A última hora
Pedro Miguel
De último minuto, entre
las cajas de cartón y los rollos de cinta canela de la mudanza próxima,
el régimen de Felipe Calderón casi reprocha al país que no se fije en
él, así sea para hacerle una manifestación de protesta, y lanza una
cacería de gente importante. Un general divisionario y un ex gobernador
priísta son las piezas más prominentes de esta cacería de última hora,
una cosecha de sospechosos que buscaría coronar la siembra de balas,
cadáveres y combates por medio territorio nacional. Se trata de un
ahora sícasi póstumo después de un sexenio de exterminio de peces muy menores y de una procuración facciosa para sacar fotos de peces medianos tras unas rejas endebles y sumamente provisionales, es decir, escenográficas. Y no se trata únicamente del infame michoacanazo ni de la faramalla contra Hank Rhon, sino de decenas de miles de
presentados–la mayoría– que ni siquiera tuvieron que esperar una sentencia absolutoria.
Sería reconfortante la certeza de que este celo de invierno sexenal es el último estertor de
la estrategia, fallida si es que partió de la buena fe, o muy perversa, si surgió de otra clase de cálculo: a fin de cuentas, la delincuencia aquí sigue, más violenta que nunca, más poderosa, omnipotente, insolente y enraizada que hace seis años. Pero faltan cinco semanas de aquí a la elección presidencial, y después de ella el calderonato tendrá un margen de cinco meses para superarse a sí mismo: dos trayectos delicados que reclaman una conducción del Estado responsable y serena que no puede esperarse de Felipe Calderón y de sus colaboradores.
Por el contrario, los exhortos tardíos a respaldar una guerra
perdida (o ganada en un sentido equívoco); los desplantes de autoridad y
determinación al cuarto para las doce; el refrendo de propósitos
legalistas mendaces (porque en esta administración el Ejecutivo federal
se ha convertido en un violador contumaz de la legalidad) y los intentos
de proyección transexenal de la política en curso en materia de
seguridad, aparecen como factores de desestabilización, como provocación
innecesaria y como un exabrupto nacional, ante una ciudadanía que
prefiere concentrarse en las miserias y en las promesas del proceso
electoral, en la necesidad de garantizar procedimientos democráticos en
el plazo inmediato, en analizar las propuestas de las fuerzas políticas
con registro para remontar la catástrofe heredada por el calderonato y
en evitar que la pasión política creciente rompa –por la vía de la
exasperación, de la provocación o de ambas– los cauces de la
movilización pacífica.
Ciertamente, la ley debe estar vigente 24 horas y 365 días del año y la administración pública tiene la obligación de aplicarla desde que empieza hasta que termina, pero eso es justamente lo que no ha hecho la actual. En esa circunstancia, los súbitos mandobles de Calderón incrementan su descrédito, ahondan su falta de legitimidad y parecen intentos de entablar una negociación a golpes (de efecto), sabrá Dios con quién, orientada a pactar impunidades, protección y retención de cuotas. Para su desgracia, el país está, por ahora, en otra cosa.
Ciertamente, la ley debe estar vigente 24 horas y 365 días del año y la administración pública tiene la obligación de aplicarla desde que empieza hasta que termina, pero eso es justamente lo que no ha hecho la actual. En esa circunstancia, los súbitos mandobles de Calderón incrementan su descrédito, ahondan su falta de legitimidad y parecen intentos de entablar una negociación a golpes (de efecto), sabrá Dios con quién, orientada a pactar impunidades, protección y retención de cuotas. Para su desgracia, el país está, por ahora, en otra cosa.
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