Más intervención yanqui en México

¡¡Exijamos lo Imposible!!

El agente

Luis Javier Garrido

La muerte del agente de Estados Unidos Jaime Zapata el 15 de febrero de 2011 en la carretera federal 57, en el estado de San Luis Potosí –el primer agente de ese país asesinado desde 1982, cuando fue ejecutado Enrique Kiki Camarena de la DEA–, constituye un hecho de extraordinaria gravedad que ha abierto una nueva fase de la escalada de intervención de Estados Unidos en México, solicitada y auspiciada por el gobierno entreguista de Felipe Calderón Hinojosa, y que hasta ahora ha contado con la complicidad de la clase política mexicana en su conjunto.

1. El homicidio de Zapata, miembro de la Oficina de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE), quien según informó Washington llevaba a cabo con otros miembros de su corporación tareas de investigación en territorio mexicano, puso una vez más en evidencia que el gobierno espurio panista está pisoteando la Constitución y las leyes mexicanas con la presunción de que la Casa Blanca ayudará al PAN a mantenerse en el poder en 2012.

2. La muerte previsible del estadunidense crea nuevas suposiciones sobre la responsabilidad en su homicidio de ambos gobiernos, pues aun cuando Zapata no hubiese sido ejecutado para justificar con su muerte un mayor intervencionismo, quienes lo pusieron en esa situación de altísimo riesgo son corresponsables de lo acontecido. Del lado de Estados Unidos, los funcionarios que a un agente suyo de origen mexicano lo hicieron actuar en México en un contexto de ilicitud y de anticonstitucionalidad, ocultando su identidad e infiltrándose en organizaciones criminales rivales, moviéndose como un involucrado más en esas redes, lo situaron en un escenario comprometedor. Del lado de México, quienes toleran la injerencia de esas agencias, y ahora la Sedena, que tras rapidísima investigación, y actuando una vez más al margen de la legalidad, con un representante de la PGR como comparsa, presentó en un acto a varios detenidos, con evidentes señas de haber sido golpeados –pues uno de los cuales apenas podía caminar–, culpando a uno del homicidio, que, afirma, lo hizo en un marco de confusión pensando que suprimía a un capo rival.

3. La escalada de exigencias de Washington a México a las pocas horas de la muerte del agente, en un escenario que parecía preparado, no hizo más que evidenciar las intenciones de la administración Obama: la primera de las cuales es lograr que México acepte nada menos que los agentes estadunidenses de todas las corporaciones que actúan ya en nuestro territorio estén en lo sucesivo armados, como lo reclamaron varios legisladores. Janet Napolitano (secretaria de Seguridad Interior) y el procurador general Eric Holder enviaron una fuerza especial el 16 para investigar, mientras el representante Michael McCaul y otras voces declararon que todo debía conducir a un cambio de las reglas del juego.

4. Lo acontecido no debería, empero, sorprender, dada la situación actual de las relaciones de Estados Unidos con nuestro país, aceptada y tolerada por la mayor parte de las fuerzas políticas. Los documentos confidenciales sobre México del Departamento de Estado estadunidense, que Wikileaks entregó en exclusiva mundial a La Jornada, y que este diario empezó a publicar desde que hizo el sensacional anuncio el 10 de febrero, confirman de manera contundente, con datos precisos y puntuales, que el gobierno panista de Felipe Calderón se fue sometiendo desde 2006 de manera cada vez más servil a Estados Unidos, que Washington desconfía por completo de las fuerzas armadas mexicanas y que no tiene el gobierno de Obama otra intención que la de profundizar sus políticas de intervención.

5. La entrega de esos más de 3 mil cables relacionados con México a este diario por Julian Assange constituye un reconocimiento del prestigio mundial de La Jornada, ya que hasta esa fecha todo lo relacionado con América Latina y el mundo era exclusiva de los cinco diarios seleccionados originalmente por el fundador de Wikileaks, cada vez más amenazado por cierto tras el fallo judicial de ayer de deportación por la justicia inglesa a Suecia (y a Estados Unidos) por hacer valer el derecho de los pueblos a la información, y que son The New York Times, The Guardian (Londres), Der Spiegel (Francfort), Le Monde (Paris) y El País (Madrid), a los que se une ahora La Jornada como uno de los grandes diarios de estos inicios del siglo XXI, lo que garantiza que en los momentos cruciales que vive nuestro país se amplíe el derecho de los mexicanos a la información.

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