Jueces acusados, jueces defendidos
Francisco Rodríguez
Indice Político
Tardada, pero aparentemente con efectividad, ha llegado la respuesta del ministro presidente de la SCJ y, a un mismo tiempo, cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Silva Meza, quien en un discurso ante sus pares sentenció que ese organismo “no vacilará en defender a cualquier juzgador que sea indebidamente perseguido o presionado por hacer su trabajo con apego a la Constitución y la ley, a partir de conjeturas sin sustento probatorio o de imputaciones basadas, a veces, en la propia legalidad”.
Esta del señor Silva Meza es una muy clara respuesta al michoacano quien, para no variar, ha recurrido en este y otros casos al torpe recurso de la descalificación genérica que resulta mucho más lamentable cuando procede de quien ocupa la Presidencia de la República –gracias, precisamente, al fallo de un Tribunal— y que, en su condición de abogado, si no por exigencia ética, al menos por imperativo técnico, debiera hallarse habituado a un ejercicio más racional de la crítica.
Tal deslegitimación constante de una institución clave en el Estado de Derecho como es el Poder Judicial, lejos de fortalecerla, produce unos efectos sobre su credibilidad que son de costosa y difícil reparación.
Y no, no es que no haya que criticar el proceder de algunos de los miembros de la judicatura. La crítica es legítima. Pero lo es, desde el respeto indiscutible de la libertad de expresión, invariablemente rebasados por algunos políticos, Calderón entre ellos, quienes sobrepasan sus límites y hacen graves ofensas personales a miembros de la judicatura con lo que, superados determinados límites, manosean los umbrales de lo punible: la calumnia y la injuria.
Cuando se reacciona ante las críticas, como lo ha hecho Silva Meza, es por la gravedad de las mismas. Y eso también es legítimo.
El poder judicial, de otra parte, debe admitir las críticas sobre el contenido de sus resoluciones, pero esas críticas también deben ofrecer un planteamiento jurídico alternativo, sobre todo vale reiterar, cuando aquél que las profiere es abogado, cual dice el título que tiene colgado en algún muro.
Lo que no se admite es que se desacredite a la institución con argumentos que no son jurídicos, sino que responden a posicionamientos ideológicos o, en el caso del ocupante de Los Pinos, a berrinches, frustraciones y enojos.
Y sí, hay críticas que deben enderezarse al Poder Judicial.
La primera, por la percepción general que tiene la ciudadanía respecto a jueces, magistrados y ministros, incluso respecto de la Administración de justicia, sobre su lejanía con la sociedad. Muy lejana, sí, y perversamente politizada, amén de excesivamente endogámica y corporativa.
Pareciera que el Poder Judicial se ha vacunado y no se ha dejado permear por la democracia como ha ocurrido, en mayor o menor medida, con el Poder Legislativo. Es refractario a la sensibilidad social, incluso se vanaglorian de ello. Parecen una casta conservadora y, reitero, endogámica, llena de hermanos y parientes. Y eso parte del mismo proceso de formación y selección.
Durante mucho tiempo, los mexicanos acatamos sin oponernos lo que emanaba de una suerte de santísima trinidad omnipotente: el cura, el maestro, el soldado. El juez estaba un escalón más arriba: pues media vida dependía de una sola decisión suya. O la vida entera. Los maestros saben bien cómo ha dado la vuelta esa tortilla. Son hoy un colectivo cuestionado por las familias hasta extremos, a veces, de difícil comprensión o de nula justificación. La Iglesia ha manifestado en alguna ocasión que sus efectivos se sienten perseguidos. Del Ejército podría decirse que, desde que Calderón los sacó de los cuarteles, el ciudadano ya sabe con quién está hablando.
¿Y los jueces, qué ocurre con ellos? Atacados. Finalmente defendidos.
Índice Flamígero: Una de las mayores críticas al Poder Judicial por parte de la sociedad se centra en las altas percepciones y privilegios económicos de las que disfrutan sus integrantes. ¿Es verdad que un ministro gana más de 500 mil pesos mensuales? + + + Sólo faltan 95 días para que concluya la Administración federal que menos beneficios trajo a los mexicanos, y más spots publicitarios produjo presumiendo lo contrario.
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