Violentados los derechos de las mujeres

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Grave retroceso

MEXICO, D.F., 28 de septiembre (LILIA ARELLANO/ESTADO DE LOS ESTADOS) Una vez más, el inquilino de Los Pinos se dedicó a crear fuertes divisiones entre la población, al presionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obtener un dictamen en torno a la denominada “ley antiaborto” que, a estas alturas, es altamente retrógrado desde todos los puntos de vista, ya que en la actualidad lo que menos puede y debe otorgarse a los ciudadanos es el pleno derecho de tomar decisiones de carácter estrictamente personal sin que ello los convierta en delincuentes. En este jaloneo, paradójicamente, se unen líderes y gobernadores panistas y priístas en la antesala electoral, en un afán de conseguir para sus partidos las bendiciones del clero católico alejándose totalmente del Estado laico.

Tal es el caso del aval otorgado ayer al artículo 7 de la Constitución de Baja California, que protege la vida desde el momento de la concepción y otorga al no nacido todos los derechos de una persona, el cual seguirá vigente al no reunirse los ocho votos necesarios para invalidarlo. Mientras iglesias y organizaciones civiles de derecha festinaron la decisión de los togados a favor de la “ley antiaborto”, dirigentes y legisladores federales del PRI, PRD y PT lamentaron la decisión de máximo tribunal del país y condenaron el proceder de Felipe Calderón, quien también pretende echar abajo la reforma en el Distrito Federal, a través de su propuesta de quitar la reserva a la Carta de San José.

En el pleno de la “tremenda” Corte, el ministro Jorge Pardo se sumó a los tres ministros que el lunes y el martes se pronunciaron por rechazar el proyecto de invalidar la reforma de Baja California, con lo que la acción de inconstitucionalidad fue desestimada. Sólo se alcanzaron siete de los ocho votos necesarios para ese efecto con el voto de los ministros Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza, presidente de la Corte, que apoyaron el proyecto de su colega Fernando Franco. Zaldívar insistió en que ninguno de los ministros se declararon contra la vida o a favor del aborto y subrayó que establecer el derecho absoluto a la vida, como lo plantea la reforma, “implica avasallar, desconocer, eliminar los derechos humanos de las mujeres, y esto me parece que es algo que un tribunal constitucional no puede en ningún modo avalar”.

Durante la tercera sesión en la que se analizó este trascendental asunto para la vida social del país, los ministros Salvador Aguirre, Margarita Luna, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo se pronunciaron contra la propuesta de invalidar la reforma, mientras que por la inconstitucionalidad se pronunciaron José Ramón Cossío, Sergio Valls, Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, Luis María Aguilar, Fernando Franco y Juan Silva Meza.

La ministra Sánchez Cordero advirtió sobre las consecuencias de avalar el artículo 7 de la Constitución de Baja California, al señalar que “restringe muchos otros derechos”. Explicó que como está redactada, “es una norma que puede impactar en todos los ámbitos de la vida de las personas, sobre todo tratándose de derechos reproductivos de la mujer y su derecho a decidir”. Entre esos efectos, señaló “causas reconocidas por la legislación como puede ser la violación, o como es un aborto terapéutico cuando está en peligro la vida de la madre o cuando, precisamente, viene una serie de malformaciones genéticas congénitas y la madre opta por abortar”. Añadió que se afecta, además, “su autodeterminación en materia de su sexualidad” por el uso de métodos anticonceptivos, y también afectaría los tratamientos de fertilización in Vitro.

En una acción de inconstitucionalidad, como es este caso, se requería de una mayoría de ocho votos de los integrantes de la SCJN para que la norma pueda ser declarada inconstitucional, pero sólo se obtuvieron siete votos, por lo que la acción se desestimó, lo que implica que no exista un precedente del Alto Tribunal en relación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 7 de la Constitución del Estado de Baja California. Ello trae, como consecuencia, que la norma subsista tal y como fue elaborada por el legislador de esa entidad. Los ministros justificaron su resolución, al señalar que se debatió la facultad de los Estados para legislar sobre temas que no están expresamente determinados por la Constitución Federal, así como si las reformas a la Constitución de Baja California se contraponía o no a la Constitución Federal, es decir, subrayaron, se trató de un análisis estrictamente constitucional.

REGRESION

No obstante, dirigentes y legisladores de oposición no lo consideran así. Para el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, con esta resolución, que contradice la que tomaron cuando se analizó el mismo asunto en el Distrito Federal, “como órgano colegiado, la Corte ha faltado a un deber con la nación”. Acusó que Felipe Calderón presionó a los ministros; reiteró que es “una grosera intromisión en las decisiones de la Corte”; y destacó que es una incongruencia de los ministros que votaron por esa opción.

En el Senado de la República, legisladores del PRI, PRD y PT lamentaron la decisión de la SCJN de no declarar inconstitucionales las reformas a una ley en Baja California que penaliza el aborto y condenaron el posicionamiento que asumió Felipe Calderón. El perredista Pablo Gómez y el priísta Pedro Joaquín Coldwell coincidieron en destacar que se violó el Estado laico. El quintanarroense puntualizó que “es una regresión que va a dar lugar a situaciones dramáticas en materia de salud y a criminalizar la pobreza”. Gómez recriminó que el Ejecutivo presione a la Suprema Corte y logre incidir en su votación. Alertó que ahora Calderón intentará echar abajo la reforma en el Distrito Federal a través de su propuesta, hecha esta semana, de quitar la reserva a la Carta de San José.

También, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reprobó el aval de la SCJN a la “ley antiaborto” y lamentó que no se haya logrado los ocho votos necesarios para garantizar la vigencia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México. A través de un comunicado, aseguró que “con la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009, la SCJN perdió una oportunidad histórica de proteger, de forma integral y definitiva, los derechos humanos de las mujeres en nuestro país”. La CDHDF manifestó su preocupación, al señalar que el posicionamiento de los ministros contra la inconstitucionalidad de la norma son “traducción de visiones morales y religiosas particulares en criterios para la actuación de los poderes públicos”, y que sean estas visiones las que limiten el goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en México. Consideró que la determinación de la Corte representa un grave retroceso para el Estado laico y democrático de derecho y subrayó que con esta decisión, “se violentará el ejercicio de los derechos humanos de más de la mitad de la población de este país”.
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