Pretenden vincular a dos reporteros asesinados en Veracruz con el crimen organizado
Jenaro Villamil
Temporada en el infierno para el periodismo de Veracruz. A cuatro días del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso
en esa entidad, la Procuraduría de General de Justicia del Estado
confirmó el hallazgo de los cuerpos asesinados de Gabriel Huge Córdova y
Guillermo Luna Varela, fotorreporteros de la agencia VeracruzNews y que
trabajaron antes para Yolanda Ordaz de la Cruz, periodista de Notiver, asesinada en julio de 2011.
Los cuerpos de Huge Córdova y Luna Varela se encontraron en bolsas en
el canal de La Zamora, atrás de una planta en el canal de tratamiento
de aguas negras, en la colonia Las Vegas 2, en Boca del Río, Veracruz.
La procuraduría estatal “presume” que los autores de estos dos nuevos
crímenes puede ser el crimen organizado. También se encontraron otros
dos cuerpos sin identificar, uno de ellos, al parecer, de una mujer.
Córdova y Luna Varela trabajaron para Yolanda Ordaz de la Cruz,
asesinada en julio de 2011. Su crimen despertó una ola de protestas en
contra del entonces procurador estatal, Reynaldo Escobar Pérez, actual
candidato a diputado federal del PRI.
Escobar Pérez ligó el crimen de Ordaz de la Cruz con el crimen
organizado y no con su ejercicio periodístico. Las primeras
investigaciones, dijo en conferencia de prensa el 26 de julio de 2011,
apuntan que el crimen “fue realizado por miembros de la delincuencia
organizada, y esta línea se desahogará hasta sus últimas consecuencias”.
La nota redactada por Regina Martínez, para Agencia Proceso, en esa
fecha, advierte que Escobar Pérez aseguró que el asesinato de Yolanda
Ordaz “nada tiene que ver con el ejercicio de la función periodística”. Esto generó una serie de críticas y protestas contra el ex procurador
que dejó una estela de violencia a su salida de la procuraduría.
Con el hallazgo de los cuerpos de los fotorreporteros –quienes habían
desaparecido desde el miércoles al mediodía- suman ya 7 los crímenes
contra periodistas en el gobierno del priista Javier Duarte, quien
asumió el poder en 2010. Ninguno de los casos ha sido resuelto.
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