Omisas 'instituciones' cómplices del narco

¡¡Exijamos lo Imposible!!

La Jornada

Capturas en Madrid: esclarecimiento necesario

Uno de los cuatro presuntos narcotraficantes mexicanos detenidos en días pasados en la capital española, Rafael Humberto Celaya Valenzuela, resultó ser un funcionario y político priísta que operaba en Sonora. Ocupó diversos cargos en el gobierno municipal de Hermosillo y en el de la entidad, fue precandidato a una diputación federal y, de acuerdo con algunos informes, coordinó las actividades proselitistas de su partido en San Luis Río Colorado. Por añadidura, el ahora detenido ostentaba en su página de Facebook dos fotografías al lado del aspirante presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, en diversos actos de campaña. Según la información proporcionada por la policía española, la captura de los connacionales, a quienes se presentó como integrantes de una célula del cártel de Sinaloa que pretendía operar en España, y entre quienes se encuentra, al parecer, un primo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue resultado de una investigación coordinada entre las autoridades peninsulares y la FBI estadunidense.

El hecho agrega un severísimo cuestionamiento a las afirmaciones de las autoridades electorales y federales en el sentido de que no hubo, en el proceso electoral aún por calificar, intervención alguna de la criminalidad organizada en las campañas ni en los partidos. Tales aseveraciones han sido puestas en duda por los abundantes indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el financiamiento de la candidatura presidencial priísta, así como por reportes de la intromisión de grupos armados antes y durante los comicios en algunas zonas del norte del país, particularmente en la región fronteriza entre Chihuahua, Sinaloa y Durango. A ello se agrega ahora la presencia de Celaya Valenzuela en el entorno del propio Peña Nieto.

Estos y otros hechos refuerzan las dudas sobre la limpieza de las pasadas elecciones y ensanchan la zona oscura en la que se gestaron y consolidaron las campañas priístas. Es tan lamentable como inadmisible que hasta ahora tanto el propio Instituto Federal Electoral (IFE) como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) hayan actuado en forma omisa y hayan sido renuentes a prevenir las irregularidades e investigar los datos sospechosos al respecto que surgieron desde antes de la jornada electoral y que apuntan no sólo a una masiva y escandalosa superación de los topes de gastos de campaña previstos por la ley, sino también a la inversión de sumas multimillonarias de procedencia dudosa para la compra de votos en favor de Enrique Peña Nieto.

Con los elementos de juicio disponibles, a los que se suma ahora la detención de un operador priísta sujeto a una investigación internacional por narcotráfico, es claro que tanto las autoridades federales como los organismos electorales están ante la obligación impostergable de investigar a fondo las maniobras financieras del partido que oficialmente obtuvo el mayor número de sufragios. Por su parte, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la federación (TEPJF) no tiene ya margen para abstenerse de ordenar una pesquisa profunda y verosímil en torno a la manera en la que el PRI logró obtener el resultado oficial favorable el día de la elección. Resulta ética, política y legalmente improcedente la emisión de un fallo que ignore los hechos mencionados, especialmente si se trata de una determinación favorable a Peña Nieto. De proceder en ese sentido, el organismo judicial constitucionalmente encargado de juzgar la validez legal de los procedimientos electorales provocaría un deterioro institucional sin precedente –empezando por el suyo propio–, daría margen a la conformación de un gobierno severamente deslegitimado de origen, mucho más incluso que el actual, y sería responsable, por ello, de una crisis nacional trágica y funesta.

Por la salud del país, por la estabilidad de la vida republicana, y hasta por el bien del PRI y de su candidato presidencial, el IFE, el TEPJF y la Fepade deben despejar de manera inequívoca y apegada a derecho las crecientes dudas en torno a la legalidad de las campañas y de la elección de julio pasado, incluso si el esclarecimiento conduce a la invalidación de los comicios. Sería preferible ese curso institucional que una presidencia sin credibilidad social y marcada de origen por la sospecha.