México, ante la incapacidad del gobierno derechista y la crisis, se impone un Estado policíaco
Pedro Echeverría V.
1. Felipe Calderón, el presidente ilegítimo, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que autoriza detenciones “en caso de urgencia” mediante un sistema de “investigación sin autorización judicial”, que incluye el cateo de domicilios por denuncia anónima, revisión y grabación de personas y vehículos, el uso de llamadas telefónicas entre particulares y conformar un cuerpo de “agentes infiltrados”. Propuso a los diputados que la policía grabe en video las inspecciones a vehículos, que en una conversación por teléfono quien participe en ésta pueda entregarla como prueba, “y de esta manera no se altera la confidencialidad de las comunicaciones”. ¿Qué harán los legisladores del PAN, PRI, PRD y demás? Aprobar el Código reformándole algunos puntos que no cambian la esencia del mismo.
2. ¿Por qué se puede hablar de Estado policiaco en México? Porque en un Estado policiaco el gobierno mantiene o busca implantar –con cualquier pretexto- un estricto control sobre la sociedad, de manera particular a través de la supresión de las libertades civiles y a menudo mediante una fuerza de policía secreta y un gran despliegue e inversión de dinero público –también privado- en vigilancia. Esto implica que el control por el gobierno está contra la voluntad de los individuos que están siendo vigilados. Así, un Estado policial es totalmente antidemocrático, es más o menos una ley marcial. Se asemeja a un régimen totalitario que utiliza la excusa de guerra (en este caso contra el narcotráfico) constante para permitir que la policía y las cámaras de seguridad controlen –mediante una estricta vigilancia- a la población.
3. El gobierno de Obama, a través de su embajada en México, ha estado ensayando un Plan Afganistán para aplicar contra “la delincuencia organizada” y la “insurgencia” que asoma la cabeza en varios estados mexicanos. Ha introducido recientemente a México –siguiendo la llamada “Iniciativa Mérida”, más de dos mil agentes yanquis militares y especializados en contrainsurgencia; éstos, a la cabeza de miles de agentes mexicanos entrenados en los EEUU e Israel, están tomando en la frontera Norte, aunque también en la Sur, el control de todos los migrantes. No tengo la menor duda de que el llamado Código Federal de Procedimientos Penales que ha mandado Calderón a los legisladores obedece a órdenes de los EEUU; aunque Calderón se siente feliz por obedecer estas medidas que respaldan a su gobierno en estos momentos en que parece desplomarse.
4. Me recuerdan estas terribles medidas de vigilancia policíaca cuando el llamado “Comité de Asignaciones del Senado Estatal de Arizona” aprobó hace poco tiempo medidas impulsadas por el legislador republicano Russell Pearce que de manera criminal y racista buscan negar a los indocumentados mexicanos y demás países, servicios médicos de emergencia, así como vivienda pública y centros laborales.
Las propuestas legislativas obligan a escuelas, hospitales y centros policiales que reporten sobre inmigración, y requiere la confiscación de propiedad de los que sospechan que están ilegalmente en el país. Este es un Estado policíaco, pero envuelto con el velo de la “democracia” que sólo sirve a los intereses yanquis. Es la democracia que los yanquis con toda habilidad han difundido desde hace un siglo en los medios.
5. La legislatura mexicana, que se ha presentado como plural, al aprobar estos cambios fascistoides e introducirlos al marco constitucional del país haría que el llamado régimen de derecho en México se reconfirme como inexistente y falso. Como bien se ha dicho: 1. Reconfirmaría, como ha escrito mi amigo Javier Garrido, a los funcionarios federales atribuciones propias de un régimen dictatorial o de excepción, al permitirles allanar y catear domicilios sin mandato judicial y llevar a cabo detenciones sin orden de aprehensión y, 2. Cancelaría una garantía fundamental, la de seguridad jurídica, que establece la inviolabilidad del domicilio y de la persona si no media un mandamiento escrito, conforme a la Constitución. Es decir, los mexicanos entenderíamos, una vez más, que vivimos una falsa democracia o una democracia burguesa formal.
6. Todos aquellos espacios que hemos ganado para manifestarnos en las calles serían perdidos. Todas aquellas batallas contra las rejas o cercas metálicas de los bloqueos policíaco-militares ahora serían reprimidas con más brutalidad. Todavía recuerdo que en los sesenta, cuando se convocaba una manifestación en la ciudad de México, los primeros 100 o 200 en llegar, teníamos que hacernos tontos alrededor del lugar de la cita hasta que un grupo se atrevía a tomar el espacio para reunirnos a todos. En las asambleas anteriores siempre analizábamos si la manifestación sería reprimida o terminaría en paz, y si esta sí podría llegar al Zócalo o sólo en el Monumento a Juárez por estar bloqueado el paso por policías y soldados. Imagines nada más no poder realizar plantones ni tener libertad para desahogarnos mentándole la madre al gobierno.
7. Además de poner todas nuestras fuerzas para luchar contra esas medidas de “Ley de seguridad” que la burguesía busca imponer para reprimir a los trabajadores, no debemos olvidar que hay que transformar –como diría un dirigente chino, las cosas malas en cosas buenas que favorezcan al pueblo, es decir, hay que transformar la guerra de los poderosos en revolución de los oprimidos. ¿O, acaso, vamos a ir a nuestro rincón a llorar nuestras desgracias o meter nuestra cabeza a la arena para no ver lo que sucede? Nada de eso: a pesar de las leyes fascistas y sus prohibiciones seguiremos en las calles para ver si tienen suficientes cárceles para encerrar al pueblo. Además no sería la única vez en que las clases dominantes quieren imponer su orden. Al pueblo se le puede oprimir, perseguir, reprimir, un año, diez años, pero no toda la vida. ¿Por qué en lugar de joder al pueblo no joden a su madre?
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