Genaro recurió a toda clase de artimañas

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Proceso
Caso Cassez Amenazas y presiones a la Suprema Corte

El gobierno de Felipe Calderón terminó por convertir el caso Cassez en emblema de su propia impunidad y la de su secretario consentido, Genaro García Luna. Recurrió a toda clase de artimañas e incluso a presiones y amenazas contra algunos integrantes del Poder Judicial, en especial algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, que se mostraban proclives a otorgarle el amparo –y por ende la libertad– a la francesa. Un nuevo proyecto, a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero será puesto a consideración de la Primera Sala el miércoles 23.
Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF (Apro).- Ningún otro caso tensó tanto la relación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el gobierno de Felipe Calderón, al extremo de que más de un ministro de la Primera Sala fue presionado y amenazado para evitar que la ciudadana francesa Florence Cassez saliera de prisión.

La fuerza del gobierno calderonista se dirigió contra el principal promotor de la liberación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pero según versiones de la propia Corte alcanzó a otros ministros que no lo han querido confirmar.

Zaldívar sí lo ha hecho en algunas reuniones con la prensa, pero sin entrar en detalles de los ex funcionarios o enviados que lo presionaron ni del tipo de advertencias o amenazas de que fue objeto, aunque Proceso confirmó en el propio Poder Judicial que éstas alcanzaban a su familia.

No fue la primera acción de fuerza de Calderón contra Zaldívar. En junio de 2010 el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, lo buscó para que cambiara su proyecto de resolución en el caso del incendio de la guardería ABC, que buscaba ampliar las responsabilidades a funcionarios federales. "Para eso no te pusimos", le dijo el entonces secretario, en referencia a la propuesta de Calderón para que Zaldívar llegara a la SCJN meses antes. La versión ha sido confirmada por el propio ministro.

OTRO AMBIENTE

En marzo de 2012, cuando el caso de Florence Cassez se discutió por primera vez en la corte, Zaldívar era el presidente de la Primera Sala. Pero era también el ponente en la revisión del amparo 517/2011, con el que la francesa combate su condena a 60 años de cárcel, acusada por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, del secuestro de tres personas.

Dos semanas antes de la discusión, cuando Zaldívar decidió hacer pública su propuesta de dar un amparo "liso y llano" –que implicaba la liberación inmediata de la francesa–, el gobierno de Calderón presionó por distintos medios para que modificara su propuesta. Lo mismo hizo con otros ministros para que no apoyaran la excarcelación.

Ahora el ambiente es otro, dice el abogado de Cassez, Agustín Acosta. El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha litigado el asunto en el máximo tribunal, ante los ministros de la Sala ni con el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, como lo hizo Calderón.

Pero existe incertidumbre sobre la forma en que la Primera Sala resolverá el amparo, el próximo miércoles 23. En su sesión de marzo pasado, cuatro de los cinco ministros que integran la sala establecieron que García Luna, el secretario favorito de Calderón, cometió violaciones constitucionales en la detención de Cassez, lo que podría tener consecuencias legales para el exfuncionario, como las sugirió el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

CRITERIOS DEL AMPARO

En la SCJN están a revisión las pruebas que armó García Luna y que en el sexenio de Calderón fueron avaladas por la Procuraduría General de la República, un juez de Distrito, un magistrado unitario y tres magistrados de un tribunal colegiado, quienes desestimaron tanto el montaje televisivo sobre la detención de Cassez como su exculpación hecha por el exnovio y señalado como el jefe de la banda de secuestradores Los Zodiaco, Israel Vallarta.

Lo que ha hecho la ministra Olga Sánchez Cordero, quien el próximo miércoles será la ponente de la resolución del caso, es reconsiderar las pruebas presentadas por García Luna, quien detuvo a Cassez en diciembre de 2005, cuando era director de la Agencia Federal de Investigación en el gobierno de Vicente Fox, pero la retuvo un día, evitó dar aviso al consulado francés y la declaró sin abogado, en violación no sólo de la Constitución sino de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

En sintonía con la propuesta del ministro José Ramón Cossío, la ministra podría regresar "un cascarón" de pruebas al Primer Tribunal Unitario del Distrito Federal, según allegados a esa ponencia. En la sesión del 21 de marzo de 2012 Cossío propuso revisar la solicitud de amparo pero sin dos de los testimonios clave de García Luna por considerar que carecen de veracidad, los de Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian.

Además de esas dos pruebas propuestas por Cossío para desecharse, que corresponden a las declaraciones de dos de los supuestos secuestrados de Cassez, la ministra debió considerar el parte policial sobre la detención de la ciudadana francesa y el testimonio del tercero de sus presuntos secuestrados, Ezequiel Yadir Elizalde Flores, quien desde un principio la ha inculpado, pero cuyo plagio, de acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, fue planeado por su propia madre para sacarle dinero al papá.

De los cuatro ministros que responsabilizaron a García Luna de violar la Constitución, tres favorecieron darle el amparo a Cassez, pero no se pusieron de acuerdo en para qué. Dos de ellos, el entonces ministro ponente Arturo Zaldívar y la propia Sánchez Cordero, apoyaron un amparo "liso y llano" tanto por las violaciones constitucionales en su detención como en el procedimiento, lo que hubiera implicado su liberación inmediata.

El ministro Cossío Díaz también favoreció el amparo, pero "para efectos"; es decir, para regresar el expediente al Primer Tribunal Unitario sin las pruebas que la propia corte considere carentes de valor. Esa división de criterios, que se enmarca en la confrontación que existe entre los ministros Cossío y Zaldívar, tendrá que resolverse en la sesión del miércoles 23, a menos de que se decida que el caso pase al pleno de la Corte o incluso se proponga un nuevo proyecto pero a cargo de un ministro de la Segunda Sala.

EL DISCURSO DE LA IMPUNIDAD 
sigue leyendo