El caso Cassez y la Suprema Corte
| Sergio Méndez |
Siempre he sostenido públicamente que creo en la inocencia de
Florence Cassez. Soy un convencido de que la ciudadana francesa es
víctima de una terrible injusticia generada por los abusos intolerables
de las autoridades mexicanas. Creo también que es víctima de un linchamiento
público provocado por el gobierno del presidente Felipe Calderón y sus
aliados del Movimiento Blanco. Me parece muy desalentador que buena
parte de la sociedad mexicana no aprecie, en su enorme gravedad, los
efectos perniciosos de las conductas ilegales de la policía y de los
agentes del Ministerio Público. Pienso que nadie está seguro en México;
cualquiera, en cualquier momento, puede ser víctima de los abusos de las
autoridades. Me parece incomprensible que un sector de la población de
mi país clame sólo por venganza y deje de lado la justicia, valor que
parece inalcanzable.
En el caso de Cassez está en juego el futuro de nuestras
libertades. El asunto es tan paradigmático por sus implicaciones
políticas y sociales que Calderón se atrevió a confrontar a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en una actitud que fue muy criticada por
la opinión pública.
Lo único bueno en este terrible escenario fue la actuación de la
Corte. Demostró una enorme solidez, integridad e independencia, en un
caso tan complejo y plagado de aristas; logró mantener el equilibrio. No
niego que me habría encantado que la Primera Sala aprobara el proyecto
de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, que proponía otorgar el
amparo y la libertad a Cassez. El proyecto fue valiente, generoso y
pulcro jurídicamente. Sin embargo, en los asuntos legales nadie tiene la
verdad absoluta. Es importante también reconocer que, tanto en el
disenso como en el acuerdo, los ministros y la ministra de la Primera
Sala mostraron contundencia y coherencia argumentativa, así como la
independencia de sus criterios, también valientes.
Las posturas de quienes integran la Primera Sala de la Corte se
fueron de un extremo a otro, pasando por el centro, y es allí en donde,
al parecer, el tribunal constitucional se quedará para resolver el caso
de Cassez. De la libertad propuesta por Zaldívar en el proyecto que fue
desechado a la improcedencia del recurso, como lo sostuvo el ministro
Guillermo Ortiz, la postura intermedia es la del ministro José Ramón
Cossío, que propuso otorgar el amparo, pero no para el efecto de liberar
a Cassez, sino para anular algunas pruebas vinculadas a las violaciones
procesales cometidas en su contra.
Cossío dejó claro que otro resultado (seguramente más benéfico para
Cassez) se habría presentado si la Corte hubiera conocido del caso
mediante el ejercicio de la facultad de atracción y no mediante la
revisión del amparo directo; en la primera (la atracción), el máximo
tribunal se hubiera podido pronunciar con libertad respecto de todo el
proceso: en cambio, en la segunda (la revisión), la Corte sólo lo podía
hacer respecto de ciertos temas de constitucionalidad que no le permiten
conocer de todo el juicio, sino únicamente algunas de sus partes. Es
por ello que Cossío señaló que la naturaleza limitada del recurso
impedía otorgar el amparo liso y llano a la ciudadana francesa, lo que
hubiera implicado su liberación.
Si bien no dejo de simpatizar con el proyecto de Zaldívar, la
postura de Cossío también abre la posibilidad de que Cassez sea
liberada, no ya por la Suprema Corte, sino por un tribunal inferior.
Creo que, por las posturas que adoptaron los ministros y la ministra de
la Primera Sala –particularmente los tres que están a favor de otorgar
el amparo–, el nuevo proyecto de sentencia, que será elaborado por la
ministra Olga Sánchez Cordero, deberá conciliar las posturas de Zaldívar
y Cossío, que no me parecen esencialmente contradictorias. La propia
ministra ponente expuso en su intervención, en la sesión de la Primera
Sala del 21 de marzo pasado, su apoyo al proyecto de Zaldívar, que
finalmente fue desechado.
Es indispensable, por el bien de la justicia en México, que
Zaldívar, Cossío y Sánchez Cordero sean flexibles para incorporar las
opiniones de los tres al nuevo proyecto, pues de no alcanzarse la
votación necesaria para otorgar el amparo en esta nueva ocasión, el
asunto seguramente sería turnado al pleno de la Suprema Corte; si esto
último pasa, será muy difícil que Cassez obtenga la libertad. Es
probable que el resto de los ministros (que integran el Pleno) tengan
criterios menos flexibles tanto para admitir el recurso como para
otorgar el amparo.
El proyecto de Zaldívar propuso que los temas constitucionales a
tratar en el recurso fueran: 1) el principio de buena fe ministerial; 2)
la interpretación de “sin demora” en la puesta a disposición ante el
Ministerio Público; 3) la asistencia consular; 4) el “acceso a la
justicia” y la “equidad procesal”; y 5) la presunción de inocencia.
Cossío indicó que los temas netamente constitucionales sólo son los
puntos 2 y 3. Sobre los efectos, el proyecto de Zaldívar propuso la
libertad inmediata; en cambio, Cossío manifestó que los efectos sólo
podían ser 1) la eliminación de las declaraciones de las víctimas en las
que identifican a Cassez como consecuencia de las transmisiones en los
noticieros, y 2) la eliminación de la primera declaración ministerial de
Cassez. Entre estas dos posturas habrá que conciliar para que el caso
se resuelva favorablemente.
Si se genera un proyecto intermedio, quizá lo que ocurra es que la
Corte otorgue el amparo para efectos y le ordene directamente al
tribunal de apelación que dicte una nueva sentencia, al considerar las
definiciones constitucionales y dejando fuera las declaraciones de las
víctimas. Así, el tribunal de apelación podría liberar a Cassez,
condenarla o bien ordenar la reposición del procedimiento. El camino aún
es largo para Florence.
*Abogado defensor de los derechos humanos
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