Estado de los ESTADOS
Por Lilia ArellanoGarcía Luna, en la mira de EU
Policías Federales atacan a marinos
Dos agentes de EU fueron lesionados
Investigan una trampa o “confusión”
TEPJF anula sólo el 0.4 % de casillas
Sigue creciendo economía informal
“El único medio de vencer en una guerra es evitarla”.- George Catlett Marshall
Al acercarse el ocaso de su administración, Felipe Calderón se entrampa cada vez más en su fallida estrategia contra los cárteles de la droga. El lastre que lo hunde está centrado en un truculento personaje, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP), quien es considerado como su funcionario “protegido y consentido”. El único y principal respaldo a su “guerra contra el narco”, el del gobierno de los Estados Unidos, ha sido cuestionado y analizado desde hace más de un año por el embajador Anthony Wayne, debido a las ligas de sus funcionarios con los capos de los principales cárteles de las drogas. La resolución de las autoridades estadounidenses, particularmente las militares, no es favorable a la administración calderonista, en particular al titular de la SSP. El panorama termina de ennegrecerse con el ataque ayer de agentes de la Policía Federal, dependiente de García Luna, contra una camioneta donde viajaban dos funcionarios (aparentemente agentes de la DEA) de la embajada de Estados Unidos, en el tramo carretero Tres Marías-Huitzilac.
Es natural el nerviosismo que se apodera del todopoderoso secretario de Seguridad Pública, a escasos meses del final de la administración de su cómplice. A partir del 1 de diciembre, nadie protegerá a los funcionarios de Felipe Calderón, pese a que éste parece tener ya amarrada su impunidad con la próxima administración federal. En el gobierno entrante, García Luna se convertirá en la pieza mayor del combate a la corrupción permitida y alentada por el calderonismo en la administración pública federal. Sus ligas con el cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín “El Chapo” Guzmán, han sido documentadas no sólo por investigaciones periodísticas tan destacables como las de Anabel Hernández, en el libro “Los señores del narco”, o las de Malcolm Beith, en su libro “The Last Narco –una biografía de “El Chapo” Guzmán”, o por acusaciones directas en el Congreso de la Unión, como la del ministro en retiro de la SCJN y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, Juventino Castro y Castro, y la del legislador del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien en una ríspida comparecencia en la Cámara baja en octubre del año pasado, le dijo en su cara “asesino, vinculado al narco, al grupo de “El Chapo” Guzmán, uno de los peores delincuentes del país, de los más peligrosos”.
García Luna está en la mira de los Estados Unidos desde hace meses y su utilidad está por caducar. En los pasos previos a su ratificación como embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne tuvo que responder a las inquietudes de miembros del Congreso de su país sobre la infiltración del narco en el gobierno de Felipe Calderón, donde concretamente se mencionaba a García Luna. Al ser ratificado por el Senado como embajador en México, en julio de 2011, Wayne confirmó que una de sus principales tareas sería investigar seriamente los señalamientos contra Genaro García Luna por sus presuntas relaciones con el narcotráfico. Desde hace más de un año, congresistas republicanos han destacado que para derrotar al narcotráfico en México es necesario investigar a fondo las acusaciones, en el sentido de que en su gobierno prevalecen actos de corrupción, en especial los que se atribuyen al actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y fortalecer el intercambio de información de inteligencia militar entre Estados Unidos y su vecino del sur.
Por eso, el ataque de este viernes de agentes de la Policía Federal a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, en el tramo carretero de Tres Marías-Huitzilac, se convierte en un punto neurálgico no sólo en las investigaciones de agencias de inteligencia estadounidenses contra funcionarios de primer nivel de la administración de Felipe Calderón, sino de la relación global del gobierno de Barack Obama a la guerra contra el narcotráfico en México, que es analizada en los primeros círculos del gobierno de ese país.
Por eso no extraña que en forma conjunta, las secretarías de Marina y Seguridad Pública salieran a informar y confirmar que fueron agentes de la Policía Federal quienes dispararon contra la camioneta marca Toyota, con placas BCM-242 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), donde viajaban los ciudadanos estadounidenses Jess Hoods Garner y Stan Dove Boss, presuntos capacitadores policiales, quienes fueron heridos y trasladados a un hospital de Cuernavaca, Morelos, donde fueron atendidos de sus lesiones, y quienes iban escoltados por dos elementos de la Marina. Posteriormente fueron trasladados a un hospital de la Ciudad de México. La unidad diplomática recibió por lo menos 30 impactos de bala.
