Proceso
Abandono, inseguridad, soberbia
JENARO VILLAMIL
Las fallas de seguridad que derivaron en la explosión que el 31 de enero mató a más de 30 personas e hirió a decenas en las instalaciones administrativas de Pemex están claras. Un informe de la Subdirección de Servicios Corporativos muestra cómo la prioridad es presumir de grandes logros en tanto se minimizan los riesgos, las carencias y los muchos incidentes reportados.
Enaltecidos en su conjunto como una obra “desafiante y emblemática de una generación de mexicanos que aprendió a pensar en grande”, la Torre Ejecutiva y el complejo de edificios que configuran el Centro de Administración de Pemex (CAP) constituyen una trampa –ya fue mortal para muchos– para las casi 10 mil personas que laboran en ellos.
Así lo dejan entrever los informes oficiales de la paraestatal. Tan sólo durante 2011, en los edificios del CAP se registraron un total de 2 mil 974 casos de emergencia, de los cuales uno fue conato de incendio, 15 fugas de agua y 10 de gas, 10 cortocircuitos, 69 reportes de olor a quemado, dos derrames de agua, 266 alarmas de los sistemas de detección, mil 535 simulacros y mil 63 eventos de protección contra incendio, según el informe de la Subdirección de Servicios Corporativos, área responsable de servicios generales, mantenimiento y obra pública de la petrolera.
En el apartado de “protección civil” de su informe Logros 2011, la misma subdirección advierte que “algunas de las tareas de protección civil más usuales, encaminadas, sobre todo, al resguardo de las personas, son los servicios de alarma, los sistemas de evacuación, el salvamento, los primeros auxilios, la lucha contra incendios, el señalamiento de zonas peligrosas y medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios indispensables.
“Durante 2011 se han atendido 2 mil 974 casos de emergencia. Resalta el trabajo de prevención de daños mayores ante la posible ocurrencia de un incendio generalizado.”
En el edificio B-2, de 13 niveles, donde laboran mil 590 personas, se han registrado distintos incidentes antes de la tragedia del 31 de enero. En 2012 hubo un incendio en el cuarto piso, sin que se registrara ningún herido. En septiembre de 1982, a unos días de la nacionalización de la banca, en el sexto piso del mismo edificio ocurrió un incendio que fue sofocado después de las nueve de la mañana.
En aquella ocasión este semanario publicó: “El rumor, que luego se convirtió en realidad, cundió como reguero de pólvora: los archivos de Pemex fueron los que se incendiaron. Y fueron los archivos de las áreas de explotación, proveeduría y almacenes, proyectos y construcción de obras del personal de confianza” (Proceso 306).
Transcurrieron 32 años y ocurrió otro siniestro en el mismo edificio, provocando 33 muertos y decenas de heridos, según los últimos balances de la tarde del viernes 2 de febrero.
La mayoría de las víctimas son miembros del sindicato petrolero y laboraban en la planta baja; otras estaban en los sótanos. Era el momento más delicado, por el cambio de turno.
El siniestro provocó que se perdieran todos los archivos del área de Recursos Humanos, incluyendo decenas de demandas laborales que tiene Pemex con sus trabajadores, así como contratos y otros documentos del archivo muerto de la paraestatal.
Accidentes y escándalos
Las dimensiones de la tragedia coinciden con advertencias que se han hecho en los últimos cuatro años sobre la inseguridad y vulnerabilidad de las instalaciones del CAP, debido a sus más de 30 años de antigüedad y a las deficiencias de sus sistemas operativos, entre otras causas.
La Torre Ejecutiva de Pemex y el complejo de edificios aledaños fueron diseñados por el arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante (padre del político Esteban Moctezuma Barragán, exsecretario de Gobernación en el zedillismo) y fue presumido como el “primer edificio inteligente” del país.
Tras cinco años de planeación, se empezó a construir en 1981 y se inauguró en 1982, el año de la nacionalización de la banca y cuando terminó el “boom petrolero” generado por el entonces director de la paraestatal, Jorge Díaz Serrano.
El incendio del 6 de septiembre de 1982 en el edificio B-2 ocurrió cuando se iniciaban en Estados Unidos juicios contra empresarios que sobornaron a funcionarios de Pemex en la época de Díaz Serrano. El día 27 del mismo mes, el actual director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, escribió:
“Es probable que el incendio haya consumido pruebas y constancias del expediente negro de Jorge Díaz Serrano. Esto tal vez nunca se llegue a saber. Por lo pronto, empero, el ahora senador por Sonora se ve perseguido por datos implacables que provienen de allá, de Estados Unidos, el país donde abundan sus amigos y donde, apoyándose en sus ambiciosos planes, muchas empresas hicieron grandes negocios al amparo del efímero ensueño de la riqueza petrolera mexicana” (Proceso 308).
También el ingeniero Heberto Castillo, colaborador de la revista durante décadas y crítico severo de la administración de Jorge Díaz Serrano, vinculó el accidente con el escándalo de las empresas perforadoras donde tenía intereses el entonces director de Pemex.
“El incendio de las oficinas administrativas de Pemex y la destrucción de los archivos que guardaban sus computadoras puede estar relacionado con las aventuras de Jorge Díaz Serrano en la economía privada nacional. Él desvió importantes contratos hacia su empresa Permargo y hacia otras que hacían lo que se llama ingeniería de proyectos. El rumor insistente de que se actuaría contra él al término del mandato de José López Portillo lo ha hecho, incluso, ponerse a escribir en un diario de negro desprestigio echeverrista para cubrirse las espaldas”, escribió Castillo (Fuera máscaras, Proceso 307).
Ahora, el peor accidente en el complejo de edificios del CAP también ocurre cuando existen investigaciones sobre corruptelas en la paraestatal.
Tres días antes de la tragedia del 31 de enero, en Estados Unidos se ventiló la investigación realizada por la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo regulador bursátil, sobre presuntos sobornos que pagó en 2004 la empresa alemana Siemens a “asesores y consultores en varios países”, incluyendo la entrega de 2.6 millones de dólares al empresario mexicano Jaime Federico Said Camil Garza para sobornar a altos funcionarios de Pemex. Jaime Camil es identificado como un empresario cercano al gobierno de Vicente Fox y amigo del actual presidente, Enrique Peña Nieto. Además, es padre del artista de los mismos nombre y apellido que trabaja para Televisa.
La investigación de la SEC, de 38 páginas, señala que “a finales de 2004, Siemens PG y Siemens, S.A. de C.V., una entidad regional, hicieron tres pagos ilícitos por separado, que sumaron unos 2.6 millones de dólares, a un asesor de negocios conectado con la política para asistirle en solventar pagos por demandas relativas al incumplimiento a tiempo de proyectos de modernización de tres refinerías en México”.
El dictamen de la SEC se deriva de una demanda civil que Pemex presentó en diciembre de 2012 ante una Corte de Nueva York por 500 millones de dólares contra Siemens, por presuntos actos de corrupción en la modernización de la refinería de Cadereyta, en los que pueden estar involucrados altos funcionarios de Pemex en las administraciones de sus exdirectores generales Raúl Muñoz Leos (2000-2004) y Luis Ramírez Corzo (2004-2006), así como la empresa coreana SK Engineering and Construction.
Evaluación tramposa
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