Guillermo Fabela QuiñonesApuntes
En un comunicado, emitido el jueves 26, el PRI afirma que “no permitirá el resquebrajamiento del orden institucional y democrático de la República”, y acusa a Andrés Manuel López Obrador “de sembrar la polarización política que conduzca a la incertidumbre y a la zozobra social, circunstancia donde él y nadie más se beneficia”. Por su parte, el dirigente del Movimiento Progresista, para demostrar que no está obsesionado por el poder, sino por hacer de México una nación democrática y justa, dijo que es “preferible un presidente interino que seguir en la inmundicia política”.
En efecto, no hay otra salida razonable al cochinero que fueron las elecciones presidenciales, pues aceptar la imposición de Enrique Peña Nieto sería dar paso a una etapa caracterizada por la polarización política y el resquebrajamiento del orden constitucional. Así sería porque el grupo salinista, ese sí, sólo quiere el poder para medrar con los pocos bienes nacionales que quedan en el territorio nacional. Así quedó demostrado a partir de que Carlos Salinas se hizo del poder ilegalmente, situación que se volvió “política de Estado” por convenir así a los intereses de los pocos beneficiarios de tal realidad.
Dice la dirigencia nacional del PRI que López Obrador radicaliza su discurso y “apuesta a la insensata ruptura institucional”. Termina afirmando que “México no puede ser rehén de los caprichos de un mal perdedor”. Lo que nos están demostrando los hechos es que quienes le apuestan a la “insensata ruptura institucional” son los salinistas que quieren dar un golpe de Estado con el único fin de saquear a la nación. Esto lo sabe muy bien buena parte de la sociedad nacional, misma que estaría dispuesta a todo, en caso de que ese grupo oligárquico, ya en el poder de manera espuria, empezara a lucrar descaradamente con los bienes de la nación.
Tiene razón López Obrador al afirmar que si no se anula la elección presidencial, “México estaría gobernado por una banda de malhechores, los más corruptos y terribles del país”. Entonces sí, los mexicanos seríamos rehenes de una camarilla de sinvergüenzas y cínicos sin parangón en el mundo, situación que no sería aceptada todo el tiempo, pese a la despolitización del pueblo, a su manipulación por parte de los medios electrónicos, por la sencilla razón de que tal humillación sería apuntalada por duros golpes al poco bienestar social que aún se tiene.
Dice el PRI que López Obrador insiste en descalificar el trabajo del IFE y de los más de 3 millones de mexicanos que organizaron la elección, “legal, limpia, transparente y democrática”. No hay necesidad de ello, pues el propio órgano electoral hace todo lo posible por cavar su tumba, actuando de manera por demás parcial, en apoyo abierto a los designios del grupo en el poder, como lo patentizan los hechos. El presidente consejero, Leonardo Valdés Zurita, negó que las encuestas hayan influido en los electores. Entonces, cabe preguntar: ¿qué caso tiene se lleven a cabo, por qué tanto interés de la oligarquía en que haya sondeos si no tienen un resultado práctico?
Claro que lo tienen, por eso cobran muy bien las empresas encuestadoras “prestigiadas”, como GEA-ISA. El objetivo fundamental es meter en el electorado la idea de que hay un “favorito”, y si es por un buen número de puntos, índice que se mantiene inamovible o en ascenso, permite crear la convicción fatalista de que si el voto es contrario, será un voto inútil. En este momento, la elección presidencial no puede ser calificada como “legal, limpia, transparente y democrática”, mucho menos si no se resuelven satisfactoriamente las impugnaciones presentadas, con pruebas abundantes, por parte del Movimiento Progresista.
Por eso puede afirmarse que la única solución válida al grave problema que significaría la imposición de un candidato impugnado, es el nombramiento de un presidente interino nombrado por el Congreso. Incluso para las autoridades electorales es la mejor salida, pues aceptar las presiones ilegales del grupo salinista sería dar paso no sólo a su total desprestigio, sino a la ingobernabilidad, situación que sería inútil achacar a López Obrador, toda vez que sería manifiesta la terquedad del PRI en imponer a Peña Nieto contra la voluntad mayoritaria de una población que votó por un cambio verdadero, que permita al país salvaguardar los pocos recursos naturales que le quedan, y con ello asegurar un futuro menos incierto a las nuevas generaciones.
La incertidumbre y la zozobra social la siembran quienes defienden intereses ajenos a los de las clases mayoritarias, quienes sólo piensan en salvaguardar sus privilegios y colocarse por encima de la sociedad para doblegarla y esquilmarla. Esto debe entenderlo muy bien el pueblo, a fin de actuar para evitarlo a tiempo, por medios pacíficos.
(guillermo.favela@hotmail.com)
No hay comentarios:
Publicar un comentario