Hay carencias en autonomía del Poder Judicial en México: ONU
Informe de la relatora especial sobre la independencia de jueces y magistrados señala que ésta se ve afectada por falta de transparencia e influencia impropia de los sectores público y privado. Recomienda mejorar rendición de cuentas.
Afp
30/05/2011
Ginebra. La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados denunció carencias en la autonomía del poder judicial en México, al presentar este lunes un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
"La independencia judicial se ve afectada por la falta de transparencia, un factor que genera impunidad por la ineficacia y corrupción, así como por la interferencia e influencia impropia de los sectores público y privado", señala el informe de la Relatora Gabriela Karina Knaul de Albuquerque y Silva, que visitó México en octubre de 2010.
"La independencia, autonomía e imparcialidad" de los órganos judiciales "se ven cuestionadas por la participación (...) del Estado en el nombramiento de los magistrados estatales", afirmó Knaul de Albuquerque, quien visitó los Estados de Chiapas, Toluca, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán.
La relatora recomendó que se garantice "la inmovilidad de los magistrados, juezas y jueces, una vez que han entrado en la carrera judicial".
"El hecho que el Ministerio Público dependa del Poder Ejecutivo puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva", advirtió Knaul de Albuquerque y Silva, una experta independiente originaria de Brasil.
"Para garantizar un control efectivo de las acciones de las Procuradurías, resulta necesario fortalecer su transparencia y mejorar el sistema de rendición de cuentas, incluso a través de órganos de control interno", estimó la relatora, quien abogó por una "reforma constitucional en materia penal" que cambie "la mentalidad de todos los operadores de justicia" en México.
Al respecto precisó que "deben perfeccionarse los mecanismos de supervisión interna para garantizar la rendición de cuentas de todos los órganos del sistema de justicia penal (policía, agentes del ministerio público, magistratura, defensoría pública y agentes judiciales)".
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