Proceso
Peña y la continuidad con el salinismo
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El próximo presidente, Enrique Peña Nieto, intentará retomar el rumbo –interrumpido en 1994– de las llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa que la adecuación de la legislación mexicana a las condiciones impuestas por los organismos financieros internacionales con el fin de crear el escenario ideal para el modelo neoliberal.
A partir de diciembre de 1982, a escasos tres meses de la nacionalización bancaria, con la llegada a Los Pinos de Miguel de la Madrid, México emprendió las medidas correspondientes; éstas se fortalecieron y acrecentaron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pero los cambios constitucionales y legales se interrumpieron en 1994, primero con el alzamiento zapatista; después, con los crímenes políticos (Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu); más adelante, con el famoso “error de diciembre”, que provocó una de las crisis económicas más severas, y, finalmente, con la pérdida de la mayoría priista en la Cámara de Diputados, en septiembre de 1997.
De la Madrid y Salinas sostenían que no se podían lograr las reformas económica y política simultáneamente, e incluso recurrían al ejemplo de lo que le pasó a Mijail Gorbachov, en la Unión Soviética, con la Perestroika y la Glasnost. Optaron entonces por la primera, la económica. Eso implicó posponer la reforma política y, por lo tanto, mantener el régimen autoritario y, en el caso de Salinas de Gortari, incluso intentar fortalecerlo, pues durante su sexenio se recrudeció la persecución de los opositores políticos y de los periodistas independientes, como ejemplo de la exacerbación de la represión.
Sin embargo, Salinas combinó la mayor represión con mayor corrupción, clientelismo y corporativismo, particularmente a través del programa Solidaridad y del proceso de privatización de las empresas públicas, en especial los bancos, la telefónica y las aerolíneas. Como un alto grado de simulación, impulsó asimismo la creación de órganos formalmente autónomos, como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, aunque de hecho seguían totalmente sometidos a su voluntad.
En síntesis, durante 12 años, pero sobre todo en los últimos seis, en lo económico se impulsó el neoliberalismo, y en lo político, el autoritarismo. Ernesto Zedillo pagó las consecuencias (aunque es innegable el pésimo manejo de la economía durante los primeros meses de su mandato) de los impactos de las políticas salinistas (tanto por las reacciones violentas que provocaron como por los efectos sobre las reservas monetarias), y eso lo obligó a dedicarse durante la primera mitad de su mandato simplemente a estabilizar la situación económica, a implementar una reforma electoral cuyos alcances no previó, y, posteriormente, en los últimos tres años, a lidiar con la primera Cámara de Diputados de oposición, lo que le impidió sacar adelante las llamadas reformas estructurales, particularmente la reforma en electricidad.
Los dos gobiernos panistas, también fieles al neoliberalismo, pretendieron impulsar dichas reformas, particularmente en los ámbitos energético, laboral y hacendario; sin embargo, la ausencia de una mayoría en el Congreso les impidió sacarlas adelante, por lo menos en los términos en que ellos y los organismos internacionales pretendían.
Pero lo más lamentable de estos dos últimos sexenios es que tampoco lograron avanzar mayormente en la reforma del Estado y, sin demérito de algunos pasos hacia adelante en algunos ámbitos específicos, como transparencia y acceso a la información, así como autonomía operativa de la Auditoría Superior de la Federación, no consiguieron sentar las bases de un régimen democrático, es decir, uno en el que la ciudadanía elija libremente a sus autoridades, incida en las políticas públicas y controle a los hacedores de esas políticas. Todavía hoy la equidad en la contienda electoral está bajo cuestionamiento, y en los demás aspectos apenas se han dado los primeros y trastabillantes pasos.
En estas condiciones se da el regreso del PRI a Los Pinos. Peña Nieto ya dejó claro su compromiso con las reformas estructurales, tanto en sus discursos de presidente electo como en las indicaciones que gira a los legisladores de su partido en relación con la reforma laboral. Así que en lo económico no hay duda: Peña Nieto pretende retomar el rumbo trazado por Salinas de Gortari, incluso con el regreso de algunos de sus operadores o, al menos, con la contratación de alumnos de sus operadores. Y todo indica que tendrá mejor suerte que sus tres antecesores inmediatos, pues el PAN sí será una oposición leal y votará favorablemente las iniciativas o, al menos, las partes de las iniciativas que favorezcan la consolidación del neoliberalismo.
La interrogante se encuentra en el lado político, pues el comportamiento de la bancada tricolor respecto a la reforma laboral (desde luego, por instrucciones del presidente electo, ya que desde ahora ni la hoja de un árbol se mueve sin su anuencia) indica claramente que mantiene su oposición a la construcción de una institucionalidad democrática.
De acuerdo con las señales emitidas hasta estos momentos, los énfasis serán los mismos que hace 24 años: en lo económico, avanzar en las reformas estructurales para atender las indicaciones de los organismos internacionales y pretender insertarnos en los círculos de las economías desarrolladas; y, en lo político, retomar la simulación con fines mediáticos, en el terreno legislativo, y, en las prácticas, fortalecer los maltrechos (pero subsistentes) soportes del autoritarismo: corrupción, corporativismo y clientelismo.
Habrá que estar atentos a las consecuencias de estas políticas en el corto y en el mediano plazos, en los ámbitos económico, social y político. Los antecedentes muestran que en los indicadores macroeconómicos los resultados pueden ser favorables en el corto, pero insostenibles en el mediano y en el largo plazo; en lo social, se ensanchan las desigualdades y simplemente se mitigan sus impactos sobre los más desprotegidos, pero sin atender sus causas y orígenes; y en lo político, basta voltear a 1994.
Después de un cuarto de siglo, las condiciones son muy distintas, pero los compromisos y las tentaciones parecen ser los mismos.
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