Homozapping
El doble filo de la Ley de Amparo: primer round entre Concesionarios y EPN
(Segunda Parte)
Jenaro Villamil
Segunta parte del texto publicado originalmente en la Revista Proceso.
Consulta la primera parte aquí.
En medio de un intenso y público cabildeo de los grupos empresariales y los representantes de la “telebancada”, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, con 360 votos a favor, 70 en contra y 3 abstenciones el decreto que reforma, adiciona y deroga la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Fue la primera reforma a una ley con 76 años de antigüedad.
La discusión más fuerte se generó cuando
discutían, en lo particular, el artículo 129. El panista Mario Sánchez,
ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, propuso modificar el
dictamen de comisiones. Argumentó que un cambio así “dejaría sin
protección efectiva a concesionarios de bienes del dominio directo en
todos los casos”.
El
coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, argumentó en
contra del dictamen, pero advirtiendo que un cambio así no sólo
afectaba a los “poderes fácticos” sino a las comunidades agrarias,
indígenas, ejidos ante actos de autoridad. “Se llevarán entre las patas
también a las comunidades más pobres del país”, afirmó.
La votación sobre este punto fue muy
cerrada: hubo sólo 18 votos de diferencia, 235 votos en contra de la
modificación propuesta por el panista Mario Sánchez, 218 votos a favor y
dos abstenciones.
Las fracciones de los partidos se
dividieron. La “telebancada” que apoyó la propuesta de Sánchez votó en
bloque, incluso, en contra de la línea de sus coordinadores: Jorge
Mendoza, del PRI y ex directivo de TV Azteca, votó en sentido contrario a
la mayoría tricolor; los 7 legisladores del Verde más vinculados a
Televisa y a empresas de telecomunicaciones también se sumaron, como el
caso de Javier Orozco Gómez, Carla Padilla, Mónica García o Federico
González Luna.
Los legisladores de la “telebancada”
votaron en el mismo sentido que muchos de los diputados de izquierda. La
bancada del PRD fue la más dividida: 29 a favor de eliminar la figura
de la “suspensión”, 49 en contra; en el PT 4 en contra y 9 a favor;
mientras que los 17 del Movimiento Ciudadano votaron en el mismo sentido
que la “telebancada”, pero con argumentos diferentes.
La minuta de la Cámara de Diputados
llegó al Senado el 14 de febrero, día del Amor y la Amistad. Las cúpulas
empresariales suspendieron la aguerrida campaña que traían en medios
electrónicos y la misma Cámara Nacional de la Industria de Radio y
Televisión, organismo cúpula de los concesionarios, emitió un comunicado
menos aguerrido que sus posiciones dos días antes.
El presidente de la CIRT, Tristán
Canales, directivo de TV Azteca, afirmó que la defensa de sus intereses
se hará “sin confrontarnos con la autoridad. Es decir, fortaleciendo el
diálogo y asumiendo una colaboración respetuosa con las instituciones
del Estado”.
La minuta se turnó a la Comisión de
Justicia y el líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón afirmó
que iban a revisar las “ocho modificaciones que se hicieron” y evitó
especular sobre si se harán cambios a lo aprobado en Cámara de Diputados
con una votación muy cerrada.
“Nadie nos va a presionar si es rápido o
vamos a tardar”, afirmó Gamboa Patrón, identificado como uno de los
legisladores más cercanos a los grupos mediáticos.
Por su parte, el presidente de la Mesa
Directiva, el panista Ernesto Cordero, también reiteró que no existen
“plazos fatales”. “Estas cosas se tienen que estudiar, se tiene que
analizar con mucha calma y el Senado de la República así lo ha hecho y
lo seguirá haciendo”, reiteró el ex precandidato presidencial del PAN.
Versiones de senadores integrantes de la Comisión de Justicia confiaron a Proceso que
los cambios realizados en la Cámara de Diputados no se modificarán en
el Senado, incluyendo el polémico tema de las suspensiones.
“Justos por Pecadores”
La abogada Irene Levy, directora de
Observatel e integrante del Consejo Consultivo de la Cofetel, y Jorge
Alvarez Hoth, especialista en el sector y ex subsecretario de
Comunicaciones, coincidieron en destacar que en estos cambios “pagan
justos por pecadores” porque si bien se detienen a los poderes fácticos
también se le otorga un poder extralimitado al titular del Ejecutivo
federal.
Por su parte, Salomón Padilla, abogado y
vicepresidente de la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de
México, que agrupa a los cableros más pequeños, es más pesimista frente a
estos cambios.
“Si todos dicen que el gobierno federal
está dominado por los poderes fácticos, por qué le das más poder al
gobierno. Finalmente, acabará beneficiando a los poderes fácticos. A
partir de ahora, no habrá manera de parar a Televisa en ninguna
licitación. Si querían promover la competencia, esta no es la manera”,
afirmó Padilla.
Irene Levy consideró que “sí se van a
tener efectos positivos en cuanto a que se evita que algunas empresas
especulen o presionen a través de la suspensión. Sin embargo, se corrige
un problema, pero se crean otros”.
Entre esos problemas no resueltos Levy
mencionó que aún no está claro qué sucederá si una empresa concesionara
se ampara frente a una expropiación, no le dan la suspensión, no está
claro cómo le van a restituir sus derechos o cómo el Estado va a
indeminizarla. “No quedan claros los efectos en estos caos”, indicó.
“Le das demasiado poder al Ejecutivo
federal porque ya no son suspendibles sus actos de autoridad. En
términos jurídicos, existirá ahora una presunción de legitimidad en
beneficio de la autoridad. Antes era en beneficio de los ciudadanos o
los afectados”, señaló la especialista.
-¿Qué va a pasar entonces con las nuevas licitaciones?
-Hay que pedir decisiones más
transparentes, consultas públicas y que la autoridad funde y motive su
decisión. Esto hace más difíciles las licitaciones. Yo he recomendado en
la Cofetel que sigamos los estándares internacionales en esta materia
que recomiendan consultas públicas a los sectores involucrados.
-¿Cómo observa la reacción de los grupos mediáticos y de los empresarios?
-Es el primer round entre ellos y el gobierno federal.
Por su parte, Alvarez Hoth considera que se trata de aplicar la “ley del Péndulo”, ahora a favor del gobierno federal.
“Es una modificación trascendental de la
relación de los poderes fácticos de cualquiera de estos sectores con el
gobierno y el Estado mexicano, producto de una ley natural de la vida
que se conoce como la ley del Péndulo y que simplemente señala que
cuando las acciones se cargan demasiado de un lado, es inevitable que
eventualmente se carguen demasiado del otro”, explicó.
En la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes el tema de los amparos y las suspensiones era “gravísimo”
porque paralizaba a la autoridad en varios temas del sector, recordó
Alvarez Hoth.
Salomón Padilla consideró que las
diferencias surgidas antes de la aprobación de la ley es un “pleito
arreglado” entre los grandes concesionarios y el gobierno federal.
“Imagínate si ahora se subasta la banda
2.5Ghz y el gobierno decide entregársela a Televisa. Ya no hay manera de
parar esta decisión si la autoridad lo justifica como una medida de
interés público. No habrá manera de parar o modificar una sola subasta”,
explicó.
Para Padilla, “la jugada del PRI fue
sensacional. Les hizo creer a algunos diputados que era el momento de
parar a Televisa y a los poderes fácticos, cuando en realidad, se van a
poner de acuerdo, pero ahora con las reglas de la presidencia de la
República”.
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