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PROCESO
El IFE se defiende: la ley es la leyCarlos Acosta Córdova
De acuerdo con la información oficial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido del Instituto Federal Electoral, en 13 entregas, las constancias de cada una de las investigaciones relativas a la impugnación de los comicios presidenciales del 1 de julio presentada por el Movimiento Progresista, que impulsó a Andrés Manuel López Obrador.
Tiene también el tribunal los expedientes de las 2 mil 624 diligencias que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos –que es el nombre completo del ente fiscalizador, técnico y autónomo del IFE– realizó a partir de las 220 quejas recibidas este año. Son decenas de miles de hojas las que han llegado a ese órgano con los avances de las indagatorias.
Tan sólo el informe circunstanciado que le remitió la Unidad de Fiscalización, derivado de un escrito de “excitativa de justicia” promovido por el Movimiento Progresista para que se adelantara de manera extraordinaria un dictamen preliminar de fiscalización, consta de 34 mil 678 fojas certificadas.
De las 2 mil 624 diligencias efectuadas –ante diferentes autoridades federales y locales, personas físicas y morales–, 479 están relacionadas con el caso Monex; 114 con el de Soriana, y 275 con la queja contra Enrique Peña Nieto por gastos excesivos en espectaculares, uso de aeronaves, acarreo en autobuses, reparto de despensas y actos de campaña.
También tiene conocimiento el tribunal de todas las acciones y requerimientos de información que la Unidad de Fiscalización ha hecho a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR y a la Secretaría de Gobernación, entre otras dependencias.
En suma: “Hoja por hoja, documento por documento que tiene la Unidad de Fiscalización, y que se ha allegado en el desarrollo de sus pesquisas, las tiene el tribunal electoral”, dijo el jueves 23 el consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello.
Si bien esa información es abundante, aun es insuficiente y poco concluyente, toda vez que las indagatorias de la Unidad de Fiscalización están lejos de concluir.
El problema es que sólo el tribunal sabe cuánta y cuál información tomará en cuenta para emitir su dictamen en torno de la validez de la elección presidencial, cuyo plazo vence el próximo 6 de septiembre. Hasta ahora, todo indica que las acciones del Movimiento Progresista por influir en la decisión del órgano jurisdiccional para que declare inválidos los comicios y los anule se irán al vacío.
Al menos así se desprende del Informe sobre el estado que guardan los procedimientos de queja en materia de financiamiento y gasto, que presentó el jueves 23 la Unidad de Fiscalización ante el Consejo General del IFE, aprobado de manera unánime por los nueve consejeros del órgano electoral. El documento de 51 páginas se centra en 32 quejas, agrupadas en siete indagatorias base con sus múltiples derivaciones.
Son cuatro contra Enrique Peña Nieto y el PRI-PVEM: dos por el caso Monex, una por Soriana y otra por los gastos excesivos de campaña. Y tres contra López Obrador: una por el presunto “charolazo” en la casa de Luis Creel; otra por las presuntas cuentas bancarias no declaradas por Yeidckol Polevnsky, y una más por recursos obtenidos, y no declarados, a través de las agrupaciones Honestidad Valiente y Austeridad Republicana.
Pero más allá del contenido del informe sobre ingresos y gastos en las campañas presidenciales –que puede consultarse en la página web del IFE–, lo que destaca son las conclusiones de la Unidad de Fiscalización, que sugieren el eventual fracaso de la impugnación a la elección presidencial promovida por la izquierda.
Las quejas y denuncias presentadas contra las coaliciones que impulsaron a Peña Nieto y a López Obrador, dice el informe, “en ningún caso incluyen datos, documentos o información contundente, que le permitan a la autoridad actuar de manera inmediata; algunos de los alcances presentados han sido anunciados mediáticamente y no entregados a la autoridad”.
Un proceso complicado
La Unidad de Fiscalización tampoco puede adelantar nada porque, según su informe, “los procesos de indagación se encuentran en curso” y es obligación de la autoridad fiscalizadora “garantizar los derechos constitucionales de audiencia de los actores” –denunciados, denunciantes, presuntos implicados– y garantizar también “los plazos legales que las leyes otorgan a las autoridades coadyuvantes”.
En suma, advierte, “aún no se encuentra en condiciones de emitir los proyectos de resolución sobre los procedimientos de queja presentados en este informe, al no haber agotado las líneas de investigación planteadas ni contar con elementos suficientes que acrediten de manera fehaciente la existencia de los hechos denunciados”.
Más relevante aún: “El desahogo del procedimiento de queja no está relacionado con el plazo que la ley otorga para la declaración de validez de presidente electo”.
