Jenaro Villamil
El domingo 13 de febrero de 2011, el
presidente de MVS, Joaquín Vargas se reunió con Javier Lozano,
Secretario de Trabajo calderonista, y lo amenazó: “hemos encontrado que
tu proyecto de la 2.5 Ghz, tiene méritos propios, pero si recontratas a
la periodista (Carmen Aristegui), a tu proyecto se lo lleva la chingada y
te olvidas de este gobierno hasta su último día”.
Como esta revelación, muchas otras
expuso el empresario, quien encabeza el cuarto grupo de
telecomunicaciones en el país, para argumentar que la reciente decisión el gobierno de Felipe Calderón para “rescatar” las concesiones que posee MVS en la banda 2.5 Ghz, ideales para el servicio de banda ancha, constituyeron un “engaño” y resultado de las presiones de Televisa y de la animadversión presidencial hacia la línea editorial de los informativos de este grupo.
“El rescate de las frecuencias de MVS
combina dos hechos abominables”, advirtió Vargas en una extensa
conferencia de prensa. “Por un lado, la actuación sesgada de
funcionarios públicos –da igual si fueron movidos por la ambición, el
miedo o la complacencia negligente-, que han favorecido ilegítimamente
los intereses de Televisa, ya sea para aumentar sus activos o para
combatir a sus competidores; y, por el otro, la revancha ejecutada desde
el gobierno, por quienes matando dos pájaros de un tiro, obsequiaron la
petición de Televisa para que MVS saliera del mercado que la televisora
pretende avasallar y al mismo tiempo sancionar a quien decidió no
doblegarse ante la arbitrariedad de quienes intentaron acallar una voz
tan crítica como incómoda”, reflexionó Joaquín Vargas.
El empresario comenzó relatando que
apenas unos días antes de que se tomara la decisión de anunciar el
“rescate” de la banda 2.5 Ghz (donde MVS posee 190 Mhz, una buena parte
de ellos en litigio por la ausencia de refrendos), tanto el
subsecretario de Comunicaciones Olavarría, como el titular de la
dependencia, Dionisio Pérez Jácome habían avanzado en una negociación
donde aceptaban la propuesta de cederle al gobierno 70 Mhz si se
refrendaban los 120 Mhz restantes por 15 años, con una contraprestación
económica.
Incluso, hubo otra negociación
encabezada por la coordinadora de Comunicación Social de los Pinos,
Alejandra Sota. Vargas relató que el domingo 3 de junio, la funcionaria
“nos hizo saber a través de nuestros abogados que la resolución
favorable de la concentración de Televisa en Iusacell, ofrecía a MVS una
ventana de oportunidad para destrabar nuestro proyecto de la 2.5,
siempre y cuando MVS accediera a no impugnar ni jurídica ni
mediáticamente la resolución del gobierno”.
En otras palabras, los principales
funcionarios de la SCT y de Los Pinos cabildearon a favor de los
intereses de Televisa para que MVS no impugnara la fusión con Iusacell, autorizada por la Comisión Federal de Competencia, tres semanas antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio.
A pregunta expresa, Vargas reiteró que
proseguirán con los juicios interpuestos y con un nuevo recurso jurídico
para combatir la decisión adoptada el pasado 8 de agosto, así como para
impugnar la fusión de Televisa-Iusacell. Al mismo tiempo, advirtió que
“no descartamos” la posibilidad de demandar a los funcionarios del
gobierno de Felipe Calderón que los presionaron
“A MVS le bloquearon su autopista (de
red de banda ancha) y a Televisa le construyeron segundos pisos”, remató
Vargas después de enumerar todos los beneficios de la empresa de Emilio
Azcárraga Jean durante la administración calderonista.
A pregunta expresa, Vargas afirmó que
desde 2008, cuando MVS decidió competir en el mercado de televisión
restringida vía satelital a través de Grupo Dish, las presiones de
Televisa arreciaron en contra del grupo y también el gobierno federal
actuó para favorecer al consorcio mediático.
La Extorsión por el caso Aristegui
El episodio de la censura y la eventual
salida de Carmen Aristegui, conductora estelar del noticiero matutino de
MVS Radio, ocupó una buena parte de la explicación de Joaquín Vargas al
hacer un recuento de los desencuentros con los funcionarios del
gobierno calderonista.
El viernes 4 de febrero de 2011, Aristegui lanzó al aire una pregunta relacionada con
“un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón”.
Minutos después, recordó Vargas, recibió una llamada de Alejandra Sota
quien le exigió una disculpa pública por parte de la periodista.
