El ser mujer, pobre y Ñhañhu, 21 años de prisión

Foto: Jacinta Francisco Marcial

El caso de Jacinta Francisco Marcial (condenada a pasar en prisión 21 años por ‘secuestrar’ a seis agentes de la AFI) es un símbolo de las deficiencias de nuestro sistema judicial, de la discriminación que sufren indígenas, mujeres y pobres. La indígena ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos y se han vulnerado sus garantías procesales. La acusada jamás contó con un intérprete o traductor y se le negó el derecho de rendir testimonio y probar su inocencia. En cambio, los juzgadores concedieron preponderancia a las ‘contundentes’ pruebas presentadas por la fiscalía ("la fotografía de un periódico").

¡¡Exijamos lo Imposible!!

Una increíble historia verdadera
31 Mar 09

Juan Antonio Isla Estrada

Este 26 de marzo pasado se cumplieron tres años de un suceso increíble. No es fácil clasificarlo. Se duda si el caso se inscribe en los anales de las hazañas femeninas en medio de un mundo de terror, o bien en los registros de asuntos asombrosos producidos por una justicia ciega, cruel y absurda.

Esta era una mujer otomí (acompañada y apoyada por otras dos mujeres) que sometió, desarmó, secuestró y ‘humilló’ a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro. Por tal crimen Jacinta Francisco Marcial fue acusada y sentenciada a pagar dos mil pesos de multa y a purgar una condena de 21 años en prisión.

Todo empezó aquel domingo cuando seis elementos de la AFI, sin uniforme y sin mediar identificación alguna, llegaron al tianguis de la plaza principal de esta comunidad Ñahñu. Según testimonios, los sujetos despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, argumentando que vendían productos de “piratería”. Obviamente se armó la zacapela. Los policías destruían mercancías alegremente por lo que los comerciantes protestaron y se defendieron, además de exigir la orden judicial que para el caso debe exhibirse.

Los daños habían sido cuantiosos. Ante la protesta de los tianguistas se les prometió indemnizarlos para lo cual dejaron ‘en prenda’ a un agente mientras se daba parte al jefe regional de la AFI con sede en San Juan del Río. Reza el expediente que ese mismo domingo por la tarde todos los elementos de la PGR que habían participado en los hechos abandonaron la comunidad, no sin antes convenir con los afectados la entrega de una cantidad en pago por los daños causados.

Pero he aquí lo sorprendente: el 3 de agosto de 2006, la señora Jacinta Francisco Marcial fue llevada, con engaños, a la ciudad de Querétaro. Allí, al ser presentada ante los medios de comunicación, se enteró de que la acusaban, junto con otras dos mujeres, de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los hechos ya descritos. Después de un proceso plagado de irregularidades el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro la condenó a más de 20 años de prisión. La pena era increíble, desproporcionada, descabellada, por lo que tomó cartas en el asunto el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. que asumió la defensa legal de la indígena.

Del asunto se han ocupado medios nacionales como el que produce para televisión el periodista Ricardo Rocha, así como organismos defensores de los derechos humanos e incluso llamó la atención de la Cámara de Diputados por lo que legisladores de las Comisiones de Derechos humanos y Seguridad Pública realizaron una visita al CERESO en donde purga su sentencia Doña Jacinta. Se supo que luego de entrevistarse con ella, los miembros de la delegación de diputados federales ofrecieron que emitirían una declaración pública de lo que es evidentemente un caso de injusticia terrible. Aclararon que es la primera ocasión en que miembros del Congreso se ocupan de un caso particular. De ese tamaño es la infamia que se está cometiendo.

El caso de Jacinta Francisco Marcial es un símbolo de las deficiencias del sistema de justicia, de la discriminación que sufren indígenas, mujeres y pobres. La señora ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos y se han vulnerado sus garantías procesales. La acusada jamás contó con un intérprete o traductor y se le negó el derecho de rendir testimonio y probar su inocencia. En cambio, los juzgadores concedieron preponderancia a las ‘contundentes’ pruebas presentadas por la fiscalía (la fotografía de un periódico).

Constituye este escandaloso caso un ejemplo de la respuesta punitiva del Estado, como si la represalia sirviera de modelo intimidatorio para todos aquellos que se resisten a los abusos de agentes policíacos. El asunto pone de contraste la impunidad en tantos casos de comprobada responsabilidad en la comisión de delitos y exoneración de los culpables, mientras se imputan cargos a personas inocentes y se hace caer sobre éstas todo el peso de la ley.

El 22 de diciembre del año pasado se interpuso una apelación que demuestra las irregularidades procesales y solicita la inmediata liberación de Jacinta Francisco. Medios de comunicación, organismos defensores de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil estamos aguardando impacientes la resolución del Lic. Hanz Eduardo López Muñoz, Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito en el Estado de Querétaro, que debe absolver a esta víctima de una injusticia terrible, protagonista de una increíble historia verdadera.