial– emergen cada vez más datos de las redes de complicidad política, empresarial, criminal y hasta de familia.
“Es un tema de corrupción, tráfico de influencias e impunidad”, resume el diputado Ricardo Monreal, impulsor de la “comisión de la verdad” del Congreso, aprobada por unanimidad y que será también coadyuvante en las investigaciones de las autoridades para “destapar la cloaca”.
Y es que en medio de una “lucha fratricida” entre facciones del PAN, vinculada cada una a casineros antagónicos, en el órgano regulador del gobierno, la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, impera el caos.
Por ejemplo, pese a que el exsubsecretario Obdulio Ávila niega que el gobierno de Felipe Calderón dio dos nuevos permisos para operar salas de juegos y de apuestas, formalizados por la Secretaría de Gobernación (Segob) dos minutos antes de concluir el sexenio –como consta en documentos–, las propias cifra oficiales acreditan un aumento de 140 licencias en un solo año.
En noviembre de 2011, cuando Ávila sustituyó a Juan Marcos Gutiérrez en la Subsecretaría de Gobierno, había 27 permisos para operar 541 casinos, pero al finalizar el sexenio, con cuatro permisionarios más –dos por mandato judicial y dos por resoluciones administrativas de la Segob–, las licencias aumentaron a 681.
Ávila, quien nombró a su cuñada Nelly Maldonado Acevedo directora general adjunta de Juegos y Sorteos, adujo que los jueces ordenaron a la Segob, además de los dos permisos, otorgar también “determinado números de licencias, y eso es lo que aumenta el número”.
–¿Cuáles?
–Las más de 100 que se otorgaron, porque es por orden judicial. Las otras dos resoluciones administrativas no aumentan un solo establecimiento.
Sin embargo la propia información oficial lo desmiente: A Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V., ligada presuntamente al exsubsecretario panista Abraham González Uyeda, se le autorizaron 35 licencias, mientras que la segunda, Recreativos Marina, S.A. de C.V., logró 14, para un total de 49. Hay 91 de más.
Ávila negó también que con los dos permisos otorgados por la Segob a Producciones Móviles y Exciting Games, ligadas a Juan Iván Peña Néder –preso por violación tumultuaria a su esposa–, hayan aumentado las licencias para instalar nuevos casinos, porque eran las de Entretenimiento de México (Emex), de las que aquéllas eran operadoras.
Y aunque suman 94, porque amparan 47 salas de juegos y 47 sorteos de números, sólo son para 47 establecimientos. Es más, hubo una disminución en el número de casinos, porque el permiso de Emex es de 50.
Explicó: “Las (dos) resoluciones administrativas no pueden ni deben considerarse como nuevos permisos, precisamente porque se trata del reconocimiento de derechos de esas empresas, derivado de la operación que acreditaron. No hay aumento de licencias, sino decremento: De 50 se reducen a 47”.
Pero eso tampoco es cierto, según Emex, la empresa de los hermanos Rojas Cardona –uno de los cuales, Juan José, es conocido como El Zar de los Casinos–, porque sigue siendo permisionario, pese a que la Segob inició un procedimiento para revocarle el permiso con el argumento de que entró en concurso mercantil.
Justamente por iniciar este procedimiento Emex presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República (Proceso 1874) y luego, en diciembre, presentó otra contra Alejandro Poiré, exsecretario de Gobernación, Ávila y otros 13 funcionarios por la “conducta criminal” de haber expedido los dos permisos.
Luego de las declaraciones de Ávila, quien por ser miembro del CEN organizó una conferencia de prensa en la sede del PAN el martes 15, Emex amplió la denuncia y ratificó que la Segob actúa de manera parcial a favor de Producciones Móviles y de Exciting Games.
En la ampliación de la denuncia, de la que este semanario tiene copia, Emex califica de “falso” que los permisos a esas dos empresas se hayan otorgado tras la revocación del suyo, porque el 15 de agosto, cuando la Segob dice que los otorgó, notificó a Emex del inicio del procedimiento administrativo de revocación.
“Es insólito que el mismo día que se le notificó a Emex apenas del inicio de dicho procedimiento se haya resuelto y notificado a las privilegiadas empresas en una operación evidentemente corrupta y en forma exprés. Todo lo cual lo hicieron según su dicho para no afectar intereses económicos de Producciones Móviles y Exciting Games.”
Y más aún, afirma Emex, la notificación del permiso a Producciones Móviles se envió al domicilio de Guillermo Santillán Ortega, el panista que fue jefe de la Unidad de Enlace Federal al inicio del sexenio de Calderón e identificado como socio en esa empresa Peña Néder.
“Es evidente y manifiesto que la resolución que concedió los fraudulentos permisos ya se encontraba premeditada, elaborada y firmada incluso antes de notificarle a Emex del inicio del procedimiento de revocación”, subraya.
“Lo anterior ya que se la notificaron a Producciones Móviles el mismo día, 15 de agosto de 2012, en el domicilio Amberes 4 interior 101, colonia Juárez, oficinas que pertenecen a Guillermo Santillán Ortega.”
Justamente Santillán Ortega sufrió el viernes 18 un revés: Fue clausurado el Casino Trípoli, supuestamente de su propiedad, en Salamanca, Guanajuato, de cuyo ayuntamiento panista fue secretario en el periodo 1998-2000.
Apenas el jueves 3, él, Peña Néder y el gobierno de Calderón habían sufrido un descalabro: El juez Javier Lozano Martínez, de Nuevo León, concedió a Emex una suspensión definitiva mientras resuelve si deja sin efecto o convalida los permisos otorgados por Calderón.
El compadre de Calderón
En medio de este desorden que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto se ha comprometido a esclarecer, como lo adelantó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aparecen más políticos involucrados en el fomento, protección y tolerancia al negocio del juego.
Un compadre de Calderón, el diputado federal Guillermo Anaya Llamas, es identificado como el gestor de los hermanos Luis Alberto y Ricardo Villarreal García –el primero coordinador de los diputados federales del PAN– para la apertura del Grand Casino de León, Guanajuato, en 2008, cuando era senador.
La abogada Talía Vázquez Alatorre afirma que en 2008 los hermanos Villarreal pretendían instalar un casino y que Anaya Llamas los presentó con Peña Néder, preso desde el 8 de septiembre de 2011, quien les ofreció el que a su vez había vendido, en 3 millones de dólares, al empresario michoacano Raúl Alvarado Madrigal.
Ricardo Villarreal niega ser socio de su primo Víctor Anguiano Villarreal y su compadre Samuel Lejtik en el Grand Casino –“son mis amigos y los avalé en una sola operación”–, pero Vázquez Alatorre ratifica la sociedad y asegura que ella y Peña Néder –su entonces marido– asistieron inclusive a fiestas ahí.
Anaya, por su parte, rechaza haber sido el gestor que presentó a Villarreal con Peña Néder, a quien dice no conocer. “Yo creo que Ricardo en todo caso no me necesitaba. ¿Para qué si Luis Alberto era senador, igual que yo?”.
–Porque usted sí conocía a Peña Néder, el que tenía el permiso, según esta versión, y usted lo presentó con Villarreal, que quería poner su casino…
–Para nada. No sé, para empezar, si es cierto que Villarreal tenga algo realmente que ver.
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