La reelección y los ciudadanos
Uuc-kib Espadas Ancona.
La reelección legislativa consecutiva en México no aportaría nada al control de los electores sobre diputados y senadores. Por el contrario, favorecería la consolidación de cúpulas de poder aún más cerradas de las que hoy existen, pronunciando las restricciones a la participación ciudadana en el quehacer público. Desplazaría el actual peso político de los partidos hacia grupos muy reducidos al interior de los mismos y sobre todo hacia las élites económicas más poderosas del país, pero no hacia la sociedad en conjunto.
Esto no sería una particularidad de México, que se pueda atribuir a la falta de desarrollo democrático o cosas semejantes. Es una característica común de los países con sistemas de reelección basados en distritos uninominales, entre los que destacan los Estados Unidos.
En el modelo norteamericano, usado expresamente como ejemplo a seguir por notables reeleccionistas, los congresistas responden fundamentalmente a los intereses de los grupos económicos que los financian, y no a los de los ciudadanos que en teoría representan. Además, invierten la mayor parte del tiempo en obtener fondos para su reelección y no en tareas legislativas. Éstos son hechos ampliamente reconocido en la política, el periodismo y la academia de aquella nación. La reelección tendría el mismo efecto en nuestro país.
El argumento de que en México los legisladores se comportan arbitrariamente porque al no haber reelección no temen a la sanción ciudadana es falso. Como regla general, casi universal, los diputados y senadores sí obedecen a los lineamientos políticos de sus partidos, mismos que, realmente, son premiados o castigados por la ciudadanía cada tres años.
No puede ni debe ser de otra manera. La enorme diversidad de intereses y criterios existentes en la sociedad se traduce en expresiones colectivas de los mismos, llámense partidos, movimientos ciudadanos o corrientes de opinión. Su confrontación civilizada en los congresos es la única manera de producir políticas publicas, con un sentido u otro, bajo el criterio democrático básico de la formación de mayorías.
Es precisamente la valoración de esos actos, que el ciudadano tiene a la vista, lo que le permite – y esto en efecto ocurre en México- premiar o castigar a las distintas opciones electorales. Pretender que hoy no existe un mecanismo funcional a través del cual la sociedad estimula o sanciona a los actores políticos es llanamente no compadecerse de la realidad.
Lo que la reelección sí premiaría sería, no ya el trabajo legislativo de un representante, sino otras de sus habilidades políticas, particularmente el ejercicio sistemático de prácticas clientelares. Éstas, que son muy aplaudidas en México, en otras geografías constituyen el delito de tráfico de influencias.
Pero sobre todo, la reelección haría depender la carrera legislativa de cada congresista de su capacidad para obtener dinero y promover su imagen, sometiéndolo inapelablemente a la voluntad de las élites económicas, y muy especialmente al beneplácito de las dos mayores cadenas de televisión. Los actos políticos de diputados y senadores estarían, en consecuencia, sujetos precisamente a estos intereses particulares, y no a los de los ciudadanos que votan por una u otra opción electoral.
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