Tranzar con los menos para despojar a los más

Al menos 200 familias fueron desalojadas ayer de un terreno en disputa en el municipio de El Marqués, en Querétaro. Policías municipales y estatales impidieron la entrada al predio para que las viviendas fueran destruidas con maquinaria pesadaFoto Demián Chávez

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Empresa inmobiliaria asegura tener aprobación de un juzgado
Desalojan a 200 familias de terreno en Querétaro
Mariana Chávez
Corresponsal

El Marqués, Qro., 16 de marzo. Más de 200 familias de la Unión de Colonos Conín fueron desalojados de la parte alta de La Cañada, en este municipio, como parte de una disputa por 132 hectáreas con la empresa inmobiliaria El Mirador.

Cuatro máquinas ingresaron al predio para derribar una cantidad indeterminada de viviendas, algunas hechas de cartón, lámina y madera. Los lugareños no pudieron sacar sus pertenencias.

Salas, estufas y otros muebles fueron arrasados junto con animales de corral, mientras policías municipales y estatales acordonaban la zona para que las máquinas completaran la destrucción sin resistencia de los moradores. Muchos formaron una valla para tratar de impedir la maniobra, pero luego retrocedieron.

El dirigente de los colonos, Manuel Moreno Martínez, aseguró que la Secretaría de la Reforma Agraria los reconoce como dueños desde 1997 y por ello se habían asentado más de 200 familias. Acusó a la empresa El Mirador de urdir el despojo para comercializar los terrenos o construir residencias.

Aseguró tener documentación según la cual los expulsados son los legítimos propietarios de las tierras, condenó que no se les notificara del desalojo y anunció que harán todo lo posible para salvaguardar su patrimonio.

Manuel Orozco Ángeles, representante legal de Ramón García Bárcenas –presunto dueño de las 132 hectáreas–, dijo que antes de la destrucción de las viviendas se pagaron indemnizaciones de 50 mil pesos a 17 familias que acreditaron vivir en el predio.

Aseguró que su cliente y las 17 familias integraron la asociación civil Ojo del Águila, por cuya intervención los colonos aceptaron entregar 47 de las 132 hectáreas a Ramón García, a quien reconocieron como dueño.

Acusó a Moreno Martínez de revender los terrenos conforme los propietarios los desocupaban y sostuvo que el juzgado séptimo de Querétaro autorizó el desalojo.