El gran reto: frenar la imposición
Dijo López Obrador el jueves 12 en conferencia de prensa: el camino a
seguir es el de la resistencia civil, a contrapelo de lo que aconsejan
algunos perredistas, empresarios e incluso priístas / Ese día, Andrés
Manuel López Obrador habló de las dos vías que tomará su movimiento: la
primera, documentar el cúmulo de irregularidades del proceso electoral;
la segunda, organizar nuevas movilizaciones en las calles para impedir
que Enrique Peña Nieto sea impuesto “por la minoría que domina el país” /
En entrevista, Jaime Cárdenas Gracia, asesor jurídico del Movimiento
Progresista, explica la estrategia jurídica y califica el proceso
electoral entero como “una simulación”
MÉXICO, D.F., 14 de julio (José Gil Olmos/Proceso).- A contracorriente
de grupos de poder, gobernadores, empresarios, militantes del PRI y
hasta miembros del PRD, quienes le piden aceptar la derrota para no
romper con “la armonía del país”, Andrés Manuel López Obrador insiste en
que el camino a seguir es el de la resistencia.
Ya dio el primer paso al documentar ante las instancias electorales que
sí hubo fraude en la elección presidencial y ahora prepara las nuevas
movilizaciones en las calles para impedir, dice, que Enrique Peña Nieto
sea impuesto “por la minoría que domina el país”.
El jueves 12, acompañado de Jesús Zambrano, dirigente del PRD, Luis
Walton, del Movimiento Ciudadano, y Alberto Anaya, del Partido del
Trabajo, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
que cuenta con más de 4 millones de simpatizantes, llamó a los mexicanos
a no permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele la
vía democrática. Se veía cansado por la desgastante campaña iniciada
hace cinco años pero sobre todo por los resultados adversos de la
jornada del domingo 1. Eso no le impidió esbozar su Plan Nacional para
la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México: “Todo lo que
hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos
consagrados en la Constitución. Reitero que siempre actuaremos por la
vía pacífica. No daremos ningún pretexto para que los violentos nos
acusen de violentos”.
En la conferencia de prensa de ese día López Obrador expresó: “No
aceptemos que la corrupción domine por entero la vida nacional. Luchemos
por el renacimiento moral de México”. Y definió su estrategia, que va
en dos vías. La primera será impugnar la elección presidencial ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la
segunda, salir a las calles para convocar a todos los ciudadanos a
defender el voto.
El miércoles 11 en entrevista radiofónica respondió a quienes le piden
aceptar el resultado de la elección: “No podemos ser cómplices de la
corrupción. Pido disculpas por anticipado por las molestias que pueda
provocar nuestra postura. Pero pierdan cuidado, voy a actuar pacífica y
legalmente, sin violencia. Un dirigente puede poner en riesgo su vida
pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás”.
Junto con su equipo, encabezado por su asesor jurídico Jaime Cárdenas
Gracia, insistió en que documentará las irregularidades electorales para
demostrar que Peña Nieto no ganó.
La simulación
Después de revisar con detalle las pruebas que el Movimiento Progresista
presentó ante el TEPJF como causales de anulación, Cárdenas Gracia
concluye que el proceso fue una simulación.
“En todos los sentidos –dice –. Aunque formalmente se pusieron las urnas
y se contaron los votos, todo se desarrollo con una gran inequidad; las
encuestas se usaron con fines electorales, como si fueran spots
diarios, y el propio IFE (Instituto Federal Electoral) cayó finalmente
en la inacción”.
Doctor en derecho por la UNAM y por la Universidad Complutense de
Madrid, Cárdenas Gracia y el equipo que encabeza presentaron ante el
tribunal un expediente con más de 600 páginas, 300 videos y 400
denuncias de seis graves irregularidades cometidas por el PRI, la
primera de ellas por la compra y coacción del voto presentada ante la
Fiscalía Especial de Delitos Electorales (Fepade). Hasta el cierre de
edición ninguna había sido atendida.
Tras el análisis de los documentos, el exconsejero electoral insiste en
que hay elementos suficientes para que el tribunal declare la invalidez
de la jornada del domingo 1 y llame a elecciones extraordinarias. Todo
depende de cómo actúe. Por ejemplo, sólo él puede obtener las
averiguaciones previas interpuestas ante la Fepade.
“Si se asume como autoridad administrativa resolverá conforme a las
pruebas que presentemos, solamente. Pero si se asume como tribunal
tomará en cuenta no sólo lo que le presentemos, también podrá requerir a
otras autoridades información o pruebas y dictar medidas para mejor
proveer. Eso va a ser muy importante”, dice.
Confía en que para septiembre, cuando concluya el plazo, el tribunal se
pronuncie y declare la invalidez de la elección presidencial. La
impugnación, explica, seguirá una “ruta indicial” similar a la del
Pemexgate. En ese caso el IFE conminó al PRI a pagar una multa de mil
millones de pesos, la más grande en la historia electoral de México,
luego de corroborar el uso ilegal de 500 millones de pesos del sindicato
petrolero para la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000.
Ahora, dice, se presentan alrededor de 4 mil pruebas y documentos para
configurar el delito de compra y coacción del voto e inequidad en la
campaña presidencial mediante las tarjetas de Soriana y Monex que
repartió el PRI antes de la votación.
También las denuncias de compra de votos en zonas rurales donde la
participación aumentó hasta 85%, los contratos de los miles de
espectaculares comprados desde el inicio de la campaña, las pruebas de
contratos de promoción de Peña Nieto en Televisa desde hace cinco años,
la actuación de los gobernadores del PRI, además de bases de datos,
testimonios notariales, informes de la ONU y la OEA sobre la
concentración de medios y resoluciones de otros casos donde se
invalidaron elecciones por razones similares, como las de Morelia,
Michoacán, y Zimapán, Hidalgo, en 2009.
“La autoridad electoral ya ha resuelto casos con indicios, por ejemplo
en el del Pemexgate, en el cual participé. Te puedo decir que no
teníamos prueba directa, la que tuvimos fue que el sindicato de Pemex
había depositado en Banorte más de 500 millones de pesos y que unos
empleados del PRI sacaron en 10 días esa suma.
“Y aun cuando no supimos a dónde se fue ese dinero –nunca tuvimos prueba
de que haya llegado a las cuentas del PRI o se haya ido a la campaña–
nosotros sólo dijimos que hubo violación constitucional y legal porque
se utilizó para fines electorales. Al final, a partir de las pruebas
indiciales, no directas, se multó al partido con mil millones de pesos”,
relata Cárdenas.
La inacción del IFE
sigue leyendo
No hay comentarios:
Publicar un comentario