¡¡Exijamos lo Imposible!!
Blog de Lerolico
La defensa del artículo 27
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El artículo 27 de la Constitución articula
una visión de la propiedad privada y del papel del Estado en el
desarrollo nacional sumamente valiosa que habría que defender a toda
costa. Cualquier reforma a este crucial artículo tendría que estar
orientada hacia su actualización revolucionaria en lugar de su
desarticulación neoliberal. Por ejemplo, en lugar de modificar las
cláusulas sobre el petróleo para permitir su saqueo por empresas
trasnacionales, sería preferible considerar una expansión de las
prohibiciones sobre la concentración de la riqueza para incluir a los
bancos y las empresas de telecomunicaciones.
El artículo 27
revuelve el estómago de los neoliberales desde su primera frase. En
lugar de reconocer la naturaleza originaria de la propiedad privada y el
derecho de los capitalistas a poseerla, indica que “la Nación” es en
principio dueña de todo: “La propiedad de las tierras y aguas
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde
originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la
propiedad privada”. Es decir, la propiedad privada no es algo natural
sino que es el resultado de un acto estatal que, a nombre de la nación,
la “constituye” y así permite el posterior surgimiento de empresarios y
capitalistas.
Así mismo, la nación siempre reserva su derecho a
reclamar su posesión originaria y podrá expropiar la propiedad privada
cuando exista alguna “causa de utilidad pública“. La Constitución
también otorga amplios poderes regulatorios al Estado para “imponer en
todo tiempo las modalidades que dicte el interés público”, así como de
asegurar una “distribución equitativa de la riqueza pública” y “lograr
el desarrollo equilibrado del país”. Con respecto a los recursos
naturales existen controles aún más desarrollados, ya que en este ámbito
la nación cuenta con el dominio “directo”, “inalienable” e
“imprescriptible” de todos los recursos naturales y, en particular, “el
petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos”.
El amplio
texto del artículo 27 Constitucional también incluye disposiciones
específicas con respecto a los límites que deben existir sobre la
concentración de la propiedad. Por ejemplo, explícitamente prohíbe la
existencia de latifundios e impone límites estrictos a la extensión de
tierras que puedan poseer las sociedades mercantiles. También faculta a
la nación para anular cualquier contrato o concesión realizada antes de
la Revolución y hasta 1876 “que haya traído por consecuencia el
acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación…cuando
impliquen perjuicios graves para el interés público”.
Si bien hoy
todavía existen graves problemas con respecto a la concentración de la
tierra, también han surgido nuevas inquietudes. Por ejemplo, el control
monopólico de empresas como Televisa y Telcel sobre la industria de las
telecomunicaciones es igual de perjudicial hoy para el interés público
que lo fueron los latifundios durante la época de Porfirio Díaz. Si lo
que se busca es “modernizar” y “actualizar” el artículo 27, en lugar de
privatizar el petróleo lo más conveniente sería complementar las
restricciones sobre el acaparamiento de tierras con nuevos controles
sobre el acaparamiento de la infraestructura telefónica, televisiva y de
internet por unas cuantas empresas.
Pero en lugar de actualizar
el papel del Estado como defensor del interés público, el nuevo gobierno
quiere retornar a la lógica porfiriana de regalar pedazos enteros de la
nación a los nuevos “latifundistas”. Es evidente que todo el circo,
maroma y teatro del mal llamado “Pacto por México” no es más que una
cortina de humo para preparar el camino a la eventual privatización de
la industria petrolera nacional.
Un estudio reciente elaborado por
el ITAM y el Wilson Center en Washington (disponible aquí:
http://ow.ly/gGdOT) señala la “urgente necesidad” de una reforma al
artículo 27 para permitir la “competitividad” de la industria petrolera
nacional. Plantea que solamente una reforma constitucional “ambiciosa e
integral” (“ambitious and sweeping”) que “maximiza la flexibilidad”
puede resolver los problemas actuales de Pemex. El mismo estudio aplaude
a Enrique Peña Nieto por su compromiso con una “reforma profunda” en la
materia y muchos de los integrantes del grupo redactor mantienen
relaciones cercanas con el nuevo presidente y su equipo.
Sin
embargo, una buena noticia es que uno de los integrantes del grupo
redactor, el consejero de Pemex Fluvio Ruiz, ya ha roto públicamente con
las conclusiones del documento. En un par de textos recientes que
comparan Pemex con Petrobras de Brasil, el integrante del Consejo de
Administración de la petrolera mexicana señala que “no se necesita
modificar ningún artículo de la Constitución” y que el éxito de la
petrolera brasileña no se explica “por la apertura al capital privado”.
Lo verdaderamente importante para Ruiz sería una modificación al régimen
fiscal que permitiría a Pemex invertir mayores recursos en su
desarrollo institucional. Hoy, por ejemplo, mientras la carga impositiva
de Pemex equivale a 60% de sus ventas, Petrobras únicamente debe pagar
una cantidad equivalente a 33%.
En lugar de regalar nuestro oro
negro a Exxon-Mobil y Halliburton, hay que autorizar a Pemex para
reinvertir una mayor parte de sus ingresos en la nación. En todo caso,
los que deberían pagar una tasa de 60% sobre sus ventas serían las
empresas monopólicas y las personas más ricas del país, no la empresa
más importante de todos los mexicanos. Francia, por ejemplo,
recientemente aprobó un nuevo impuesto sobre la renta de 75% para las
personas más adineradas. Una política de recaudación similar en México,
junto con un férreo control sobre los paraísos fiscales y el lavado de
dinero, generaría más que suficientes recursos para compensar por una
reducción de ingresos para el fisco desde Pemex.
No hace falta un
aumento al IVA, ni la privatización de Pemex, y mucho menos un nuevo
“pacto” entre los mismos políticos de siempre. El verdadero pacto que
nos une a todos los mexicanos se llama la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que, si bien siempre será mejorable y
perfectible, ya contiene principios de avanzada que vale la pena
defender.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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