viernes, 1 de febrero de 2013

¿Cual es el plan en seguridad del EsPurioII?

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Por Esto!
Seguridad al garete
Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

Impera impunidad en México: HRW
Violencia “exacerbada” en regiones
Fuerzas de seguridad violan derechos
Victimas inocentes en la indefensión
Va reforma energética sobre la fiscal
Larga cola de “los hombres” de EPN


Si quieres la paz, lucha por la justicia” Pablo VI
 

La gigantesca inseguridad pública que impera a lo largo y ancho del territorio nacional, con la adversa y gravísima situación en torno a las reiteradas y permanentes violaciones a los derechos humanos, es un complejo problema que preocupa no sólo en México, sino en los organismos internacionales, que no tienen claro cuál será la estrategia que aplicará el gobierno de Enrique Peña Nieto para corregir la enorme irresponsabilidad de que hizo gala la administración de Felipe Calderón. En el ámbito doméstico tampoco hay claridad sobre lo que se va a hacer, lo que debe cambiarse en las tácticas seguidas por el michoacano y que resultaron en un gran fracaso. Muy chica queda a la dimensión de esta problemática, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, anunciado ayer por el nefasto alfil de la dirigente magisterial, Roberto Campa, el cual se aplicará en tan sólo 110 municipios del país, presuntamente los de mayor incidencia delictiva.

La dimensión del problema de inseguridad en México, la define con precisión el informe anual de la organización Human Rights Watch (HRW), quien destacó ayer en Washington que “ejecuciones, desapariciones y torturas forman parte del catálogo de las numerosas violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad mexicana, que en su mayoría han quedado impunes, lo que provocó que la violencia se exacerbara en diversas regiones de México. En el territorio nacional, agrega, aún persisten las amenazas y agresiones de organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad contra defensores de derechos humanos y periodistas”, sin que el gobierno tenga la capacidad para impedirlo, por lo que la impunidad aparece de nuevo.

José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, destacó el reto que enfrentará el nuevo gobierno para llevar justicia a las víctimas y sus familiares de la guerra contra el narcotráfico, “con más de 60 mil muertos y miles de desaparecidos”. Vivanco reprobó el grado de irresponsabilidad de la gestión de Felipe Calderón, que sostuvo la tesis de que las víctimas de esta lucha fueron delincuentes y narcotraficantes, lo que dejó prácticamente en estado de indefensión a víctimas inocentes. Para poder afirmar eso, explicó, se tenía que investigar y determinar responsabilidades y a quienes son los responsables, lo que no se realizó en la anterior administración federal. Esa actitud colocó a las víctimas en “condiciones gravísimas” en materia de violaciones y abusos de derechos humanos, debido a que hasta hoy no han contado con un recurso judicial efectivo para investigar los hechos.

El activista resaltó también un reporte interno del gobierno mexicano, según el cual, la cifra de desaparecidos en los pasados seis años en México alcanzó los 25 mil.Si esa cifra se confirma, estamos hablando de una situación de gravedad absoluta”, dijo Vivanco. En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en México, HRW sostiene que el saldo dejado por la lucha contra el narcotráfico es lamentable, a partir del número de víctimas como por los abusos a manos de las fuerzas de seguridad. Aseguró que “aún persisten las amenazas y agresiones de organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad contra defensores de derechos humanos y periodistas”, y el gobierno no les ha brindado protección y tampoco ha investigado los delitos de los cuales han sido víctimas, a pesar de que se han adoptado leyes pero sin que se implementen los protocolos correspondientes. Destaca que en el mes de abril, México sancionó una ley para crear un mecanismo de protección destinado a defensores de derechos humanos y periodistas, pero aún se están diseñando los protocolos para evaluar los riesgos y asignar protección.

HRW denuncia que en México, la tortura “continúa siendo una práctica generalizada que se emplea para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas”. Explica que se aplica desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, y en este lapso, a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos. Ilustra que “las tácticas más comunes incluyen golpizas, asfixia, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte”. Y reprueba que “uno de los factores que perpetúa este problema es la aceptación, por parte de algunos jueces, de confesiones obtenidas mediante torturas u otros malos tratos, a pesar de que la Constitución prohíbe admitir este tipo de declaraciones”.

Otro factor es la impunidad militar. HRW subraya que “una de las principales causas por las que se repiten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca responden ante la justicia”. Esto se debe, en gran medida, a que los casos siguen siendo investigados por el sistema de justicia militar. Y fundamenta: la Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5 mil investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, entre enero de 2007 y abril de 2012, y durante este periodo, los jueces militares condenaron solamente a 38 militares por violaciones de derechos humanos. Eso se debe a que en México se delegó “mayormente al Ejército la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, por lo que en el marco de sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos”.

