Jenaro Villamil
Un despacho de cabildeo que asesoró al presidente golpista de Honduras, Roberto Micheletti, y un buffette de abogados especializados en defender a altos mandos de la Marina de Estados Unidos y con fuertes contactos en el Pentágono, son las dos nuevas “adquisiciones” del equipo de Enrique Peña Nieto para defenderse en los medios y ante el tribunal de California por el escándalo detonado por el empresario José Aquino y los tentáculos que representa su demanda en el caso MonexGate.
A sugerencia de Diego Gómez Pickering,
un colaborador de Luis Videgaray, cerebro del equipo de Peña Nieto,
contrataron por un monto aún no aclarado a la firma Chlopak, Leonard,
Schechter and Associates (CSLA) para contrarrestar en los medios
norteamericanos las versiones sobre la compra de voto, el fraude y el
presunto lavado de dinero a través del Monexgate.
Los peñistas estaban desesperados desde
hace quince días. La demanda presentada por José Aquino y la cobertura
crítica de la prensa internacional a su triunfo el 1 de julio, les
generó la urgencia de contratar a CSLA especializada en “asesoría en
comunicación y asistencia al equipo de transición” de Peña Nieto, según
el Acta de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en
inglés).
Casualmente, CSLA también cabildea a
favor del ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, ex priista también,
demandado en un tribunal federal de Estados Unidos por presunta
responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, a raíz de la matanza de
Acteal Chiapas, en diciembre de 1997. La versión, nada secreta, entre
las filas del PRI es que esa demanda contra Zedillo fue impulsada por su
archienemigo interno en la tecnocracia gobernante: Carlos Salinas de
Gortari.
De esta manera, el peñismo parece
enredarse contratando también a una empresa de cabildeo que seguramente
hará mucho negocio con los pleitos internos en el bloque que llevó a
Peña Nieto al poder.
CSLA también cabildeó a favor del
expresidente colombiano Alvaro Uribe, cuyo ex jefe de la Policía
Nacional, el general Oscar Naranjo, es el asesor estelar de Peña Nieto
para temas de seguridad. Y su otro cliente es Roberto Micheletti, quien
asumió el poder en Honduras tras el golpe contra Manuel Zelaya.
En el reino del pragmatismo y del
contrataque, los peñistas también acudieron a un poderoso despacho de
abogados para defender a Erwin Lino, secretario privado de Peña Nieto, a
David López, su jefe de Comunicación Social, y a Roberto Calleja,
vocero del PRI, mencionados entre otros personajes en la demanda
interpuesta por José Aquino desde el 7 de junio en California.
El abogado de este despacho es
Christopher L. Ludmer, formado en la Armada de Estados Unidos, donde
llegó a tener grado de teniente. Fue asistente del abogado de la USA
Navy, y ejerció en Pennsylvania y Georgia, antes de litigar en San
Diego.
En la página oficial del despacho presumen:
“Tenemos una amplia experiencia en derecho militar…y un historial probado de éxito que representan los oficiales al mando, los médicos, jefes, suboficiales y sargentos de artillería”.
¿Qué tendría que ver un despacho especializado en asuntos militares en un tema relacionado con una demanda por presunto fraude?
Por lo pronto, Ludmer logró un primer
objetivo: la renuncia del representante legal de Aquino, Maxwell C.
Agha, según un boletín oficial del PRI enviado desde la tarde del
domingo 30 de julio.
Curioso asunto: los voceros del PRI han
negado reiteradamente que la demanda de Aquino tenga que ver con el
partido, pero boletinan la renuncia de Agha como si fuera un logro
partidista.
La carta que Ludmer le envía a su colega
Agha para que desista de la defensa de José Aquino es una joya del
litigio mediático. Ludmer le advierte que han revisado “a fondo” la
demanda presentada a nombre de Frontera Television Network. Y que esta
empresa es controlada “por un individuo que se hacía llamar José Luis
Ponce de Aquino. El señor Aquino al parecer tiene varios alias”. Y
enumeran los diferentes alias que ha utilizado.
Luego enlista una serie de
irregularidades en la demanda para concluir que el litigio de Aquino “ha
sido presentado para hostigar a nuestros clientes, así como al
presidente electo y al PRI”. Incluso Ludmer argumenta en su alegato que
las declaraciones de Aquino “en los medios de comunicación opositores al
nuevo presidente (sic)” demuestran que “esta demanda fue presentada con
el objeto de acoso y para crear publicidad negativa en el contexto de
una acalorada y controvertida campaña. Es indignante tratar de utilizar
los tribunales de los Estados Unidos para ganar puntos políticos”.
Ese es el punto de vista de Ludmer, el
abogado defensor de Erwin Lino, David López y Roberto Calleja. Tiene
todo el derecho de argumentar como quiera. Lo preocupante es que, en el
contexto de un claro endurecimiento del PRI y de los peñistas frente a
los medios críticos y a movimientos sociales como #YoSoy132, utilicen
ahora también la demanda de Aquino para enviar un claro mensaje a
México.
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