En paralelo, ese mismo día Vargas tenía
una reunión con el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome para revisar
los asuntos relacionados con la banda 2.5 Ghz. El encuentro se
suspendió, pero antes Pérez Jácome le advirtió:
“Tengo instrucciones del señor
presidente, de no gestionar asunto alguno de MVS y en especial de la
banda 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa
pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo
del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se
llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se
disculpe, agendaremos de inmediato la reunión, inclusive si lo hace el
próximo lunes 7, a pesar de ser día ‘feriado’ yo con mucho gusto lo
recibo en esta secretaría”.
Aristegui no aceptó disculparse en
términos pedidos por los funcionarios del gobierno federal. De hecho, la
conductora de MVS Noticias no hizo un comentario sino lanzó una
pregunta al aire: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente
Felipe Calderón?”, poco después de informar sobre el despliegue de una
manta en la Cámara de Diputados donde el diputado del PT, Gerardo
Fernández Noroña, aludió al presunto problema etílico del primer
mandatario.
El 9 de febrero de 2011, Aristegui
señaló en conferencia de prensa en Casa Lamm que el Grupo MVS había sido
presionado por el gobierno federal. El gobierno federal, a través de un
comunicado, negó estas presiones indicando que “la política y la
práctica diaria de comunicación social de este gobierno no se mezclan ni
se confunden con la política pública en materia de telecomunicaciones”.
A pesar de ese desmentido, el domingo 13
de febrero, el propio Javier Lozano, a nombre de Felipe Calderón y de
“su señora esposa” chantajeó a Joaquín Vargas diciéndole que si
recontrataba a Aristegui “a tu proyecto se lo lleva la chingada”.
“El domingo 13 de febrero de 2011 a las
19:30 horas me amenazaron y el pasado jueves 8 de agosto a las 12 horas,
cumplieron su amenaza”, resumió Joaquín Vargas.
“Es público y notorio que la
administración de MVS no tiene injerencia en la línea editorial de la
periodista Carmen Aristegui. Los límites de su libertad se encuentran en
la ley, en el Código de Etica de MVS, y en los dictados del sentido
común cuando los alcances de la norma jurídica no logren proteger la
supervivencia del medio de comunicación en el que ella, accionistas y
trabajadores de la empresa nos desarrollamos”, indicó el empresario.
Decisión Política, no técnica ni financiera
En su extensa y detallada reconstrucción
del caso de la banda 2.5 Ghz, tanto Joaquín Vargas como su hermano
Ernesto Vargas insistieron que ni técnica ni financieramente esta banda
estaba “subutilizada”, que había posibilidades de formar un consorcio
privado que actuara como carrier de carriers y que estaban dispuestos a un pago de contraprestación similar al de otras licitaciones en banda ancha, a nivel internacional.
Sin embargo, el gobierno federal decidió
retrasar la decisión, “jugar al engaño” de una negociación y finalmente
adoptar una decisión que es comparable a la expropiación del sector
petrolero que realizó recientemente la presidenta argentina Cristina
Fernández, decisión criticada por la propia administración calderonista.
“Si el gobierno federal no desiste de su
decisión de rescatar la banda de 2.5Ghz, y ratifica el atropello, atará
de manos al gobierno que tomará posesión el próximo 1 de diciembre, al
restringirle su libertad para definir la política pública de
telecomunicaciones aplicable a la banda de frecuencias citada. Esta
resolución heredará al nuevo gobierno, un problema jurídico que no se
justifica bajo ningún aspecto”, reflexionó Vargas.
Ernesto Vargas indicó que el conflicto
puede prolongarse durante 5 años, periodo en el que ni el próximo
gobierno ni otros grupos de telecomunicaciones podrán utilizar esta
banda.
“Lo único que van a heredar a la próxima
administración son litigios y a los usuarios les van a dar un servicio
lento, caro de banda ancha, como el de ahora”, indicó el empresario.
Para el próximo sexenio, “vamos a
promover de manera muy intensa la reforma a los medios de comunicación,
para que no tengan hincado y con la espada de Damocles a ningún otro
grupo”, advirtió Joaquín Vargas.
Señalaron que no participarán en la
licitación de la tercera cadena de televisión, anunciada por la CFC como
una condición para aceptar la fusión de Televisa y Iusacell.
En clara referencia a la demanda del
movimiento #YoSoy132 que ha exigido la democratización de los medios de
comunicación, Vargas ironizó: “justo cuando exigen democratizar la
televisión, el gobierno de Calderón reforzó la concentración”.
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