Human Rights Watch sustenta sus aseveraciones con datos contundentes: entre enero de 2007 y mediados de noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió informes detallados sobre 109 casos en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y recibió denuncias de 7 mil 350 abusos militares. Lo grave, destaca, es que casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente y “esto ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones del país”. Explica que la mayoría de los abusos cometidos por militares continúan siendo juzgados en el fuero militar, que carece de independencia e imparcialidad, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, en agosto de 2012, la inconstitucionalidad de la aplicación de la jurisdicción militar para juzgar violaciones de derechos humanos.

El informe anual de HRW describe perfectamente la amplia dimensión de la tarea del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública, respeto a la ley, combate a la impunidad y las acciones gubernamentales que se tienen que realizar para hacer prevalecer el Estado de Derecho. Muy pero muy chica le queda a esa tarea un programa como el anunciado por Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, no obstante que en éste participen las secretarías de Gobernación, Hacienda, Economía, Educación Pública, Salud, Desarrollo Social, del Trabajo y Desarrollo Agrario, que emprenderán “acciones concretas” para disminuir la delincuencia en el país, a partir de la primera quincena de febrero.

Campa informó que se trata de un “programa sin precedente” de prevención de la violencia, que contará con casi dos mil quinientos millones de pesos, monto muy por debajo de los seis mil millones de pesos que se invirtió por ejemplo tan sólo en el programa “Todos somos Juárez”, impulsado en la administración de Felipe Calderón para frenar la ola de violencia en esa ciudad fronteriza. El funcionario explicó que en las regiones más inseguras se llevarán acciones focalizadas como son la generación de empleos, promoción de actividades deportivas, recuperación de espacios públicos, combate a las adicciones, mientras que a nivel nacional se aplicarán programas para disminuir la violencia familiar, escolar, además de un programa para identificar de manera oportuna los problemas de aprendizaje y conducta de los niños. Agregó que en una segunda etapa, se prevé implementar medidas concretas para los centros penitenciarios y para reincorporar a la sociedad a quienes purgaron una condena, con el fin de evitar la reincidencia.

El avance de la administración de Enrique Peña Nieto para afrontar lo que posiblemente es el principal reto de su administraciónno las mentadas reformas estructurales- es imperceptible, además de que afronta obstáculos serios. Para empezar, el nuevo gobierno ya alista cambios a la Ley General de Víctimas, misma que vetó Felipe Calderón y que el nuevo gobierno decidió publicar. Mariana Benítez, subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales, anunció que ya se trabaja en una propuesta para ajustar dicha ley y dijo que “en breve” será enviada al Congreso.

En el foro “Derechos de las víctimas y la nueva Ley General de Víctimas”, organizado por el Senado, la funcionaria destacó que entre los cambios a la ley se contempla acotar el catálogo de delitos por los cuales el Estado está obligado a reparar el daño; establecer claramente en la redacción que, en primer lugar, la víctima tratará de cobrar la indemnización con cargo al patrimonio del sentenciado, y una vez que pase eso, entonces, en forma subsidiaria, el Estado hará la compensación; y adelgazar la estructura del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Los senadores del PAN sostuvieron que esta ley “nunca debió publicarse porque tiene muchas deficiencias y carencias”. Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, informó que al año se denuncian en promedio 2 millones de delitos de todo tipo, y la reparación del delito en la citada ley asciende hasta un millón de pesos por cada caso, con lo que “plantean un problema financiero serio”. A su vez, José Roldán Xolpa, investigador del ITAM, explicó que si los servidores públicos hacen algo mal, es obligado pagar, pero aclaró que el pago de las indemnizaciones tendrá un costo para la sociedad, pues los recursos deberán salir del aumento de impuestos.

INCIATIVAS PREFERENTES

La sobreutilización del anuncio hecho por Enrique Peña Nieto, relacionado con las iniciativas preferentes, y su decisión de no utilizar esa figura para presionar al Congreso con límites de tiempo para las aprobaciones solicitadas, no hace sino redondear toda una estrategia en la que, para muchos resulta inexplicable, se privilegia la reforma energética por encima de la fiscal cuando, la segunda tiene un punto de sostén importantísimo en los presupuestos nacionales. Los que de esto saben, señalan que no pueden abrirse las puertas a nuevas inversiones en ese y otros terrenos si antes no se cuenta con una legislación fiscal que ponga todo en orden o, ¿se trata de fabricar, posteriormente, un traje a la medida de los nuevos y petrolizados inversionistas? 

Le han dado una y mil vueltas a las declaraciones sobre si se fijará un Impuesto al Valor Agregado a los alimentos y las medicinas. Unos dicen , otros no, la oposición presenta negativas momentáneas para, posteriormente, hablar de un “cuadro básico” exento, etcétera, pero no se menciona otros impuestos que ya son una verdadera carga para los ciudadanos, para las empresas que no cuentan con los privilegios de la cercanía con el poder. La eliminación del IETU no ha vuelto a ser tocada y sí, en cambio, ya se revela que posiblemente habrá otro incremento al ISR. Son cuotas del IMSS, del Infonavit, el Impuesto Sobre Nóminas, el IETU, el IVA no sólo en productos sino en todos los servicios y, a cambio, no se reciben sino fraudes y corruptelas.
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