Escrutinio
Por Juan José Morales
El asesinato como política de Estado
Mucho ruido ha hecho en estos días el gobierno de Obama por la supuesta conjura organizada por el gobierno de Irán para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, la cual se dice fue descubierta con ayuda del gobierno de Calderón e incluía la contratación de narcos mexicanos para consumar el atentado.
Desde luego, todo huele a un pretexto más para iniciar una guerra, como el llamado incidente del Golfo de Tonkín —ataque, que nunca ocurrió, de una lancha vietnamita a un acorazado norteamericano— o las inexistentes armas de destrucción en masa de Saddam Hussein. Pero, como reza el dicho popular, este es un caso de ver la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga en el propio. Porque si algún gobierno ha recurrido a la práctica del asesinato de adversarios políticos en el extranjero es precisamente el de Estados Unidos. Ahí están como ejemplo los repetidos aunque sistemáticamente fracasados intentos de matar a Fidel Castro, que sumaban ya 638 en 2007, cuando el líder cubano se retiró de la dirección del gobierno.
Un caso muy reciente es el del asesinato de Anwar al-Awlaki, a quien la CIA dio muerte en Yemen el pasado 30 de septiembre con un cohete disparado por un avión manejado a control remoto, después de una verdadera cacería humana que se prolongó por más de dos años.
Anwar al-Awlaki, un clérigo musulmán extremista, era ciudadano norteamericano, nacido en Estados Unidos. Se le acusaba de estar ligado a Al Qaeda y de pregonar la guerra santa contra el gobierno de su propio país, pero —aunque hacía prédicas incendiarias en ese sentido— nunca se le enjuició por eso ni por ninguna otra causa; mucho menos se le sentenció a muerte. Sin embargo, el gobierno de Obama ordenó ejecutarlo. Y con él murieron en el ataque varias personas más, incluso Samir Khan otro ciudadano norteamericano, aunque nacido en Pakistán, editor de una revista musulmana.
Debe reconocerse, sin embargo —como señala el diario The New York Times—, que el gobierno norteamericano hizo un gran esfuerzo no sólo para localizar a su víctima y matarla, sino también para tratar de justificar legalmente un acto que a primera vista viola leyes y normas del propio gobierno norteamericano, como una orden presidencial que prohíbe a las dependencias del gobierno federal cometer asesinatos, las leyes federales contra el homicidio en general, y los derechos individuales consagrados en la Constitución norteamericana que garantizan a las personas el derecho a un juicio y a tener un abogado defensor, y las protege contra castigos crueles y excesivos.
No vamos a entrar en detalle sobre los argumentos que manejó el gobierno de Obama en el sentido de que el asesinato de este clérigo no constituía un crimen ni violaba las leyes, sino que era un acto de guerra plenamente justificado. El documento secreto elaborado para tal fin por los asesores de Obama en el Departamento de Justicia contiene 50 páginas. Pero como ejemplos de las justificaciones empleadas, puede señalarse la afirmación de que la ley que prohíbe a los norteamericanos matar a otros norteamericanos en el extranjero, no era aplicable en este caso porque Anwar era un “enemigo”, y de acuerdo con las leyes de la guerra está permitido liquidar a un enemigo. En cuanto a que quien lo matara usando como arma los cohetes del avión no tripulado no fuera un soldado sino un agente civil de la CIA, en todo caso quien está obligado a capturar y juzgar por homicidio a ese agente es el gobierno de Yemen, y si no quiere o no puede hacerlo, ni modo.
De modo, pues, que de si de conjuras para asesinar se trata...
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