Paramilitares en México
Ricardo Monreal Avila
El gobierno mexicano niega que existan grupos paramilitares en el país. Sin embargo, las huellas de su actuación afloran por todo el territorio. La principal son los 50 mil muertos que ha dejado la llamada “lucha contra la delincuencia organizada”, así como la promoción que estos mismos comandos de la muerte hacen a través de blogs y videos subidos a YouTube, como el reciente “Mata Zetas”, que se atribuye la ejecución de 35 presuntos integrantes de este cartel en el puerto de Veracruz.
La resistencia del gobierno mexicano a reconocer lo evidente responde a varios factores. El principal es que el término “paramilitares” se asocia de inmediato con grupos de fuerzas oficiales que actuarían de manera clandestina o encubierta para exterminar a grupos que representan una amenaza para el gobierno en turno. Este es el concepto tradicional de “paramilitarismo” que privó en la segunda mitad del siglo pasado, sobre todo en América Latina, y que estuvo fuertemente asociado con el establecimiento de dictaduras militares. En México, las guardias blancas, el batallón Olimpia o los “halcones” son ejemplos bien conocidos.
Hoy el término se utiliza por igual para designar a grupos de exterminio, protección o defensa, que actúan con tácticas, capacitación, logística y armas reservadas a los ejércitos, sin importar si su origen es privado o público. Son auténticos ejércitos encubiertos, que actúan de manera paralela a los ejércitos formalmente reconocidos, y por ello su nombre: “paramilitares”. Se capacitan como militares, visten como militares, se arman como militares, se enfrentan a los auténticos militares, pero no son un ejército formalmente constituido.
“Paramilitar o paramilitarismo, se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura y disciplina similar a la de un ejército, pero no forma parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Las organizaciones paramilitares, pueden o no, servir a los intereses del Estado y generalmente están fuera de la ley. Dentro de sus miembros pueden estar fuerzas policiales, mercenarios, integrantes de escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados. Estos grupos generalmente tienen un carácter de tropa irregular por lo que combaten sin obedecer las convenciones nacionales e internacionales para el ejercicio de la guerra, lo cual le permite excesos de violencia que serían inadmisibles en las fuerzas del Estado”. (Wikipedia).
El gobierno mexicano se niega a validar esta realidad por varios motivos. El más importante es que al reconocer la existencia formal de estos ejércitos privados pondría en cuestionamiento la legitimidad del Ejército formalmente constituido. Un ejército privado paralelo es una amenaza para la población civil, pero sobre todo es un desafío para el Ejército oficialmente reconocido. La segunda razón es que el reconocimiento de grupos paramilitares implica en automático que el “monopolio legítimo de la violencia” que caracteriza al Estado constitucional moderno estaría siendo compartido con un grupo no estatal, particular, siendo la expresión más evidente de un Estado Fallido; es decir, de un Estado que tiene fuera de control a su territorio y debe compartir el ejercicio de gobierno con un poder de facto armado. El tercer factor de resistencia del gobierno mexicano a la existencia de grupos paramilitares es que al reconocerlos les estaría dando un nivel de beligerancia que, en automático, obligaría al Estado mexicano a un tratamiento especial, conforme a los tratados y convenciones internacionales correspondientes. Por ejemplo, estaría obligado a aceptar códigos de guerra, protocolos de negociación y mediaciones internacionales que terminarían por maniatar al gobierno mexicano. El cuarto elemento es que el reconocimiento explícito del paramilitarismo sería la aceptación implícita de que el combate contra la delincuencia lo está perdiendo el gobierno; que lejos de reducir o contener a la delincuencia, ésta se ha extendido y fortalecido. Si en este momento el gobierno ya está contra la pared, con el reconocimiento formal del paramilitarismo terminaría estando de rodillas ante los ojos de propios y extraños.
Y sin embargo se mueven; es decir, el paramilitarismo en México sí existe. El investigador del ITAM y asesor de la ONU para este tema, Edgardo Buscaglia, identifica la existencia de 167 grupos paramilitares. Contrario a lo expresado por el gobierno federal, de que la matanza de 35 personas en Boca del Río no fue obra de un grupo paramilitar, sino de una disputa entre delincuentes, el investigador manifestó que los paramilitares en el país ya no son una novedad, pues hay organizaciones como Los Zetas, Los Pelones, El Comando Negro y La Policía del Calendario, que actúan bajo esta dinámica.
El vacío de poder que priva en México, la simulación electoral, el financiamiento de las campañas políticas por el narcotráfico y la acelerada pérdida de los controles territoriales por parte del Estado son “el caldo de cultivo más eficaz para la proliferación de los grupos paramilitares en el país”, plantea Edgardo Buscaglia, asesor de las Naciones Unidas, director del Centro de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Virginia y profesor de derecho internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), indica el texto que se puede leer completo en la más reciente edición de la revista Proceso.
“A Buscaglia no le sorprende la aparición del grupo paramilitar audotenominado Los Matazetas, que irrumpió en el escenario nacional tras la matanza de 35 presuntos integrantes del cártel de Los Zetas en el puerto de Veracruz, pues afirma que aunque el gobierno federal niegue la presencia de paramilitares en México, este fenómeno existe desde hace mucho tiempo”.
Una muestra más de la existencia de estos grupos la dio el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien desde su toma de posesión presumió la actuación de “grupos rudos de limpieza” en este municipio, como parte de su programa de seguridad pública. Después resultó que dichos grupos se integraban con sicarios del extinto capo del narcotráfico Héctor Beltrán Leyva, quien llegó a sentar sus reales en la zona metropolitana de Monterrey.
El paramilitarismo, oficial o privado, es la última expresión de un Estado fallido o enfermo. No sólo arrebatan al Estado el monopolio de la violencia legítima (la fuerza armada), sino que le arrancan pedazos de territorio, atribuciones fiscales (el derecho de piso) y facultades en materia de seguridad y procuración de justicia. Después de terminar con el Estado, estos grupos se lanzan contra la sociedad. Después del paramilitarismo llega el horror del abismo. Y todo indica que para allá vamos.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala
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