La Corte: protectora de pederastas
Ricardo Rocha
Yo aún no salgo de mi asombro por el fallo de la Corte en el caso del hijo de Leticia Valdez: una violación masiva de los derechos fundamentales de 18 mil niños que –para vergüenza de este país– son abusados sexualmente cada año. Una vía de impunidad para los pederastas.
El fallo es también una aberración jurídica. Y es que la resolución que el pleno de la Corte dio al amparo solicitado por la maestra Magdalena García Soto, acusada de violación equiparada a un menor de edad en el Instituto San Felipe de Oaxaca, viola no sólo leyes internas sino los tratados internacionales que México ha firmado en esta materia. A ver: el numeral 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece claramente: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, la consideración primordial a que se atenderá será El Interés Superior del Niño”.
A ello se atuvieron los únicos tres ministros que salvaron parcialmente la imagen de la Corte: la ministra Olga Sánchez Cordero, quien fue la ponente del caso, y los ministros Arturo Zaldívar y el presidente Juan Silva Meza, quien puntualizó que “…en México el testimonio de menores víctimas de delitos debe tener un peso fundamental y no puede descalificarse sus dichos sólo por su edad… no podemos descalificar el testimonio infantil porque el niño haya variado detalles de una declaración a otra, ya que no se le puede pedir eso a un niño de 4 años”.
Todo lo contrario expresaron –hasta rabiosos– los ministros Fernando Franco, Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Ramón Cossío y Salvador Aguirre Anguiano, quien sintetizó: “Yo sostengo que la declaración del menor por sí misma carece de valor probatorio”. En cambio favorecieron la presunción de inocencia de la maestra que ya había sido hallada culpable por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca hace 4 años.
Pero mi mayor estupefacción es por la persecución perruna a que ha sido sometida la denunciante y madre del menor, Leticia Valdez Martell. Durante estos años varios medios le han brindado grandes espacios a sus demandados, mientras sus responsables reconocen sin recato no haberla visto nunca a la cara y se refieren a ella como “esa señora” .
Aunque lo más terrible es que en las semanas recientes, primero subrepticiamente en la Corte y luego a la luz pública, apareció misteriosamente un expediente de la clínica Oceánica para desacreditar a Leticia Valdez por problemas temporales de conducta de hace 11 y 22 años cuando era adolescente. Como no pudieron con la contundencia del presente, se pusieron a hurgar en su pasado atacándola con saña inaudita. Lo que confirma los intereses políticos y económicos tan poderosos que ha denunciado Leticia, capaces de obtener documentos que se supone ultraconfidenciales y filtrarlos a los ministros y medios afines. Así de dispareja ha sido esta batalla de una mujer contra los que causal y no casualmente son los mismos abogados del ex gobernador Ulises Ruiz. Quienes han defendido con todas las artimañas posibles al profesor Alan Salvador Pérez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de Yolanda León, quien funge como dueña del Instituto San Felipe, y quienes en vez de enfrentar la ley están prófugos acusados de violar al hijo de Leticia.
He seguido el caso todo este tiempo. He estado en Oaxaca. He hablado con Leticia Valdez, con su familia, con sus amigos… y con su hijo. Al que, estoy convencido, se le infringió un grave daño. A él y a todos los niños de este país.
P.D. Juro que si me hubieran advertido de lo que eran capaces habría apostado lo que sea a que no sería posible. Y es que no acabo de aceptar la cantaleta de mi cuate el filósofo Blades: “la vida te da sorpresas…”.
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