Hambruna en puerta
MEXICO, D.F., 16 de agosto (ESTADO DE LOS ESTADOS/LILIA ARELLANO) A los
graves problemas de inseguridad pública que caracterizan a la
administración de Felipe Calderón y que lo acompañan hasta el final de
su gestión, y a los profundos desequilibrios sociales como consecuencia
de la expansión de la pobreza y agudización de la miseria en los últimos
seis años, se suma la amenaza del hambre en amplias regiones del país
que, obligadamente, generarán inestabilidad e ingobernabilidad, sin que
se haya tomado ninguna previsión para hacer frente al desolador panorama
de los próximos meses, ni dentro del Poder Ejecutivo, menos en el
Legislativo, donde están concentrados en el reparto de posiciones
políticas y, por ende, de prerrogativas económicas.
Lo peor frente a la indolencia de autoridades y legisladores, federales y
estatales, es que el alza de los alimentos en todo el territorio
nacional, que se ha resentido en los incrementos a la tortilla, el
huevo, pollo, carne de res y muchas legumbres, esta castigando más a las
familias de los estratos más miserables, con ingresos paupérrimos, que
no obstante dedican más de la mitad de sus recursos monetarios a la
compra de alimentos. Este escenario no habrá de mejorar en el corto
plazo, ya que la caída de la producción de alimentos como consecuencia
de la sequía y los aumentos mensuales a los combustibles, siguen
presionando a la alza del costo de los productos alimenticios.
La alarma global sobre una crisis de alimentos similar a la del 2008 ya
se encendió, pero en México parece no preocuparle a nuestros actuales
gobernantes (ni a los próximos) más interesados por evadir la acción de
la justicia al concluir su periodo en el que proliferaron las
irregularidades y las omisiones en el ejercicio de sus
responsabilidades, que en realizar acciones de previsión ante la crisis
que ya está aquí.
Es un completo misterio lo que va a llevar a cabo el próximo Presidente
de la República, dado que ni siquiera existe la certeza de que el
presunto triunfo de Enrique Peña Nieto sea ratificado por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que analiza los
recursos de impugnación presentados por la coalición del Movimiento
Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador, quien se ha
dedicado las últimas semanas a esforzarse en demostrar que la elección
presidencial “fue comprada” con recursos de origen ilícito por el equipo
de campaña del aspirante del PRI-PVEM. Eso ha hecho que el ex
gobernador del Estado de México se mantenga al margen de los reflectores
de los medios de comunicación y que haya sido aconsejado por sus
asesores de imagen para que no haga declaraciones en torno a ese y a
ningún otro tema.
Por lo que toca a las acciones del Poder Legislativo, los flamantes
coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN, en las cámaras de
Senadores y de Diputados, se han concentrado en obedecer las voces de
sus verdaderos amos y han destacado su intención de “sacar adelante” las
reformas estructurales “que el país necesita” en materia energética,
económica, fiscal y laboral, no obstante que se han llevado a cabo desde
la implementación del neoliberalismo en México durante las
administraciones de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón, y
que visto esta no sirvieron de nada a la población mexicana, pero sí
permitieron la consolidación de una elite mexicana con fortunas
fabulosas como la de Carlos Slim, considerado el hombre más acaudalado
del mundo.
Ninguno de los coordinadores parlamentarios de la próxima legislatura,
ni por equivocación ha llamado la atención a la necesidad de proteger a
las familias más pobres del país ante el desolador panorama nacional y
mundial en el rubro de la producción, comercialización y adquisición de
alimentos, que han resentido un encarecimiento sumamente peligroso, con
el riesgo de que aún, más mexicanos sean llevados a condiciones de
pobreza y que, no obstante, la especulación de los productos de la
canasta básica permite aumentar las ganancias de quienes tienen el
control del mercado de los alimentos, ante la lamentable ausencia de un
órgano oficial regulador de precios.
No hay ni en los planes, proyectos o programas del equipo cercano a Peña
Nieto, ni en las coordinaciones parlamentarias del PRI y PAN, bancadas
mayoritarias en el Congreso de la Unión, ningún plan de contingencia con
una estrategia básica o completa para asegurar el futuro alimenticio
del país. También de esto adolecen los proyectos de los partidos de
izquierda en el Congreso.
POBREZA ILIMITADA
Las familias más pobres de nuestro país son las que más sufren. Datos
oficiales de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
revelan que el 10 por ciento de la población que se encuentra en la
escala más baja de la distribución del ingreso en el país destina 48.6
por ciento de sus recursos al gasto de alimentos. Si se toma como
referencia el salario mínimo, las familias que tienen como ingreso uno
de éstos dedican 58.8 por ciento de su gasto a la compra de alimentos.
Y la situación tiende a empeorar porque los precios de los alimentos
seguirán incrementándose. Por lo pronto, el precio del maíz y del trigo,
dos de los granos que con el arroz constituyen la base de la
alimentación de la mayoría de los habitantes, aumentó casi 50 por ciento
desde junio. El Banco Mundial advirtió que las alzas continuarán,
mientras la sequía mina las cosechas de Estados Unidos, el principal
productor de maíz del mundo. “La inestabilidad del costo de los
alimentos genera una preocupación creciente”, subrayó en un reciente
reporte el BM, que destaca que este año se han elevado los precios de
todos los granos, salvo el arroz.
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