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La Jornada

Guerrero: negligencia y responsabilidad

El arribo simultáneo de los meteoros Manuel e Ingrid al territorio nacional ha arrojado en pocas horas un daño particularmente severo y de alcance nacional. A la afectación de más de millón y medio de personas por las lluvias registradas en 19 entidades del país se suma la pérdida irreparable más de medio centenar de vidas humanas a consecuencia de inundaciones y deslaves, con saldos todavía incuantificables. Particularmente desastrosa ha sido la devastación ocurrida en Acapulco, Guerrero, y en sus localidades conurbadas, donde el paso del primero de esos meteoros ha derivado hasta ahora en una treintena de muertes y provocó la suspensión del suministro eléctrico y telefónico, además de la incomunicación aérea y por carretera durante varias horas.

Como sucede cada vez que se producen estos fenómenos meteorológicos, el paso de Manuel e Ingrid sacó a relucir las inequidades estructurales, las desviaciones institucionales y la generalizada falta de voluntad y de capacidad de las autoridades para la prevención. En el caso concreto de Acapulco, esos elementos se ven reflejados en la falta de planeación que ha acompañado al crecimiento desmedido de ese destino turístico, y al consecuente surgimiento de una aglomeración urbana cuyos eslabones sociales más desfavorecidos se encuentran en situación de riesgo permanente. Cabe señalar, al respecto, que las afectaciones sufridas por los miles de turistas varados en ese balneario, sin dejar de ser graves, son de índole coyuntural; en cambio, las pérdidas patrimoniales y humanas de los habitantes de las colonias populares y los poblados vecinos seguirán sintiéndose por mucho tiempo más, aunque dejen de figurar en la atención pública.

En dicha perspectiva, situaciones como la que enfrenta Acapulco ponen al descubierto acciones humanas e ineptitudes, imprevisiones, historias de lucros desmedidos y actos de corrupción. Los fenómenos naturales son, por definición, inevitables; pero sus consecuencias desastrosas están estrechamente relacionadas con un orden social que coloca a los sectores más pobres de la población en terrenos con riesgo de deslave o inundación, en las zonas sísmicas y en las rutas de los ciclones, sin contar con edificaciones capaces de resistir el embate de los fenómenos geológicos y meteorológicos.

El punto de contraste de esta inoperancia institucional para prever las afectaciones de los huracanes mencionados es la capacidad de respuesta y el esfuerzo humano de que han dado muestra las cuadrillas de trabajadores de distintos sectores –electricistas, telefonistas, camineros, trabajadores de la construcción y del ramo de los servicios, entre otros– que operan en las zonas afectadas. A sólo unas horas del paso de Manuel en Acapulco, y a pesar de las condiciones adversas y el caos que imperaron en ese destino, esos trabajadores lograron restablecer casi la totalidad de la red eléctrica y de los servicios de telefonía fija y móvil; un avance significativo, aunque todavía insuficiente, se ha registrado también en las tareas de rehabilitación de los caminos afectados por deslaves.

Es significativo que ese sector de la población, a cuya labor se debe que el país se mantenga a flote incluso en situaciones de emergencia nacional como la actual, sean recurrentemente colocados en la condición de víctimas por el modelo económico vigente, ya sea mediante afectaciones a sus derechos laborales –como las consumadas con la pasada reforma a la Ley Federal del Trabajo–, la pérdida de puestos de trabajo y las campañas de linchamiento en contra los sectores que se movilizan para protestar por tales circunstancias.

Sería pertinente y deseable que las autoridades ponderaran el valor que tienen los grupos involucrados en las labores de recuperación de las zonas siniestradas, en el entendido de que sin ellos los gobiernos de todos los niveles se verían rebasados y las consecuencias desastrosas vinculadas con los fenómenos naturales se multiplicarían.

Por lo demás, y con independencia de los avances realizados, la contingencia inmediata demanda una solidaria respuesta de la ciudadanía para auxiliar a los damnificados por Ingrid y Manuel, así como un esfuerzo gubernamental para garantizar que dicha ayuda fluya en forma eficiente y llegue efectivamente a quienes la necesitan.