Escándalos sin fin
Julio Pimentel Ramírez
La policía española, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación (FBI), detuvo en Madrid a cuatro presuntos miembros del cártel de Sinaloa, entre los que se encontraría Jesús Gutiérrez Guzmán, alias Manolo, primo hermano del jefe de la organización delictiva.
Otro de los detenidos es Rafael Humberto Celaya Valenzuela, abogado de profesión y con una supuesta relación cercana al priísta Enrique Peña Nieto, con quien tiene numerosas fotografías en su cuenta de Facebook –lo mismo que con el senador electo Emilio Gamboa Patrón–, al ser simpatizante del PRI y asiduo asistente a los actos proselitistas de la reciente campaña presidencial del ex gobernador del estado de México.
Estados Unidos solicitará la extradición, mientras el gobierno de México se remitió al comunicado de la policía española, en el que explica brevemente que la operación de captura, denominada Dark waters (aguas profundas o negras), evitó el asentamiento en Europa de la organización criminal mexicana, considerada por el Departamento de Estado de EU como la más poderosa del mundo, y su líder, El Chapo Guzmán, como el traficante de drogas más peligroso e influyente del planeta.
Por enésima ocasión, el PRI se deslindó del escándalo que provocaron las fotos de Celaya Valenzuela, un ex precandidato de ese mismo partido, detenido en España como presunto responsable de narcotráfico. El Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora negó cualquier relación de Celaya con EPN. También el cuestionado Gamboa Patrón negó conexión con quien fue operador de la campaña presidencial priísta en el municipio de San Luis Río Colorado.
Este acontecimiento añade un severo cuestionamiento a las afirmaciones de las autoridades electorales y federales en el sentido de que no hubo, en el proceso electoral aún por calificar, intervención alguna del narcotráfico y la criminalidad organizada en las campañas ni en los partidos.
Tales afirmaciones son puestas en duda por las múltiples evidencias de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el financiamiento de la candidatura presidencial priísta, así como por reportes de la intromisión de grupos armados antes y durante los comicios en algunas zonas del norte del país, particularmente en la región fronteriza entre Chihuahua, Sinaloa y Durango. A ello se agrega ahora la presencia de Celaya Valenzuela en el entorno del propio Peña Nieto.
Mientras las autoridades correspondientes no investiguen ni apliquen las leyes con el mismo rasero, en México –a todos los niveles– seguiremos sin aclarar, sin detallar hasta el límite los asuntos públicos, lo que sólo da pie a más confusión, desconfianza y a la falta de credibilidad en las instituciones.
Es lamentable que ante los hechos que se acumulan (Monex, Soriana, cuentas bancarias del gobierno del Estado de México para canalizar recursos a la campaña presidencial del tricolor, etc,), que consolidan la denuncia en el sentido de que las elecciones no fueron limpias y equitativas, el IFE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales hayan actuado de forma omisa y se conviertan, objetivamente, en cómplices del fraude que amenaza con concretarse antes del 6 de septiembre.
Si las autoridades electorales, entre ellas las mencionadas anteriormente y en última instancia el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, actúan con prontitud, legalidad constitucional, ética y solvencia moral las elecciones tendrían que invalidarse por la masiva y escandalosa superación de los topes de campaña establecidos en la ley, así como por la inversión de enormes sumas de dinero de procedencia dudosa para la compra de votos en favor de Enrique Peña.
Por la salud de la República, por la estabilidad del país, e incluso por el bien del PRI y de su candidato presidencial, las autoridades electorales deben despejar de manera inequívoca y apegada a derecho las crecientes dudas en torno a la legalidad de las campañas y de la elección de julio pasado. El análisis, la valoración de las pruebas por parte del Tribunal electoral debe de esclarecer el proceso electoral: es preferible la invalidación de los comicios, a que el próximo gobierno carezca de legitimidad y credibilidad, con un origen manchado por la sospecha y un futuro marcado por el desprecio social.
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