Alfredo Cristalinas Kaulitz
¡¡Exijamos lo Imposible!! MEXICO, DF, 18 de agosto (Jesusa Cervantes/Proceso).- Mientras el IFE mantiene “secrecía” ante las denuncias de financiamiento irregular en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, siguen apareciendo más señales de anomalías en torno al proceso electoral. Es el caso del vínculo entre la Fundación Isidro Fabela, allegada al PRI, y la transferencia electrónica de 50 millones de pesos que el gobierno del Estado de México hizo en pleno proceso electoral al particular Marco Antonio González Pak.
Hay más: empiezan a detectarse las estrechas relaciones entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el director de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas Kaulitz, así como las de ejecutivos de Soriana, Banamex, Monex, HSBC (y su antecedente, Bital). A decir de especialistas, esto pone en duda la imparcialidad o apunta hacia una complicidad de las autoridades obligadas a indagar la participación de la banca en el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial del PRI.
Marco Fuentes Franco, encargado del Centro de Estudios del Sector Bancario y estudioso de la evolución de la banca mexicana, analizó el último estado de cuenta de la cadena de supermercados Soriana –que otorgó las tarjetas prepagadas que presuntamente se usaron para comprar votos en favor del PRI– y detectó que no se justifican las ganancias de 2 mil millones de pesos que tuvo entre abril y junio pasados.
Además recordó que Ricardo Martín Bringas, dueño de Soriana, también forma parte del consejo de administración de Banamex y lo fue de Bital, el banco que antes de ser adquirido por HSBC tenía cuentas millonarias en las Islas Caimán. Igualmente Pedro Dondé Escalante, hoy propietario de Monex, formó parte del consejo de Bital.
La participación indistinta en Bital, HSBC, Soriana, Monex y Banamex de Pedro Dondé Escalante, Ricardo Martín Bringas, Eduardo Tricio Haro e incluso Emilio Azcárraga Jean –propietario de Televisa y miembro de Banamex, institución asociada con Soriana para la emisión de tarjetas– hacen al encargado del Centro de Estudios del Sector Bancario sospechar de una posible complicidad de la banca con el PRI.
El depósito millonario
El viernes 10 el senador Ricardo Monreal Ávila presentó lo que llamó una nueva prueba del presunto fraude electoral del PRI: un comprobante electrónico de pago que hasta ese momento se podía consultar en la página electrónica del Banco de México y que ya fue eliminado –según dijo– y evidenciaba una operación del 19 de junio de 2012 en la que BBVA-Bancomer emitía, por orden del gobierno del Estado de México, un pago de 50 millones de pesos a una cuenta en Scotiabank a nombre de Marco Antonio González Pak.
El gobierno mexiquense rechazó haber hecho esa operación bancaria y de nueva cuenta aseguró que Monreal mentía. Ese día el senador petista reveló que el único dato encontrado de González Pak fue que aparece como gerente de ventas de la empresa Industrias Gil and Eagle, radicada en Chihuahua.
Así como la triangulación de recursos que han dado a conocer los medios establece diversas rutas para borrar el rastro del dinero que fue a parar al PRI mediante varias empresas, los 50 millones de pesos que según los documentos de Banxico salieron de las arcas mexiquenses se relacionan con la Fundación Isidro Fabela, organismo cultural de corte priista.
Industrias Gil and Eagle S.A. de C.V. se fundó hace 50 años y se dedica “a la fabricación de plataformas, cajas secas y refrigeradas para vehículos, desde una minitruck hasta un semirremolque para tractocamión”, según su página de internet.
El sitio electrónico de la empresa muestra fotografías de las diversas plataformas, paneles o cajas que elabora; sobre distintos camiones, autos o simples ruedas aparecen montados prototipos de anuncios publicitarios o propaganda política. A este tipo de camiones y plataformas las llama “rotabus” y tienen como lema “publicidad en el camino”.
Una búsqueda específica sobre los rotabuses muestra que entre sus principales clientes están el PRI, el gobierno de Chihuahua y empresas privadas. Además, al rastrear el dominio de internet de la empresa se encontró que su “contacto administrativo, técnico y de pago” es Alberto de la Peña Grajeda cuyos apellidos coinciden con los de Santiago de la Peña Grajeda.
Este último es un abogado a quien el 22 de agosto de 2011 Arturo Peña del Mazo, tío de Enrique Peña Nieto, nombró presidente de la recién creada sede chihuahuense de la Fundación Isidro Fabela.
Peña del Mazo es presidente nacional de la Fundación Cultural Isidro Fabela.
A la toma de posesión de De la Peña Grajeda asistieron el presidente del consejo consultivo de dicha fundación, el exgobernador de Puebla Guillermo Jiménez Morales y el actual mandatario de Chihuahua, el también priista César Duarte Jáquez.
Dos días después, De la Peña Grajeda aseguró que no está afiliado a ningún partido político y agregó: “No es ningún pecado, ni algo que debamos esconder, que nuestro presidente nacional sea el ingeniero Arturo Peña del Mazo, quien es tío de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México (aún lo era) y un cuadro valioso del PRI”.
Santiago de la Peña ha sido abogado de la representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Chihuahua además de asesor de la Oficina de la Presidencia de la República.
El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila y en particular su secretario de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings, han descalificado los documentos de transferencias bancarias del erario local hacia particulares, como esos 50 millones de pesos a González Pak.
En 2009 Murrieta sustituyó a Luis Videgaray en la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Es hermano de Carlos Rafael Murrieta Cummings, director corporativo de Operaciones de Pemex, el encargado de mantener en óptimas condiciones los miles de kilómetros de ductos que trasladan por el país la gasolina y el crudo, los que han sido robados por el crimen organizado con más frecuencia este sexenio. También es hermano de Antonio Murrieta Cummings, gerente de administración financiera del corporativo Pemex.
Banqueros y funcionarios
Así como la presunción del traspaso de 50 millones de pesos del gobierno del Estado de México a un particular y de ahí a la campaña de Peña Nieto debe ser investigada por el IFE, el instituto también está obligado a aclarar si el dinero utilizado para las tarjetas Soriana, Monex y algunas de Banamex formaron parte de la triangulación irregular en los comicios, como lo denunciaron en su momento el PAN y el Movimiento Progresista.
El IFE, y en particular su Unidad de Fiscalización, a cargo de Cristalinas Kaulitz, está facultado y obligado por ley a investigar las denuncias sobre el uso de recursos ilegales en la campaña presidencial y para ello ya no tiene el obstáculo del secreto bancario, por lo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las instituciones bancarias implicadas (Monex, Banamex, Soriana, Scotiabank, Santander y Bancomer) deben proporcionar toda la información de la que dispongan relacionada con el caso.
Actores políticos implicados en esta trama financiera y que piden el anonimato manifiestan sus sospechas de que esté ocurriendo una simulación y no una indagación real.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, director del SAT, fue propuesto para ese cargo por Felipe Calderón y avalado por el Senado el 9 de julio de 2008.
Este personaje, nieto de Antonio Ortiz Mena –quien fue titular de Hacienda en los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz–, en 1989 fundó el despacho Ortiz, Sainz y Tron y en 1995 ingresó a la Secretaría de Hacienda. Entre 1997 y 2001 trabajó en despachos privados como en White & Case, el que defendió a Banamex en el litigio abierto tras la compra de sus acciones por Citigroup, transacción en la que se evitó un millonario pago de impuestos.
En 2003, cuando José María Zubiría Maqueo fue nombrado director del SAT designó a Gutiérrez Ortiz Mena administrador general jurídico y en 2006 pasó a la dirección de Grandes Contribuyentes. Por el mal desempeño de las áreas jurídica y de Grandes Contribuyentes el gobierno federal perdió cientos de juicios ante empresarios, como lo estableció la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública de 2005, lo que tuvo un costo para el erario federal de 680 mil millones de pesos.
No obstante en 2008 fue nombrado director del SAT. Junto a él trabajó el hoy titular de la Unidad de Fiscalización del IFE, Cristalinas, quien entró a esa instancia en 1999 y ocupó, como Gutiérrez Ortiz Mena, diversas administraciones generales.
El 27 de febrero de 2009 Cristalinas fue nombrado encargado de la Unidad de Fiscalización del IFE, así que por lo menos de 2003 a 2009 fue par de Gutiérrez Ortiz Mena y su subalterno al menos un año.
Cristalinas dirige a 200 empleados especializados, entre ellos proyectistas y auditores junior y senior, como les llama, para desenmarañar la presunta triangulación de recursos ilegales al PRI, además de contar con el auxilio del área jurídica del IFE. Ambas áreas son autónomas.
Esos 200 empleados, junto con el SAT y el encargado de la CNBV tienen toda la documentación de los bancos que pudieron haber intervenido en la maraña de triangulaciones financieras. El problema es que, según Fuentes Franco, hay dudas sobre la imparcialidad de autoridades y banqueros.
Y como ejemplo está el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz Torres, quien ya desde su anterior cargo (titular de la Sociedad Hipotecaria Federal), fue cuestionado por legisladores por haber autorizado a los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros de Vicente Fox, créditos por 162 millones de pesos para remodelar casas adquiridas a precio de ganga y vendidas luego a empleados del ISSSTE, pese a que las propiedades estaban hipotecadas.
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