Laura Bolaños Cadena
En febrero de 2006, a causa de una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, 65 mineros perdieron la vida. Debido al escándalo que ello provocó, los mineros tuvieron la esperanza de que esa tragedia marcara el fin de las malas condiciones en que trabajan. Estaban equivocados; a partir de ese año y por estas fechas suman 129 los trabajadores fallecidos a causa de que las anomalías continuaron. El día 25 de este mes de julio, siete trabajadores, el más joven con sólo 20 años, fallecieron a causa de una explosión de gas metano en el pocito de la mina de carbón mineral La Florida, ubicada en el municipio de Múzquiz, Coahuila. El propietario es el ex alcalde priísta Federico Quintanilla Riojas.
En la explotación minera en general, ocurren toda clase de irregularidades en torno a la seguridad. La propia ley solapa estas irregularidades a fin de favorecer a las compañías, que deben cubrir una cuota anual dependiendo de las condiciones de las minas. Hay tres grados de cotización en ese aspecto, y las mineras deben pagar más o menos de acuerdo al número de accidentes que se reportan en cada período. En complicidad con las autoridades, las mineras reportan un número menor de accidentes de los que en realidad ocurren a fin de pagar menos.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) es la encargada de enviar inspectores para observar las condiciones del trabajo. En este caso alega que la mina en cuestión había sido clausurada por carecer de salida de emergencia; sin embargo continuó funcionando sin corregir las fallas. Trabajadores de esta mina aseguran que la empresa los obliga a bajar al pozo sin equipo autónomo de respiración, indispensable en caso de quedar atrapados por un derrumbe. El minero, cuando entra a los pozos, no sabe si saldrá o cómo saldrá. La muerte dentro del socavón puede ser lo más horrible: por hambre y sed, por asfixia. En el caso de esta última tragedia, al parecer los trabajadores murieron en el acto a causa de la explosión.
De las pensiones por accidente con pérdida de partes del cuerpo ya hemos hablado en otro artículo. Los mineros reciben 60% de su salario en caso de pérdida de un pie, 70% por la pierna completa, y en caso de fallecimiento, le toca a la viuda el 60% del fabuloso salario de 6000 pesotes mensuales: 3 mil seiscientos. Bravo por la generosidad. Nunca llegan las pensiones al 100 % más que en casos de cáncer. Todo esto, por ley. Y todavía las mineras y la STPS hacen lo posible por rebajar tales pensiones calificando a la baja los accidentes y aun ocultándolos a fin de que el balance anual las mantenga en lo mínimo de la cotización.
¿Por qué trabajan los mineros asalariados por paga tan baja y tan malas condiciones? Por una razón muy sencilla: en la región es casi el único trabajo que se puede conseguir. Y todavía quieren asestarles la reforma laboral que deja al trabajador en mucho mayor indefensión frente a la patronal.
Para los poderosos, la impunidad…
…para los defensores de la tierra y de los derechos humanos, los rigores del aparato policial represivo. Libres e intocables los responsables de estas tragedias; en cambio lleva doce años de prisión el campesino Alberto Patishtán acusado de un delito que no cometió. Debe purgar hasta 60 años de prisión, de los que ya lleva doce encarcelado. El verdadero motivo de la saña contra él, es, para variar en estos casos, su actividad como defensor de los derechos de sus coterráneos.
Lo único que ha logrado la presión de los organismos internacionales de derechos humanos es que se le restituya al penal chiapaneco en lugar de la cárcel de alta seguridad a donde lo habían mandado como castigo por tomar parte en la huelga de hambre de sus compañeros activistas sociales, presos como él por delitos inventados.
En cambio, para hablar de un solo caso, a los dueños del banco HSBC, por violar las normas que controlan el lavado de dinero, los castigan al pago de 379 millones de pesos por 1,855 multas. Un pelo a un gato. Pero es que el inocente banco carecía de los controles adecuados para impedir ese tipo de operaciones, así que no se pueden achacar los hechos a uno o dos funcionarios. Ah, vaya.
¿El que nada debe, nada teme?
El PRI impidió el caso de las tarjetas Monex, que el PRD pretendía exponer en la Comisión Permanente como prueba de que se emplearon en la campaña de Enrique Peña Nieto recursos presuntamente de procedencia ilícita. El presidente en funciones de la Permanente, el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra, decidió concluir la sesión antes de que el diputado perredista José Luis Jaime Correa presentara el asunto Monex, a pesar de que había acuerdo de que cada partido llevara una propuesta. Alegó que ya no había tiempo, por lo que el caso quedó pendiente.
Sobre lo mismo, las investigaciones sobre Monex corren a cargo de periodistas, pues las autoridades se están haciendo las occisas. Resulta que en las direcciones declaradas por esta compañía como oficinas de su empresa, ni los conocen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario