La Condena al Reality Judicial
Jenaro Villamil
Los cinco ministros de la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidieron en el punto
fundamental del proyecto de sentencia elaborado por el ministro Arturo
Zaldívar: hubo una “recreación ajena a la realidad” –un reality judicial en términos mediáticos- en la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez.
La parte central del proyecto del ministro Arturo Zaldívar definió así el montaje:
“Florence Cassez fue expuesta
repetidamente y en profundidad a un espectáculo que resulta inadmisible
en un sistema democrático de derechos y libertades. Nadie que hubiese
visto la televisión ese día (9 de diciembre de 2005) y durante los meses
siguientes, podría negar que tal espectáculo fue, para los miles y
miles de ciudadanos que lo vieron y lo oyeron, el auténtico juicio de Cassez. Cualquier
proceso judicial realizado después, en la que víctimas y testigos
fueron expuestos tan a fondo a este montaje, no podría ser más que una
mera formalidad”.
Para el ministro Zaldívar este espectáculo tuvo un efecto corruptor sobre el proceso:
“El hecho de que las autoridades
orquestaran un montaje mediático generó un efecto corruptor de todo el
proceso porque, además de que la sociedad entera fue sugestionada,
también lo fueron las personas involucradas en el proceso, viciándose la
fiabilidad de sus declaraciones.
“Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el efecto corruptor imbuyó
en todo el proceso penal, sobre todo en el material probatorio
incriminatorio, el cual es base de todo el proceso penal y que en este
caso se tradujo, esencialmente, en el testimonio de personas que fueron
parte de la escenificación ajena a la realidad y que pudieron verse
influenciadas por aquella”.
Esta fue la última parte de la sentencia
que rechazaron los otros tres ministros que votaron en contra de
otorgarle el amparo a la ciudadana francesa. Sin embargo, el mismo
Guillermo Ortiz Mayagoitia, el ministro más reticente, admitió la
existencia de la irregularidad en el montaje, pero “no pueden ser objeto
de pronunciamiento alguno”.
Incluso, el ministro Jorge Pardo
Rebolledo, quien votó en contra del proyecto del ministro Zaldívar
admitió que “el simple hecho de haber accedido a la realización de este
montaje ¿o simulación?, me parece que es un acto reprobable, que debe
ser sancionado en los términos de la ley y que, desde luego, deja mal
parado este principio de buena fe ministerial respecto de las
autoridades que autorizaron y propiciaron estas conductas”.
Por supuesto, esta frase demoledora del
ministro Pardo Rebolledo no fue transmitida en los noticiarios de
Televisa y de TV Azteca que cubrieron la deliberación de la Primera
Sala. Los principales noticiarios de las dos televisoras simplemente
ignoraron que el consenso real de los ministros fue su condena a los realities judiciales.
A su vez, el ministro José Ramón Cossío
condenó el mismo hecho. “La transmisión por parte de los medios,
posterior al rescate de las víctimas resulta una demora injustificada en
la puesta a disposición de la quejosa”, es decir, Florence Cassez. “Si
bien dicha demora puede considerarse justificada para llevar a cabo el
rescate, no ocurre lo mismo tratándose de la transmisión en los medios
de una supuesta detención”, abundó el ministro Cossío.
Ni hablar de la posición de la ministra
Olga Sánchez Cordero que apoyó en los términos fundamentales el proyecto
de Zaldívar. Fueron los dos únicos ministros que consideraron que la
serie de irregularidades en torno al proceso de Cassez eran lo
suficientemente graves para aprobar el amparo.
Sánchez Cordero, quien será la
responsable de redactar un nuevo proyecto de resolución aclaró que la
Suprema Corte no juzgaba sobre la inocencia o culpabilidad de ella, ni
sobre la afectación sufrida por las víctimas sino por las alteraciones
en el debido proceso. “Una verdadera protección de los derechos de las
víctimas pasa necesariamente por la protección del debido proceso de los
inculpados”, sentenció la ministra.
Los otros tres ministros, aún asumiendo
la existencia y la irregularidad del montaje, no se pronunciaron a favor
del amparo solicitado por Cassez. Cossío propuso que el asunto fuera
turnado al tribunal colegiado que la sentenció en 2009 a 60 años de
prisión, pero que no se tomaran en cuenta la ampliación de declaraciones
de dos de las víctimas del supuesto secuestro. Este criterio particular
puede convertirse en la llave para abrir la cárcel a la ciudadana
francesa.
En otras palabras, el balón sigue en la cancha de la otra ministra que sí está a favor de otorgarle el amparo.
La Punta del Iceberg
Lo más sorpresivo de la jornada de
cobertura informativa de este caso de alto impacto mediático, político y
diplomático fue cómo las dos grandes televisoras mexicanas –Televisa y
TV Azteca- simplemente minimizaron o ignoraron abiertamente que el punto
fundamental no fue la liberación de Cassez sino el juicio unánime en
contra del montaje mediático.
En contraste, las principales agencias
informativas, televisoras francesas y medios impresos del país galo se
trasladaron al país, con una clara predisposición a favor de Cassez.
El nombre de Genaro García Luna
simplemente no se pronunció en la cobertura o en las editorializaciones
del duopolio televisivo mexicano. A pesar de que, sin decirlo
explícitamente, los cinco ministros condenaron severamente los reality judiciales.
Dos días antes de la jornada del
miércoles 21 de marzo, el presidente de la República se metió de lleno
al caso. Sin cuidar las formas ni el respeto a la división de poderes,
Felipe Calderón pronunció el 19 de marzo una airada defensa a la
posición oficial en el caso. No necesitó pronunciar el nombre de Genaro
García Luna. El titular de la SSP apareció a su lado en la inauguración
de un penal de “ultra máxima seguridad” en Papantla, Veracruz.
Calderón hilvanó un discurso maniqueo en
torno a la demanda de justicia. Para el primer mandatario, lo
importante es la justicia para las víctimas y para una sociedad
agraviada y humillada por los criminales, pero no consideró que la
mentira o la recreación de los expedientes irregulares a través de la
pantalla televisiva sea una violación flagrante a la justicia más
elemental, que es el respeto al debido proceso.
Con su discurso, Calderón pasó a formar parte del reality judicial que durante 6 años se ha venido produciendo en torno al caso de la banda de los Zodiaco y la detención de Cassez. En este reality, el
guión dicta que las autoridades policiacas no se equivocaron al detener
en el rancho Las Chinitas a la francesa y a su pareja Israel Vallarta.
En este guión, Cassez es culpable porque así “se vio en la televisión” y
porque tres instancias ministeriales sostuvieron la condena a 60 años
de prisión, aunque las víctimas del presunto secuestro hayan cambiado
sus declaraciones.
El reality judicial de Calderón
presume la eficacia de su titular de Seguridad Pública, el único de los
funcionarios de su gobierno que ha permanecido en el cargo, sin haber
sido objeto de una mínima sanción o regaño público. Aunque el caso
Cassez se haya originado en el ocaso del sexenio foxista, en diciembre
de 2005 –curiosamente, el mismo mes en que la Cámara de Diputados
aprobaba fast track la Ley Televisa-, Calderón se ha envuelto
en la bandera del expediente para defender las “recreaciones indebidas”
en éste y otros muchos casos.
El caso Cassez es apenas la punta de un
iceberg que se generalizó en este sexenio, con García Luna al frente de
la SSP, que tomó el control de la pantalla y de la realidad. Basta una
simple enumeración de varios casos que merecen un análisis más
detallado: las detenciones de “grandes capos” como Edgar Valdés, alias La Barbie, o la del J.J. tras
el montaje-guión en el caso Cabañas; el famoso rescate de los
reporteros de Grupo Multimedios y Televisa, capturados en Durango
presuntamente por “El Chapo” y que después fue condenado como un
telemontaje, por uno de los reporteros que pidió asilo en Estados
Unidos; el famoso operativo en la “narcomansión” de las Lomas que
después fue considerado como una farsa para la transmisión de los medios
de comunicación.
Y es que la otra ecuación de los reality judiciales es
la complicidad con Televisa y TV Azteca, las dos televisoras que se
sumaron a la campaña de promoción de la guerra “exitosa” de Felipe
Calderón en contra de los criminales. A cambio, el duopolio televisivo
ha recibido todos los favores de la presidencia de la República, al
grado de ser considerado éste el sexenio de Televisa.
En su carta pública del 20 de marzo de
2012, Simón Charaf, dueño del Bar-Bar puso el dedo en la llaga tras el
discurso de Calderón en Veracruz:
“Es responsabilidad de todos los
mexicanos apoyarlo en cada acción donde se involucre el clamor de
justicia que tanto se ve afectado en la sociedad, cuando por montajes
perfectamente orquestados, la impartición de la misma se obstruye; tal
como sucede en varios casos, incluidos el nuestro, el caso Cabañas,
donde por un montaje de Televisa, con videos editados y manipulados, un
hombre inocente fue a la cárcel. ¿Hasta cuándo las autoridades pondrán
un alto a esta empresa que tanto ha afectado al país con sus abusos y
montajes?
“Señor presidente, los montajes de
Televisa, son cada vez más burdos y aberrantes; cuando estos son
desenmascarados, quien queda en evidencia no solamente es la televisora y
la impunidad con que se maneja, también queda en evidencia la inacción
de las autoridades al permitir todo lo anterior; y ya en un grado mayor,
estos montajes llevan al país a enfrentar crisis diplomáticas
innecesarias”.
El Falso Debate
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