Según Pri no es grave violar laConstitución

¡¡Exijamos lo Imposible!!

Complicada transición 

Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

Invalidar la elección, exigen PRD-PT-MC
Elecciones extraordinarias , piden al TEPJF
Crisis alimentaria : importan huevo y maíz
SCJN da más restricciones al fuero militar
Impunidad , sello preferencial de Calderón

“El que vive de esperanzas corre el riesgo de morirse de hambre”: Benjamin Franklin

Todo parece indicar que la vuelta al pasado, es decir, la transición del panismo al priísmo, no será tan tersa como desearían Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los acuerdos alcanzados en sus largas y frecuentes conversaciones entre el actual inquilino de Los Pinos y el ex gobernador mexiquense, en los que destacan, sin duda alguna, la impunidad para los calderonistas los próximos seis años, a pesar del cínico saqueo a las arcas del país, la masacre de más de 60 mil mexicanos y el tiradero que deja el segundo régimen de filiación panista, enfrenta un escollo importante en la figura de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Progresista que encabeza y que no está dispuesto a renunciar a su intento de alcanzar la Presidencia de la República y dejarla en manos de la nomenklatura priísta, cuyo “líder moral” es Carlos Salinas de Gortari.

El conflicto postelectoral se calienta cada vez más conforme se acerca la fecha de la calificación de la elección del pasado 1 de julio, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que según las señales difundidas por los integrantes del máximo tribunal en materia electoral del país, será en el sentido de validar el presunto triunfo de Peña Nieto en las urnas, a pesar de las múltiples pruebas sobre las irregularidades y la compra del voto en que se sustentó esa aparente victoria de la vieja y rancia “neoderecha” priísta sobre los partidos de izquierda que postularon a Andrés López Obrador.

Por principio de cuentas, ante el TEPJF, la coalición Movimiento Progresista apeló la resolución del Instituto Federal Electoral (IFE) que negó que el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, hubiese incurrido en diversos actos anticipados de campaña, así como en propaganda encubierta en diversos medios de comunicación. Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano calificaron de incongruente y violatoria al principio de legalidad la resolución del IFE, y consideraron que no se realizó una investigación exhaustiva en diversos medios de comunicación.

También los dirigentes de los partidos que integran la coalición Movimiento Progresista, el perredista Jesús Zambrano y el petista Alberto Anaya, advirtieron a los magistrados del TEPJF, María del Carmen Alanís, Pedro Esteba Penagos y Manuel Oropeza, que habrá consecuencias graves si se valida la elección presidencial, entre las que destacaron el riesgo de un estallido social en México, en caso de que no se valoren todas las pruebas y alegatos presentados en el proceso de inconformidad por los comicios del 1 de julio pasado.

Los líderes de los partidos de izquierda dejaron claro a los magistrados electorales que en la calificación de la elección deben contemplar las condiciones económicas, políticas y sociales por las que atraviesa el país. Zambrano destacó que advirtieron a los magistrados que validar la elección intensificaría la inconformidad de los grupos que rechazan a Peña Nieto, y que no militan en los partidos de izquierda, por lo que los exhortaron a analizar a fondo las pruebas presentadas para invalidar los comicios y no descartar la posibilidad de realizar elecciones extraordinarias.

El dirigente perredista informó que propusieron a los magistrados que extiendan el plazo constitucional para emitir el fallo en torno a la calificación de la elección presidencial. También les demandaron que contemplen los artículos 344 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su numeral “E”, que corresponde al concepto de exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo General del IFE y que constituye infracciones a los candidatos a cargos de elección popular, así como el 354 en su numeral “C” donde se manifiesta la pérdida del derecho del candidato o precandidato infractor en su registro por razones de violación a la Constitución.

También Alberto Anaya subrayó que la decisión que tome el TEPJF tiene muchas consecuencias, no sólo de carácter jurídico, porque “podemos llegar a la situación de estados fallidos si no procede la invalidación de la elección (…) si en esta elección no se procede conforme a derecho, las consecuencias van a ser graves, no es cualquier elección”. Agregó que para todos es claro el tema de la inseguridad, crisis económica y diversas situaciones que si no cambian y el modelo se mantiene, “es previsible estallidos sociales”.

Tras la conferencia de prensa, en la que se dio a conocer lo anterior, el PRI respondió de inmediato. El dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Pedro Joaquín Coldwell, condenó el intento de los dirigentes del PRD y PT de “amedrentar” con conflictos sociales, si el Tribunal no invalida la elección presidencial. El quintanarroense destacó que “el país no puede ser rehén permanente de un conflicto postelectoral por el capricho de un candidato derrotado… hay que dar vuelta a la hoja y dar paso a la etapa de enfrentar los graves problemas que tenemos en México”.

Coldwell sostuvo que la elección del pasado 1 de julio fue válida y equitativa, y dijo que los “agravios de parte de los impugnadores resultan frívolos y sin sustento”. Subrayó que es un grave error del Movimiento Progresista advertir a la sociedad de supuestos estallidos sociales y consideró que “un discurso político en esa dirección no contribuye al bien del país.” A su vez, el diputado electo Jesús Murillo Karam respondió a la propuesta de extender el plazo constitucional para después del 6 de septiembre próximo, señaló que esto atropellaría la ley y remató que “no podemos, mediante amenazas o presiones a la sociedad y a los tribunales, pretender imponer su capricho. Resultaría grave si alguien se impone con un capricho, violentando la decisión de la mayoría en el país”.

RIESGO DE CRISIS ALIMENTARIA

El riesgo de crisis alimentaria en México ya obligó a la administración de Felipe Calderón a autorizar la importación de al menos 121 mil toneladas de maíz y una cantidad no especificada de huevo. No obstante, y ante el silencio del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, rechazó una vez más que exista riesgo de crisis alimentaria en el país, ante el reciente incremento de precios en algunos de los alimentos básicos como el huevo, pues, aseguró, está asegurado el abasto de granos y del resto de productos agropecuarios. 
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