¡¡Exijamos lo Imposible!!
Juicio político a Aguirre
Lilia Arellano
Estado de los ESTADOSDemandan desaparición de poderes
Diputados piden la renuncia de AAR
“PRD no va a defender a nadie”: JZG
PAN inicia “guerra sucia” contra PRI
“La violencia es el último recurso del incompetente”.- Isaac Asimov
El gobernador neoperredista y ex priísta de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, desapareció públicamente de la entidad, mientras su equipo de prensa trata de salvar su pellejo político a través de la destitución de tres de colaboradores (Ramón Almonte Borjas, secretario de Seguridad Pública estatal, el procurador Alberto López Rosas, y el subsecretario Ramón Arreola) y la presentación de un video en el cual se exhibe la responsabilidad de policías federales en los hechos en que fueron asesinados dos estudiantes normalistas, y heridos de gravedad al menos otros dos. Mientras, cientos de alumnos de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa y miembros de la sociedad civil organizada de la entidad exigieron, frente al Palacio de Gobierno de Chilpancingo, un “juicio político” contra el mandatario y la libertad de su compañero detenido, Gerardo Torres Pérez, quien, sostienen, fue torturado y obligado a disparar en un paraje de Zumpango para incriminarlo.
A partir de las 15 horas de este martes, con dos féretros de cartón al frente, los alumnos normalistas marcharon poco más de dos kilómetros rumbo al Palacio de Gobierno de Guerrero para exigir justicia por el asesinato de Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, durante un desalojo de la Autopista del Sol el pasado lunes. Los estudiantes, respaldados por alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero, manifestaron que no se retirarán de ese lugar hasta que liberen a su compañero detenido, y demandaron la destitución de Aguirre Rivero al señalar que “no queremos a un asesino como gobernador”. Lo responsabilizaron de ser el autor intelectual de la muerte de sus compañeros y denunciaron que hay por lo menos 15 estudiantes desaparecidos y 19 detenidos, cinco de la Normal Rural, cinco de la Facultad de Economía de Acapulco y otros cinco del Tecnológico de Chilpancingo. Padres, hermanos y compañeros de los jóvenes asesinados portaban pancartas con la leyenda “Alberto López Rosas no mientas, fuera gobierno represor”, así como ”Somos estudiantes, no terroristas”.
Alrededor de 75 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, como la Red Guerrerense de Derechos Humanos, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APG), la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras, exigieron que se castigue a los responsables de haber dado la orden de disparar contra los estudiantes normalistas. Dirigentes como Emmanuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense, consideraron que ante el homicidio de los estudiantes y la represión a los alumnos tiene que proceder la desaparición de poderes. “Estos acontecimientos forman parte de crímenes de lesa humanidad que viene cometiendo el Estado y no pueden quedar impunes”, dijo.
Las organizaciones sociales de la entidad advirtieron que romperán cualquier lazo de comunicación con la administración de Aguirre Rivero, en tanto no se esclarezca el homicidio de los estudiantes normalistas durante la agresión de efectivos de la Policía Federal y la Policía Investigadora Ministerial. También firmaron un acuerdo de inconformidad de los hechos, los cuales fueron calificados como un acto de autoritarismo y por parte del gobierno del Estado, pues las balas “hayan venido de donde hayan venido”, tuvieron la intención de parar la movilización que realizaban los normalistas en la capital estatal. Vidulfo González Torres, abogado de la Red de Derechos Humanos de la Montaña, consideró que la agresión a los normalistas es una señal funesta de que en Guerrero no se permite el derecho a la libre manifestación y se sienta el precedente de que los ciudadanos no pueden protestar, porque cualquiera que lo haga corre el riesgo de ser callado a balazos.
