¡¡Exijamos lo Imposible!!
Aspe, Córdoba y Levy, los “Cerebros” de Peña Nieto 
(Segunda Parte)
La Huella de José Córdoba
La huella de Córdoba Montoya se dejó
sentir desde el primer día de la campaña de Peña Nieto. Uno de sus tres
primeros “compromisos ante notario” fue la eliminación de 100 diputados
plurinominales, así como desaparecer lo que han rebautizado como “cláusula de ingobernabilidad” para que el partido que gane la mayoría de votos en el 2012 también tenga el control de la Cámara de Diputados.
La idea de eliminar el principio de
representación proporcional fue expresado por José Córdoba en un extenso
artículo en la revista Nexos y en el periódico Reforma, en
abril de 2010, justo el año que se aprueba la “Ley Peña” en el Congreso
mexiquense para bloquear las candidaturas comunes de los partidos
opositores.
La tesis de Córdoba es muy simple: en
regímenes presidencialistas como el mexicano, el principio de
representación proporcional no ha permitido gobiernos eficaces, sino
gobiernos divididos porque “fragmenta la representación partidaria y
otorga a las minorías un poder excesivo”.
“El parlamentarismo puede convivir con
el principio de mayoría, pero el presidencialismo no funciona
eficazmente con el principio de representación proporcional. La razón es
clara: el incentivo para construir una coalición partidista es muy
superior en un régimen parlamentario –puesto que de esa coalición sale
el Ejecutivo- que en uno presidencial. La historia de México en los
últimos 13 años lo confirma”, sentenció Córdoba Montoya.
En el último párrafo, el asesor estelar
del salinismo, el impulsor de las candidaturas de Luis Donaldo Colosio,
primero, y luego de Ernesto Zedillo, lanzó este juicio polémico:
“El régimen político mexicano siempre ha
sido presidencial. Actualmente, el sistema electoral mexicano es de
representación mixta con preponderancia mayoritaria. Pero lo que hacen
las fórmulas vigentes de integración de la Cámara de Diputados no es
atemperar los excesos del principio de mayoría sino violentar su
esencia, que consiste en darle el derecho temporal de legislar al
partido que obtiene la mayoría absoluta de diputados de mayoría…
“Lo artificial es topar la
‘sobrerrepresentación’ en 8 por ciento, como ocurre hoy, para forzar
gobiernos divididos y despojar al partido más grande de su eventual
derecho a legislar. Ciertamente, la cláusula de gobernabilidad, que
transforma mayoría relativa de votos en mayoría absoluta de escaños,
tiene también un elemento arbitrario: fijar en 35 por ciento el
porcentaje mínimo de votos para su aplicación. Pero hay una manera obvia
de enderezar este aparente artilugio: el reparto plurinominal debiera
simplemente asegurar que conserva la mayoría absoluta de escaños en la
Cámara el partido que, en su caso, alcance la mayoría absoluta de
diputados de mayoría”.
(“Contra el Proporcionalismo”, Reforma, 11 de abril 2010).
Peña Nieto y su equipo de redactores del libro México, la Gran Esperanza
tomaron al pie de la letra los textos de Córdoba Montoya e incluyeron
en el apartado de una “Democracia con Resultados” dos propuestas para
restablecer el modelo presidencialista que defiende el ex asesor de
Carlos Slinas: eliminar la cláusula de 8 por ciento de
sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados
(proveniente de la reforma electoral de 1996, durante el zedillismo) y
“eliminar 100 diputados de representación proporcional” para que en
lugar de los 200 que existen actualmente, sólo quede la mitad.
De tal forma, la Cámara de Diputados,
bajo el diseño de Córdoba, tendría 400 diputados federales, 300 de
mayoría relativa y 100 de representación proporcional.
Los críticos de esta propuesta, incluso
dentro del PRI, consideran un despropósito esta reforma. En primer
lugar, porque un partido con el 40 por ciento de los votos podría llegar
a tener el 60 por ciento de la Cámara de Diputados, es decir, una
sobrerrepresentación del 20 por ciento.
Al mismo tiempo, argumentaron a Proceso,
sería necesaria una reforma constitucional a los artículos 51, 52, 53
y, sobre todo, al artículo 54 que en su fracción V prohíbe que un
partido político que, “por sus triunfos en distritos uninominales,
obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la
suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8 por
ciento”.
Los Intereses de Córdoba: Bartlett
El interés del “asesor incómodo” del
salinismo no sólo es eliminar 100 diputados plurinominales sino que el
próximo Ejecutivo federal sea un presidente fuerte, con dominio en el
Congreso, para culminar las reformas económicas que iniciaron hace más
de tres décadas.
Córdoba Montoya, en 1990, escribió en la revista Nexos, No.
158 un texto que fue conocido como el decálogo del salinismo, las “Diez
Lecciones de la Reforma Económica en México” que, en su parte medular
plantea lo mismo que Pedro Aspe:
“La liberalización del comercio es
fundamental para inducir la eficiencia microeconómica y consolidar la
estabilidad macroeconómica… Acelerar el proceso de liberalización
comercial resulta conveniente para asegurar su irreversibilidad y,
también, para que las empresas introduzcan cambios necesarios e
incrementen su productividad en poco tiempo”.
Córdoba Montoya también está interesado
en acelerar la privatización del sector de energía. El ex senador
priista Manuel Bartlett recordó a Proceso que desde el gobierno
foxista Córdoba lo fue a buscar al Senado “para disuadirme que retirara
las acciones de anticonstitucionalidad contra las reformas a la Ley de
Servicio Público de Energía Eléctrica”.
