La letra y el espíritu de la ley
Juan José Morales
Escrutinio
Ante la petición del Movimiento Progresista de que sea anulada o invalidada la elección presidencial y se convoque a nuevos comicios en verdaderas condiciones de igualdad, equidad e imparcialidad, los grandes medios de comunicación han mantenido una campaña de desorientación sobre cuatro líneas principales:
En primer lugar, presentar esa demanda como una simple rabieta de López Obrador, de quien dicen que tiene por costumbre desconocer los resultados de cualquier elección que le sea desfavorable y que solamente los acepta si se le da el triunfo.
En segundo lugar, se silencia o se minimiza el cúmulo de pruebas que se han venido presentando respecto a la compra de votos, la inmensa cantidad de dinero —muy superior a los topes de gastos establecidos por la ley— que se utilizó en la campaña de Peña Nieto, los desvíos de recursos del erario público de numerosos estados para esa campaña, el oscuro origen de buena parte del dinero —que incluso hace sospechar que proviene de la delincuencia organizada— y la colusión —denunciada por importantes diarios extranjeros— entre las grandes cadenas televisoras y Peña Nieto para impulsar su candidatura al margen de las disposiciones legales.
En tercer lugar, analistas y comentaristas proclives al PRI y Peña Nieto repiten machaconamente que las acusaciones del Movimiento Progresista sobre irregularidades en la elección carecen de base porque la jornada electoral —o sea la votación del 1 de julio— se desarrolló en un ambiente de normalidad y tranquilidad, sin que hubiera durante ella más que pequeñas irregularidades.
Finalmente, se maneja un razonamiento, bastante cínico, en el sentido de que aunque se hubieran rebasado los topes de gastos de campaña, aunque hubiera habido una compra masiva de votos, y aunque hubiera existido un contubernio entre el duopolio televisivo y Peña Nieto para manipular a la opinión pública, la ley electoral no establece que nada de ello es causal de invalidez o nulidad de la elección, y por tanto Peña Nieto debe ser declarado presidente electo sin más sanción —si acaso— que la aplicación de una multa por haber cometido violaciones a la ley, puesto que la propia ley así lo establece.
Pero las cosas no pueden limitarse a un mero formulismo. Al emitir su fallo sobre la demanda de nulidad o invalidez de la elección, los magistrados del tribunal electoral deberán decidir si se atienen a la letra del código de procedimientos electorales, o si se basan en el espíritu y la esencia de la Constitución, que es la ley suprema de la cual deriva el código, y que en su artículo 41 establece clara e inequívocamente que “la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.”
La elección no se constriñe al día de la jornada electoral. Es todo un proceso, que se desarrolla durante meses e incluye desde luego las campañas electorales. No se puede cerrar los ojos ante lo ocurrido durante esos meses y decir que si el 1 de julio Peña Nieto tuvo más votos que López Obrador, debe por tanto ser declarado presidente electo. Hay que tomar en cuenta —muy en cuenta— cómo los obtuvo.
Si —como ha quedado plenamente demostrado— se violaron todos los principios de igualdad, equidad e imparcialidad, la elección presidencial no puede considerarse libre ni auténtica. Se anularía así la esencia, el espíritu del artículo 41, y esos comicios no pueden ser validados por el tribunal, puesto que quebrantan el orden constitucional.
Ya veremos —aunque en verdad lo dudamos— si los magistrados harán prevalecer el espíritu de la ley suprema o si se escudarán en la letra de la ley secundaria para declarar presidente electo a Peña Nieto pero “castigándolo” con una amistosa llamada de atención o una multa ridículamente baja.
Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx
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