También en la ciudad de Oaxaca, alrededor de mil profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron una marcha por calles de la ciudad para protestar y exigir justicia por el asesinato de los estudiantes guerrerenses. Anunciaron que buscarán un encuentro con sus homólogos de Guerrero para crear un frente de resistencia y exigir la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero por la represión violenta cometida contra manifestaciones sociales. A la protesta se sumaron activistas de la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Mientras que en la Cámara de Diputados, legisladores federales del PRI, PAN y PRD exigieron investigar a profundidad estos hechos. El panista Camilo Ramírez Puente dijo que se debería pedir la renuncia del gobernador perredista por “no saber usar la fuerza pública ante demandas sociales, y caer en este tipo de excesos”. El priísta César Augusto Santiago repudió el asesinato de los jóvenes; dijo que la tragedia se pudo evitar si una pequeña parte de los recursos para Seguridad Pública en los estados se utilizaran para atender demandas de la educación; y exigió una investigación a nivel estatal sobre el comportamiento de las fuerzas públicas, y sobre la presencia de fuerzas federales en estos acontecimientos. El perredista Armando Ríos Pitter, presidente de la Junta de Coordinación Política, demandó una investigación “a fondo” de estos lamentables hechos.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, advirtió que “no va a defender a nadie, sea quien sea”, al calificar de inadmisible la agresión armada perpetrada contra los estudiantes normalistas en Chilpancingo. El líder perredista demandó a Aguirre Rivero abrir las investigaciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la sociedad civil organizada, a fin de que se pueda llegar al completo esclarecimiento de los hechos y castigar a los responsables. También, la dirigencia municipal perredista en Acapulco calificó de “agresivo” a Aguirre Rivero y dijo que “a un año de haber asumido la gubernatura ha sido reiterante la agresión, principalmente a la clase más desprotegida, empezando por los maestros hace unos meses”. La secretaria general del PRD municipal, Rosario Merlín, lamentó que un Gobierno de izquierda reprima a los movimientos sociales. También el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, demandó indagar las responsabilidades del gobernador Ángel Aguirre por el desalojo violento en la Autopista del Sol. El ex gobernador de Quintana Roo censuró la actuación de las fuerzas policiales de Guerrero y consideró que “actuaron de manera brutal”.
TIROS A LA CABEZA
Los dos jóvenes normalistas que perdieron la vida el lunes, durante un enfrentamiento con policías en Chilpancingo, murieron por disparos de arma de fuego en el cráneo y en el cuello, confirmaron las actas de defunción. En tanto, otro estudiante, Edgar David Espíritu Olmedo, se encuentra en estado de “extrema gravedad” al resultar herido por arma de grueso calibre. También un despachador de gasolina, de nombre Gonzalo Rivas Cámara, se encuentra grave tras ser alcanzado por el fuego y registrar quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo. Los otros lesionados son Rubén Eduviges Coctocolo y Juan Alberto Álvarez Adame, quienes recibieron disparos en las piernas. Por estos hechos, el gobernador Ángel Aguirre Rivero destituyó al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borjas; al procurador Alberto López Rosas, y al subsecretario Ramón Arreola.
El ahora ex procurador general de Justicia del Estado había sostenido que podrían ser (agentes) ministeriales los hombres vestidos de civil que –de acuerdo con videos exhibidos— dispararon contra los normalistas. De hecho, Oscar de los Santos Mendoza, subprocurador estatal de justicia, informó que se inició un proceso de investigación contra cinco elementos ministeriales para saber si dispararon contra los estudiantes. Los fusiles R-15 semiautomáticos, que portaban los elementos durante el enfrentamiento, fueron requisados por la Fiscalía estatal para practicarles las pruebas correspondientes a fin de determinar si fueron accionados durante la trifulca. Al mismo tiempo, la PGJE informó que liberó al mediodía del martes, a 23 de los 24 normalistas detenidos el lunes, y sólo Gerardo Santiago Torres, de 19 años, a quien las autoridades judiciales estatales responsabilizan de la portación de un arma de fuego de alto poder, permanece en los separos de la Policía Investigadora Ministerial, a fin de ser trasladado posteriormente a la delegación de la PGR, donde se dictaminará su situación jurídica.
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