El IFE Consagra la Publicidad Encubierta de Peña Nieto
Jenaro Villamil De nada sirvieron para el Instituto Federal Electoral las investigaciones publicadas por The Guardian, por la revista Proceso desde 2005, por el libro Si Yo Fuera Presidente, por las revelaciones hechas por el reportero español José María Siles y, sobre todo, por los propios informes de Grupo Televisa ante la Securities Exchange Comission (SEC), autoridad bursátil, de Estados Unidos.
Por una mayoría de 8 votos a favor y
sólo 1 en contra del consejero Alfredo Figueroa, el Consejo General del
IFE determinó el jueves 16 de agosto que “no existen elementos” para
acreditar que de manera irregular Enrique Peña Nieto compró espacios de
televisión disfrazados de cobertura noticiosa.
En una de las decisiones más polémicas,
los ocho consejeros respaldaron el dictamen de la secretaría ejecutiva
del IFE, que desechó la queja presentada por el representante de la
coalición Movimiento Progresista, Camerino Márquez. Consideraron que la
operación de promoción a Peña Nieto no violó el artículo 41
constitucional.
“No existen elementos siquiera de
carácter indiciarios que permitan tener acreditada la contratación,
difusión y/o venta de propaganda proclive a Enrique Peña Nieto ni mucho
menos la difusión de propaganda encubierta, a través de notas
informativas, reportajes, entrevistas, publirreportajes, informerciales y
notas informativas”, estableció el dictamen.
Incluso, Grupo Televisa presentó un extenso recurso como “tercero interesado” en esta queja, sin acreditar ni aportar los contratos originales
ni los convenios sobre la pauta a favor de Enrique Peña Nieto, desde
que éste se desempeñó como gobernador del Estado de México.
El consejero Alfredo Figueroa, el único
que votó en contra, afirmó que la investigación “debió incluir
requerimientos de información a personas físicas y morales referidas en
la queja”.
Figueroa ejemplificó con los casos de
Jessica Delamadrid Téllez, reconocida operadora de TV Promo y de Radar
Servicios Especializados, empresas intermediarias creadas por Alejandro
Quintero, vicepresidente de Comercialización de Televisa, precisamente
para triangular los recursos. Tampoco se llamó a declarar a Laura
Barranco, ex jefa de información del programa de Carlos Loret de Mola,
quien dio a conocer una conversación con el conductor de Primero Noticias, en la que admitió que “absolutamente todo” lo publicado por Proceso, desde octubre de 2005, era verdad.
Mucho menos solicitó información
contable a la Bolsa Mexicana de Valores, a la SEC, autoridad bursátil
estadounidense ante la cual Grupo Televisa ha admitido que TV Promo y
otras empresas de Quintero funcionan como brókers en la venta de publicidad tanto frente a empresas privadas como gobiernos.
Tampoco se solicitó una investigación en la empresa El Mall, propiedad de Pedro Torres, productor vinculado a Grupo Televisa, donde se produjeron muchos de los infomerciales y spots a favor de Enrique Peña Nieto desde 2010.
Para el representante del PRD, Pablo
Gómez, la investigación fue tan “débil” que originó una resolución que
le da la razón a los propios implicados sin que el IFE haya investigado
por su parte.
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