Justo cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del país se discutían los límites al fuero militar, la PGR dio a conocer con espectacularidad inusual la detención de Carlos de la Barrera Vite –cercano colaborador del ministro Sergio Valls–, a quien acusa de haber vendido información al cártel de Sinaloa. Acerca de este “golpe” que lesiona al máximo tribunal del país, pero de manera particular al muy influyente ministro Valls, el funcionario judicial dice a Proceso que él está siendo usado como “instrumento” por el gobierno de Felipe Calderón para “atacar a la Corte”.
Desde el Poder Ejecutivo, el golpe contra el Poder Judicial fue certero. Directo, se dirigió contra el grupo de secretarios (“ponencia”, en la jerga judicial) más vulnerable, el que trabaja al servicio de Sergio Valls, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por su oficina, según el gobierno de Felipe Calderón, se infiltró en el máximo tribunal del país el Cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán.
Nunca antes la Suprema Corte había sido exhibida por la presunta relación de uno de sus empleados de confianza con la delincuencia organizada. El lance abonó las acusaciones de Felipe Calderón contra el Poder Judicial al quejarse de “los jueces corruptos” liberadores de narcotraficantes que su gobierno “detiene y detiene”, y ocurrió en momentos en que esa instancia iniciaba las discusiones sobre los límites del fuero militar en México.
La noche del viernes 10, en el noticiario estelar de Televisa, la Procuraduría General de la República (PGR) soltó la imputación contra Juan Carlos de la Barrera Vite, hombre de las confianzas de Valls: vendió en miles de dólares expedientes con declaraciones ministeriales de enemigos del capo sinaloense.
Esta información crispó los ánimos en la Corte y las miradas se centraron en Valls, cuya posición en el Poder Judicial quedó vulnerada si bien es uno de los ministros más cercanos al presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan Silva Meza.
Para cuando la PGR asestó el golpe mediático a la Corte, habían pasado ya dos semanas de la detención y una semana de que se le dictó la formal prisión a Barrera Vite, a quien Valls conoce desde que era su alumno en la Universidad Intercontinental. Cuando se tituló, en 1997, lo llevó como su secretario auxiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde Valls era director jurídico bajo la gestión de Genaro Borrego Estrada. Era el gobierno de Ernesto Zedillo.
Zedillo designó a Valls representante del Ejecutivo federal en el CJF –el organismo encargado de administrar, vigilar y supervisar los juzgados y tribunales federales– y el entonces consejero designó a Barrera Vite secretario técnico de su ponencia, nombre con el que se conoce al grupo de secretarios que trabajan al servicio de cada ministro.
El ahora acusado también fue secretario técnico en la ponencia de María Teresa Herrero Tello, a quien Vicente Fox nombró consejera de la Judicatura en representación del Ejecutivo.
A finales de 2004, cuando a propuesta del presidente Fox el Senado designó a Valls en la Corte, el flamante ministro le dio espacio a De la Barrera en su ponencia como secretario de estudio y cuenta, figura de confianza en la que los ministros delegan el estudio, análisis y propuestas de proyectos de resolución.
Con ese puesto lo tuvo tanto en la Primera Sala, encargada de los asuntos civiles y penales que llegan a la Corte, como en la Segunda, que lleva los casos administrativos y laborales. Valls presidió la Primera Sala y actualmente encabeza la Segunda. El exempleado del ministro es recordado en el organismo judicial por sus despliegues de ostentación, pues conducía autos de lujo y alardeaba de ser amigo de uno de los hijos de Valls.
Acusaciones
Entre marzo de 2010 y marzo de 2011, De la Barrera hizo un paréntesis en su relación de trabajo con Valls. De acuerdo con la versión difundida por la PGR, entre junio y noviembre de 2010 fue fiscal en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuando esta dependencia era encabezada por Marisela Morales Ibáñez, actual titular de la PGR.
Sin registro laboral en cuatro meses, en abril del año pasado regresó a la Corte al amparo de Valls, pero ya no para hacer trabajo jurídico sino para ocupar un puesto administrativo clave, de la mano de Carlos Alberto Muñoz Ángeles, director general de Recursos Humanos de la SCJN y también cercano a Valls. En el organigrama del máximo tribunal, Muñoz depende del Oficial Mayor, Rodolfo Héctor Lara Ponte, puesto que ocupa gracias a Silva Meza desde antes de que éste llegara a la presidencia de la institución (Proceso 1769).
De la Barrera Vite ocupó entonces una dirección en Recursos Humanos. Además de controlar la información administrativa y patrimonial de todos los ministros, esa área está a cargo del pago al personal.
Fue detenido el sábado 29 de julio en Acapulco, Guerrero, por la Policía Federal Ministerial de la PGR, acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
La acción de la dependencia contra el exempleado de la Corte y de la propia SIEDO se había desatado tres días antes, el 26 de julio, cuando la juez Décimo de Distrito de Procesos Penales dictó la orden de aprehensión. De Acapulco fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 3, en Matamoros, Tamaulipas.
Una semana después, el martes 7, fue declarado formalmente preso, acusado de ser informante de Felipe Cabrera Sarabia, El Ingeniero, El 1 o El Señor de la Sierra, quien fue operador del Chapo Guzmán en Durango y Chihuahua hasta que fue detenido en diciembre último por el Ejército en Culiacán, Sinaloa.
La SIEDO acusa al “funcionario de la Corte” de haber recibido entre 50 mil y 100 mil pesos por las declaraciones ministeriales de testigos protegidos adversas al Chapo, entre éstas las de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, uno de los jefes del Cártel de los Beltrán Leyva, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, que también trabajaba para esos hermanos.
Según datos contenidos en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012, que la PGR ventiló en medio de los señalamientos a la Corte, las indagatorias contra De la Barrera comenzaron en febrero pasado; es decir, cuando ya había regresado al organismo judicial. Sus acusadores son testigos protegidos.
Los movimientos de la PGR ocurrieron mientras el personal de la SCJN estaba de vacaciones. El golpe fue aún más duro porque Valls integraba la comisión del receso judicial junto con el ministro Fernando Franco.
Valls ya no completó la encomienda. El lunes30, un día después de la detención de quien fuera su colaborador, fue hospitalizado de emergencia y se reincorporó a su trabajo el lunes 13, cuando todavía seguían las filtraciones de la PGR.
La SCJN sugirió que había estado al tanto de la investigación de la SIEDO contra De la Barrera. En un comunicado que la dependencia emitió la misma noche en que Televisa difundió la acusación de la PGR, aseguró haber colaborado “con las autoridades ministeriales desde el momento que éstas solicitaron información sobre dicha persona”. Sin embargo, no precisó desde cuándo había sido requerida por el Ministerio Público federal.
En cambio, deslindó de todo señalamiento a Valls, pues, indicó, “no tiene relación con los hechos” imputados a su excolaborador, de quien dijo “sólo realizaba labores administrativas en el área de personal” y no tuvo acceso a la información sensible de este órgano jurisdiccional”.
Litigios “agazapados”
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