Es decir, son dos rutas que no se cruzan, no son vinculantes. Por ley, el tribunal deberá hacer la declaratoria de presidente electo el 6 de septiembre, o antes si considera que ya cuenta con los elementos suficientes, aun cuando las investigaciones del IFE sobre las irregularidades denunciadas no hayan concluido.
De hecho, independientemente del curso que tomen las investigaciones respecto de las quejas relacionadas con la impugnación de la elección presidencial y sus resultados –igualmente en el caso de las quejas del PRI contra López Obrador y el Movimiento Progresista–, el dictamen definitivo de la Unidad de Fiscalización sobre los ingresos y los gastos de los partidos en la campaña presidencial se conocerá hasta el 31 de enero próximo, tres meses con tres semanas después de que los propios partidos entreguen su informe final de campaña –tienen el 8 de octubre como límite–, y cinco meses antes de la fecha que indicaba el calendario oficial de fiscalización.
Pero el hecho de que la revisión del financiamiento y de los gastos de las campañas electorales esté aislado del proceso de calificación presidencial no es una decisión del IFE, como se le ha querido achacar.
“Así está establecido en el modelo de fiscalización que los partidos políticos pactaron todos, por unanimidad, en la reforma electoral de 1996 y que se ha venido reiterando, incluso por la reforma de 2007, de nuevo, con el consenso de todas las fuerzas políticas”, dice en entrevista el consejero electoral Lorenzo Córdova.
–Podría concederse que la Unidad de Fiscalización está haciendo su trabajo; que la complejidad de las investigaciones necesariamente retarda resultados concluyentes. Sin embargo, a los ojos de buena parte del público, el IFE se ve rebasado, “chico”, ante la dimensión de lo que suponen las denuncias –se le plantea.
Responde: “El IFE no puede, porque se lo pida un partido o porque se le pegue la gana, decidir arbitrariamente medidas en contra de lo que dice la ley. El esquema de fiscalización ha demostrado ser exitoso, sí, pero insuficiente frente a lo que está colocándose como parte de la discusión pública hoy en día.
“Los tiempos legales son lo que son. Se hace lo que se puede con un modelo legal de fiscalización que es conocido por los partidos, pactado por ellos y que apuesta, en el ámbito federal, a una fiscalización ex post.
“Todos los partidos saben que desde 1996 el esquema de fiscalización, eventualmente, llega a determinar irregularidades financieras cometidas durante las campañas, pero que lo hace con posterioridad al momento en que los funcionarios elegidos toman sus cargos.”
A juicio del consejero, esa es una de las cosas que habría que modificar de la actual legislación electoral, “no sólo para efectos de la fiscalización, sino también, en su conjunto, para lo que hace a la rendición de cuentas del Estado”.
Explica: “Me parece que ya es hora. Y esta elección nos da la pauta de explorar la posibilidad o la viabilidad de que quien comete irregularidades graves en una campaña electoral, eventualmente pueda ser destituido del cargo. No está en la ley y nadie lo ha planteado. Pero va siendo hora de que los partidos vayan repensando no sólo el modelo, sino también los calendarios electorales”.
Un modelo defectuoso
Lorenzo Córdova dice tener claros los defectos del modelo de fiscalización actual, pese a sus bondades: fiscaliza una entidad eminentemente técnica, no política, y es autónoma, libre de cualquier injerencia o presión de autoridades gubernamentales, partidos políticos y aun de consejeros electorales, como ocurría en el pasado.
Pero acepta que el modelo “puede provocar un efecto perverso, un efecto de demostración perverso. Es decir, dado que las eventuales irregularidades en la campaña –como pasó con Amigos de Fox y el Pemexgate– se acaban detectando y sancionando después (de la elección), y son eminentemente multas pecuniarias a los partidos políticos, parece que el modelo te genera una especie de estímulo a cometer irregularidades, a beneficiarte de ellas. Total, al final del día, el partido, en el mejor de los casos, es el que paga los platos rotos”.
Dice: “Yo creo que esto nos debe llevar a repensar un tema que trasciende lo electoral, que es el de la rendición de cuentas”. Pero en este país no pasa nada, dice; en cualquier otro un asunto como el de Amigos de Fox, que aportó financiamiento ilegal a la campaña del panista en 2000, habría generado un par de reacciones:
“Una, imputaciones de responsabilidades al mandatario en el cargo, o dos, un contexto de presión política tal que en muchas ocasiones, en otras partes del mundo, habría llegado a la renuncia del propio presidente. Ahí están los casos de Fernando Collor de Melo en Brasil, Richard Nixon en Estados Unidos y Helmut Kohl en Alemania.”
Concluye Córdova: “En el fondo, el problema es que el esquema de rendición de cuentas es absolutamente ineficaz en este país. Pero no es un asunto electoral. Toca lo electoral, sí, pero es un asunto estructural del diseño del Estado mexicano”.
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