Acuerdo comercial antifalsificaciones
Rechazan senadores tratado negociado por Calderón que coartaría el acceso a Internet
Con el pretexto de combatir la piratería, potencias buscan controlar la red a escala mundial
Arturo García Hernández
La Jornada
Domingo 17 de julio de 2011
El martes pasado se realizó la última sesión del grupo plural de trabajo creado por el Senado para dar seguimiento al Acuerdo Comercial Antifalsificaciones (Acta, siglas en inglés de Anti-Counterfeiting Trade Agreement), que el gobierno de Felipe Calderón empezó a negociar con las principales potencias económicas del mundo y que se hizo público gracias a filtraciones de Wikileaks. Conforme a sus atribuciones legales y con base en el análisis realizado, el grupo de legisladores consensuó rechazar el acuerdo, instar al Ejecutivo a que no lo firme y dirigirle un extrañamiento por haber negociado sin informar al Congreso.
Las conclusiones se publicarán en la Gaceta del Senado en los próximos días y serán comunicadas al pleno de esa cámara y a la mesa directiva, para que a su vez informe al Ejecutivo federal. Se notificará a las bancadas para que el acuerdo no sea ratificado en caso de que el Ejecutivo lo firme. El Acta no podrá entrar en vigor sin la ratificación del Senado.
Así, en medio de una creciente oposición, entra a una nueva etapa el polémico documento, al que sus críticos ven como un proyecto de las grandes potencias –principalmente Estados Unidos y los países de la Unión Europea– para controlar Internet a escala mundial, criminalizar a los usuarios
y afectar los derechos humanos a la privacidad, a la libertad de expresión, a la información y a la certidumbre jurídica.
Consideran que Acta profundiza la brecha digital entre México y las naciones desarrolladas e inhibe el acceso a los bienes culturales que existen en la red, y advierten que pretende homologar legislaciones que responden a realidades sociales, económicas y culturales muy diferentes.
Los promotores y defensores del acuerdo –incluido el Ejecutivo federal– lo presentan, en cambio, como una herramienta indispensable para garantizar los derechos de autor y la propiedad intelectual en la era digital. Sostienen que en éstos radica la base del crecimiento económico, cultural y tecnológico
de las naciones.
Consideran que el Acta contribuiría a que el país ocupe un mejor lugar en la clasificación que hace el gobierno de Estados Unidos de las naciones que no protegen adecuadamente los derechos de autor y la propiedad intelectual, y declaran que no se contrapone con las leyes internas ni con otros convenios internacionales suscritos por México.
A principios de 2008, Felipe Calderón ordenó a representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría General de la República que se integraran a las reuniones para discutir el Acta convocadas por Estados Unidos, los 27 países de la Unión Europea, además de Canadá, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda.Según el director general del IMPI en ese momento, Jorge Amigo Castañeda, Calderón encontraba varias ventajas
en unirse al grupo, entre otras, que estando ya como parte de la negociación vamos a entender de primera mano cualquier posición, de cualquier país, pero también vamos a tener la oportunidad de poner las posiciones
nacionales. Además era motivo de orgullo para el Ejecutivo que México fuera el único país latinoamericano participante en las gestiones.
A pesar de sus buenas intenciones, Calderón incurrió en una omisión: no informó de la negociación del Acta al Senado, como debió hacerlo, según estipula el artículo 5 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.
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