domingo, 15 de julio de 2012

Compra-votos con dinero ilícito ..de on'de?

¡¡Exijamos lo Imposible!!
El gran reto: frenar la imposición

Dijo López Obrador el jueves 12 en conferencia de prensa: el camino a seguir es el de la resistencia civil, a contrapelo de lo que aconsejan algunos perredistas, empresarios e incluso priístas / Ese día, Andrés Manuel López Obrador habló de las dos vías que tomará su movimiento: la primera, documentar el cúmulo de irregularidades del proceso electoral; la segunda, organizar nuevas movilizaciones en las calles para impedir que Enrique Peña Nieto sea impuesto “por la minoría que domina el país” / En entrevista, Jaime Cárdenas Gracia, asesor jurídico del Movimiento Progresista, explica la estrategia jurídica y califica el proceso electoral entero como “una simulación” 

MÉXICO, D.F., 14 de julio (José Gil Olmos/Proceso).- A contracorriente de grupos de poder, gobernadores, empresarios, militantes del PRI y hasta miembros del PRD, quienes le piden aceptar la derrota para no romper con “la armonía del país”, Andrés Manuel López Obrador insiste en que el camino a seguir es el de la resistencia.

Ya dio el primer paso al documentar ante las instancias electorales que hubo fraude en la elección presidencial y ahora prepara las nuevas movilizaciones en las calles para impedir, dice, que Enrique Peña Nieto sea impuesto “por la minoría que domina el país”.

El jueves 12, acompañado de Jesús Zambrano, dirigente del PRD, Luis Walton, del Movimiento Ciudadano, y Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que cuenta con más de 4 millones de simpatizantes, llamó a los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele la vía democrática. Se veía cansado por la desgastante campaña iniciada hace cinco años pero sobre todo por los resultados adversos de la jornada del domingo 1. Eso no le impidió esbozar su Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México: “Todo lo que hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. Reitero que siempre actuaremos por la vía pacífica. No daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos”.

En la conferencia de prensa de ese día López Obrador expresó: No aceptemos que la corrupción domine por entero la vida nacional. Luchemos por el renacimiento moral de México”. Y definió su estrategia, que va en dos vías. La primera será impugnar la elección presidencial ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la segunda, salir a las calles para convocar a todos los ciudadanos a defender el voto.

El miércoles 11 en entrevista radiofónica respondió a quienes le piden aceptar el resultado de la elección: “No podemos ser cómplices de la corrupción. Pido disculpas por anticipado por las molestias que pueda provocar nuestra postura. Pero pierdan cuidado, voy a actuar pacífica y legalmente, sin violencia. Un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás”.
Junto con su equipo, encabezado por su asesor jurídico Jaime Cárdenas Gracia, insistió en que documentará las irregularidades electorales para demostrar que Peña Nieto no ganó.

La simulación

Después de revisar con detalle las pruebas que el Movimiento Progresista presentó ante el TEPJF como causales de anulación, Cárdenas Gracia concluye que el proceso fue una simulación.

“En todos los sentidosdice –. Aunque formalmente se pusieron las urnas y se contaron los votos, todo se desarrollo con una gran inequidad; las encuestas se usaron con fines electorales, como si fueran spots diarios, y el propio IFE (Instituto Federal Electoral) cayó finalmente en la inacción”.

Doctor en derecho por la UNAM y por la Universidad Complutense de Madrid, Cárdenas Gracia y el equipo que encabeza presentaron ante el tribunal un expediente con más de 600 páginas, 300 videos y 400 denuncias de seis graves irregularidades cometidas por el PRI, la primera de ellas por la compra y coacción del voto presentada ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (Fepade). Hasta el cierre de edición ninguna había sido atendida.

Tras el análisis de los documentos, el exconsejero electoral insiste en que hay elementos suficientes para que el tribunal declare la invalidez de la jornada del domingo 1 y llame a elecciones extraordinarias. Todo depende de cómo actúe. Por ejemplo, sólo él puede obtener las averiguaciones previas interpuestas ante la Fepade.

Si se asume como autoridad administrativa resolverá conforme a las pruebas que presentemos, solamente. Pero si se asume como tribunal tomará en cuenta no sólo lo que le presentemos, también podrá requerir a otras autoridades información o pruebas y dictar medidas para mejor proveer. Eso va a ser muy importante”, dice.

Confía en que para septiembre, cuando concluya el plazo, el tribunal se pronuncie y declare la invalidez de la elección presidencial. La impugnación, explica, seguirá una “ruta indicial” similar a la del Pemexgate. En ese caso el IFE conminó al PRI a pagar una multa de mil millones de pesos, la más grande en la historia electoral de México, luego de corroborar el uso ilegal de 500 millones de pesos del sindicato petrolero para la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000.

Ahora, dice, se presentan alrededor de 4 mil pruebas y documentos para configurar el delito de compra y coacción del voto e inequidad en la campaña presidencial mediante las tarjetas de Soriana y Monex que repartió el PRI antes de la votación.

También las denuncias de compra de votos en zonas rurales donde la participación aumentó hasta 85%, los contratos de los miles de espectaculares comprados desde el inicio de la campaña, las pruebas de contratos de promoción de Peña Nieto en Televisa desde hace cinco años, la actuación de los gobernadores del PRI, además de bases de datos, testimonios notariales, informes de la ONU y la OEA sobre la concentración de medios y resoluciones de otros casos donde se invalidaron elecciones por razones similares, como las de Morelia, Michoacán, y Zimapán, Hidalgo, en 2009.

“La autoridad electoral ya ha resuelto casos con indicios, por ejemplo en el del Pemexgate, en el cual participé. Te puedo decir que no teníamos prueba directa, la que tuvimos fue que el sindicato de Pemex había depositado en Banorte más de 500 millones de pesos y que unos empleados del PRI sacaron en 10 días esa suma.

Y aun cuando no supimos a dónde se fue ese dinero nunca tuvimos prueba de que haya llegado a las cuentas del PRI o se haya ido a la campañanosotros sólo dijimos que hubo violación constitucional y legal porque se utilizó para fines electorales. Al final, a partir de las pruebas indiciales, no directas, se multó al partido con mil millones de pesos”, relata Cárdenas.

La inacción del IFE 
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