El comunicado conjunto de esas dos dependencias, confirma: “El día de hoy (viernes) a las 08:00 horas, un vehículo diplomático de la Embajada de Estados Unidos de América (que se dirigía a instalaciones de la Armada, ubicadas en el Cerro del Capulín, en el municipio de Xalatlaco) recibió múltiples impactos de bala en el tramo carretero Tres Marías-Huitzilac, de parte de personal de la Policía Federal que se encontraba en la zona realizando labores de persecución del delito”. La camioneta Toyota fue alcanzada por un vehículo en el que viajaban personas que les mostraron armas de fuego, “por lo que el conductor del vehículo diplomático maniobró para evadirse y reingresar a la carretera, momento en el cual los tripulantes del vehículo agresor abrieron fuego contra el vehículo diplomático”. “Momentos después, otros tres vehículos se sumaron a la persecución y realizaron disparos con armas de fuego contra el vehículo de la Embajada de EU”.
Uno de los marinos solicitó apoyo de sus compañeros, llamada que logró que más elementos de la Marina y del Ejército acudieran en su auxilio. En sus primeras informaciones, los marinos presumen que se trató de una emboscada, pues desde las laderas de la carretera, hombres armados también dispararon a la camioneta blindada, que recibió tantos disparos que el blindaje no fue suficiente, por lo que resultaron lesionadas tres personas, entre ellos un capitán de la Marina.
Tras el ataque, en los primeros momentos, se intentó manejar la versión de que fue una confusión la que provocó el ataque de los policías federales al vehículo diplomático de los Estados Unidos. Se dijo que los federales estaban en operativo, toda vez que el jueves, en el municipio de Huitzilac, Morelos, delincuentes robaron la camioneta del director del Museo de Antropología e Historia, por lo que estaban en busca del vehículo y los responsables. Se reportó que los policías federales marcaron el alto a dos camionetas, a la altura de Tres Marías, en las inmediaciones del poblado Fierro del Toro, pero debido a que los conductores no atendieron se desató el enfrentamiento.
Al cierre de estas líneas, el personal de la Policía Federal que participó en la balacera comparecía ante el agente del Ministerio Público de la Federación, para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Se informó que los dos estadounidenses, de quienes se dijo en un principio que eran agentes de la DEA y posteriormente se les señaló como capacitadores que participarían en programas de adiestramiento para servidores públicos mexicanos, recibieron heridas que no ponen en riesgo su vida, en tanto que un capitán de la Marina “se encuentra con contusiones leves”.
Personal de la Procuraduría General de la República (PGR) llegó al lugar donde se registró la agresión a la camioneta diplomática de EU, encabezados por Gabriela Prieto Ávalos, delegada de la dependencia en el Estado de Morelos. Al lugar también acudieron dos hombres con chalecos antibalas, en cuyo frente tenían la bandera de Estados Unidos, escoltados por cerca de 20 elementos de la Marina, quienes tomaron fotos de la camioneta que tiene un blindaje M-4, que registraba destrozos en el frente izquierdo y en la parte posterior, en la ventana del copiloto.
Este incidente, sin duda alguna, habrá de formar parte de la amplia investigación en torno a las relaciones de funcionarios federales de la administración de Felipe Calderón con los cárteles de la droga. Una truculenta historia que tiene sus raíces más sólidas en la administración de Vicente Fox en la que se gestó el poderío de cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con la cobertura, protección y respaldo de las fuerzas de seguridad pública, mediante el jefe de las fuerzas policiales, Genaro García Luna, como han acusado no sólo jefes policíacos mexicanos, políticos de oposición, investigaciones periodísticas, sino también pesquisas de agencias de inteligencia de Estados Unidos e indagaciones de congresistas estadounidenses.
ANULAN SÓLO 0.4% DE CASILLLAS
Todo apunta a que está próximo el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al presunto triunfo de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial del pasado 1 de julio. Este viernes, el TEPJF anuló 524 casillas de dichos comicios de poco más de 30 mil que pidió cancelar el Movimiento Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador. Dichas anulaciones corresponden a sólo el 0.4 por ciento del total de 143 mil 130 casillas, lo que no llega al 25 % previsto por la ley para anular la elección presidencial por irregularidades en las mesas de votación. Únicamente en 225 distritos se modificó el cómputo y en 68 distritos no hubo cambio alguno.
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