“Córdoba se molestó conmigo porque dije
en tribuna que tenía fuertes negocios en el sector eléctrico, como fue
el caso de la empresa a la que se concesionó el servicio de alumbrado
público en la capital de Puebla”, añadió Bartlett, consultado vía
telefónica.
“Obviamente, estaba metido con la
empresa Mexicana de Mantenimiento y Alumbrado, de capital francés y
español, filial del consorcio francés Citelum”, señaló Bartlett.
La Jornada de Oriente publicó
el 21 de enero de 2004 que el vínculo entre de Córdoba Montoya con
Mexicana de Mantenimiento era Alejandro Parrodi, representante legal de
la firma Basham Ringe y Correa S.C, accionista de la compañía francesa
Citelum. Córdoba trabajó como cabildero para ésta y otras empresas
extranjeras interesadas en el negocio de la energía eléctrica.
El alcalde panista de Puebla, Luis
Paredes firmó el 1 de abril de 2003 un convenio con MMA por 15 años y
hasta por 40 millones de pesos, según documentó el reportero Alvaro
Delgado en Proceso (3-agosto-2003).
El alcalde priista de la capital
poblana, Enrique Doguer, sucesor de Luis Paredes, revocó el contrato con
MMA y Citelum, en medio de un escándalo sobre el presunto vínculo entre
José Córdoba y el empresario textilero Kamel Nacif, el “rey de la
mezclilla”, vinculado por la periodista Lydia Cacho en una red de
pederastia. En una carta pública, Córdoba negó airado cualquier vínculo
con Nacif, pero no su interés en la gestión de la privatización
eléctrica.
“Se trata de una falacia. No tengo
ninguna relación con el señor Nacif ni de negocio ni de ninguna otra
índole, ni en Puebla ni en ningún otro lugar”, desmintió Córdoba en una
carta pública.
El Seguro de Santiago Levy
En materia de política social, Peña
Nieto contrató los servicios de Santiago Levy, ex director del Seguro
Social con Vicente Fox (2000-2005), artífice del esquema de subrogación
de los servicios de guarderías del IMSS desde 2002, cuya consecuencia
real se materializó en la tragedia del 5 de junio de 2009 en Hermosillo,
Sonora, cuando fallecieron 49 niños y 101 fueron lesionados en la
guardería ABC.
Levy se enfrentó al sindicato nacional
de trabajadores del Seguro Social, encabezado por su dirigente Roberto
Vega Galina, y perdió la confianza del gobierno foxista por su
incapacidad para mejorar el servicio del IMSS y sus constantes roces con
el entonces secretario del Trabajo, Carlos Abascal, según recuerda el
especialista Gustavo Leal Fernández.
Leal Fernández afirma que, pese al
desprestigio de Levy y su propuesta, Peña Nieto tiene “un embelesamiento
con los tecnócratas” de la era de Salinas y Zedillo.
“Está completamente embrujado por los
funcionarios de organismos internacionales, entre ellos, Santiago Levy”,
actual vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, desde
donde ha escrito textos y recomendaciones para eliminar la pobreza.
El proyecto de Peña Nieto recuperó su propuesta de un Sistema de Seguridad Social Universal. En el capítulo 5 de su libro México, la Gran Esperanza, cita la tesis de Santiago Levy: “la coexistencia de dos esquemas de protección social fomenta la economía informal”.
“Para corregir esta situación, debemos
construir un Sistema de Seguridad Social y Universal que otorgue un
piso de protección social básico y gratuito a todos los mexicanos. Este
sistema debe incluir cuatro elementos fundamentales: acceso efectivo a
los servicios de salud, prensión para la vejez, seguro de desempleo y
seguro de riesgos de trabajo. En este sentido, la condición de
ciudadanía y no la participación en el mercado laboral debe ser el eje
del nuevo sistema de seguridad social”, afirma el libro firmado por Peña
Nieto.
Para lograrlo, se debe cumplir con una “reforma fiscal integral”, basada también en planteamientos de Santiago Levy.
El problema de la propuesta de Levy,
advierte Gustavo Leal, “es que es intransitable para el PRI porque
implicaría elevar impuestos, sobre todo generalizar a 16 por ciento el
IVA en medicinas y alimentos, y reducir prestaciones”.
En una entrevista con la revista Nexos, el 1 de febrero de 2009, Levy admite que se debe generalizar el IVA en la reforma fiscal. Así lo explicó:
“Haciendo caso omiso del nombre, hoy en
día los trabajadores formales ya pagan un IVA sobre todo su canasta de
consumo, que es destinado a financiar sus beneficios de seguridad
social. Cada quincena sus salarios son menores porque una parte toma la
forma de cuotas obrero-patronales. Sin esas cuotas sus salarios serían
más altos. Mi propuesta es extender ese IVA a todos los trabajadores,
con la diferencia de que no se recaudaría cuando el trabajador cobra su
quincena en el puesto de trabajo, sino cuando hace sus compras en las
tiendas” (Nexos, 1-02-2009).
Un sistema universal de seguridad, como
el planteado por Levy, implicaría “una reforma constitucional para
eliminar el apartado B del artículo 123 constitucional”, que regula las
relaciones laborales, las prestaciones y la seguridad social de los
trabajadores del Estado. “Y esto es intransitable para el PRI”, advierte
Gustavo Leal, profesor e investigador de la UAM Xochimilco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario