La deuda de Coahuila apenas empieza
Jesús González Schmal
En plena campaña electoral en Coahuila, precisamente cuando había concluido el periodo de precampaña de enero, tiempo en el que Humberto Moreira se vino a México a presidir el PRI y dejó como encargado de la gubernatura a un conspicuo miembro de la dinastía empresarial de Saltillo, y como candidato a su hermano mayor, se llevó a cabo la solicitud que desde el 16 de diciembre había ordenado el gobernador antes de pedir licencia, en la que requería de la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, que le abonara a la deuda que el estado había contraído con el Banco del Bajío, el 3.8 por ciento de las participaciones federales que le correspondían a la entidad.
La urgencia con la que se tramitó éste requerimiento, en pleno periodo obligatorio de silencio electoral e inactividad publicitaria y promocional que ni el PRI ni el PAN respetaron, llevó al principal operador financiero de Moreira, director del Sistema de Administración Tributaria, Javier Villareal Hernández, probablemente en colusión con algún alto funcionario de la SHCP, a la increíble desfachatez de falsificar un oficio que presentó el 16 de marzo, en el que se contenía la instrucción para el descuento señalado, a fin de respaldar el contrato de crédito que les permitía retirar de inmediato el efectivo, de poco más de mil millones de pesos, del Banco del Bajío, seguramente para sufragar los cuantiosos gastos de la campaña electoral.
Anteriormente ya se había recurrido a mecanismos similares con otro crédito de Banorte que fue otorgado con una supuesta autorización del Congreso del estado, contenida en ejemplares de gacetas oficiales del estado que resultaron también falsas porque sus originales se referían a otros acuerdos tomados por el Congreso, relativos a la sustitución de una regiduría y al nombramiento de un contralor. Estos son los primeros hallazgos de lo que parece ser solo la punta del iceberg.
Las consecuencias apenas empiezan y auguran males mayores porque, para tapar el hoyo del sobreendeudamiento, urgen nuevos créditos por montos similares a los 33 mil millones de pesos para tapar los anteriores y, desde luego, una vez descubierto el modus operandi de los “Moreira”, la posibilidad de conseguir nuevos recursos no sólo es difícil, sino, de haberlos, que se tendrán que obtener en condiciones de altísimo costo, agravando, todavía, la ya dramática situación de los 3 millones de coahuilenses que sufrieron el más extenso incendio de la historia nacional cuando el daño arrasó a más de 340 mil hectáreas, con flora y fauna incluida, y, además, el Estado padece la más larga sequía de que se tenga memoria.
Por lo pronto se han dejado de pagar los apoyos que a imitación del Gobierno del Distrito Federal se daban a los adultos mayores y discapacitados por 200 pesos al mes, y otra gran cantidad de ayudas en despensas ha quedado suspendida. Con esto, la pregunta obligada es: ¿Qué ocurrirá el 1 de diciembre próximo, cuando Rubén Moreira proteste como gobernador y tenga que pagar los 5 mil pesos por familia que ofreció por el voto a su favor con la tarjeta-monedero “más mejor” que lanzó para superar la de mil pesos que repartió el PAN con Guillermo Anaya y que denominó “la cumplidora”?
Las predicciones son difíciles. Se trata de un hecho sin precedente en nuestra historia que sólo se había dado durante la guerra de Reforma, cuando el gobierno conservador de Miramón le firmó un pagaré al banquero suizo J. B. Jecker por 16 millones de pesos, con intereses leoninos del 90 por ciento anual en caso de incumplimiento, hecho que ameritó la invasión del ejército de Napoleón III, que venía a cobrar ese adeudo que Benito Juárez se negaba a pagar.
Así, la cruda realidad envolvió a todo un estado en la ambición política de sus dirigentes, que no tuvieron los cimientos y referentes éticos mínimos para regir sus actos hacia el bien público, que confundieron con sus apetitos personales. Resulta ahora que el PRI y el PAN compiten para endeudar más a la nación; Calderón llega a la cifra récord de 5.3 billones, que significan más de la tercera parte del Producto Interno Bruto. Moreira, que inicia con el .3 del PIB estatal en 5 años, lo eleva a 10 por ciento. No extrañe, entonces, que la contienda perniciosa de ambos se traslade a una vulgar lucha por los dineros públicos para sus respectivos grupos políticos.
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