¡¡Exijamos lo Imposible!!Agustín Escobar Ledesma
¿Alguien en su sano juicio puede imaginar que una pequeñita mujer indígena tenga la fuerza para secuestrar a 6 fornidos agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), armados con toletes, rifles de asalto, protegidos con escudos y casco en la cabeza? Para las autoridades federales, tal situación, fuera de toda lógica, es posible, tal y como le sucedió a Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena, de Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro quien, desde agosto de 2006 se encuentra encarcelada, acusada del secuestro de 6 representantes de la ley.
Desde que la detuvieron, sus familiares han intentado todo para rescatarla. Primero cayeron en manos de tres inescrupulosos leguleyos queretanos quienes les exprimieron cuanto dinero pudieron; después presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde les informaron que a Jacinta no se le habían violado sus derechos humanos; en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas les pidieron su comprensión por no contar con abogados para defenderla; en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro no quisieron ni recibirlos y, el 8 de marzo de 2007, justo en el Día Internacional de la Mujer, en un acto encabezado en Santiago Mexquititlán por Margarita Zavala, una de las hijas de Jacinta, con lágrimas en los ojos, públicamente, le solicitó a la primera dama que intercediera por el atropello que sufría su mamá, la esposa del presidente Felipe Calderón ni se inmutó.
A sus 46 años de edad, orillada por las circunstancias, Jacinta Francisco Marcial aprendió a hablar castilla en el Centro de Readaptación Social femenil, ubicado en San José el Alto, Querétaro, lugar en el que se encuentra recluida desde agosto de 2006, discriminada y escarnecida por sus propias compañera de prisión.
La historia de la infamia en contra de Jacinta Francisco Marcial comenzó al mediodía del 26 de marzo de 2006 en un operativo contra la piratería. Aquella ocasión, seis elementos de la AFI, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de Santiago Mexquititlán, despojando a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de “piratería”. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder; los agentes, sin embargo, se negaron. La tensión aumentó y varios de los comerciantes afectados comenzaron a protestar.
Conforme la tensión crecía, el agente del Ministerio Público Federal (MPF), el licenciado Gerardo Cruz Bedolla, y el jefe regional de la AFI, Omar Evaristo Vega Leyva, llegaron a la plaza para dialogar con la gente afectada. Los funcionarios aseguraron que los agentes habían cometido un error y que iban a responder por los destrozos y daños causados; ofrecieron que regresarían la mercancía despojada. No obstante, lo que ofrecieron a los tianguistas fue mercancía diferente, decomisada con antelación, por lo que los comerciantes se negaron a recibirla y aumentaron su protesta. Para entonces, había ya un grupo numeroso de personas inconformes.
Al constatar la inconformidad, el jefe regional de la AFI y el agente del MPF ofrecieron el pago de los daños en efectivo. Pero para esto, debían trasladarse a conseguir la cantidad. Como “garantía” de que sí regresarían, ordenaron al agente de la AFI Jorge E. Cervantes Peñuelas que se quedara en el pueblo.
Tres horas después, los elementos de la AFI arribaron al pueblo acompañados de policías pertenecientes a otras corporaciones. Con ellos llegó un periodista del diario Noticias de Querétaro. Cuando llegaron los agentes, los comerciantes afectados, junto con las demás personas que protestaban contra los abusos de la AFI, dialogaron con el jefe regional y el agente del MPF para acordar la entrega de una cantidad correspondiente a los daños causados. Algunas personas se acercaron a ver lo que ocurría; entre ellas Jacinta Francisco Marcial, quien atendía un puesto de aguas frescas y, justo en el momento en que ella se asomaba el reportero del periódico Noticias tomó una fotografía para ilustrar su nota sobre los hechos.
Cuatro meses después, el 3 de agosto de 2006, un grupo de personas vestidas de civil llegó a buscar a la señora Jacinta en su casa y con engaños la llevó al Juzgado Cuarto de Distrito del estado de Querétaro en donde fue presentada ante los medios de comunicación: entonces supo que la acusaban a ella y a otras dos mujeres, Teresa González y Alberta Alcántara, de haber “secuestrado” a los agentes de la AFI durante los hechos ocurridos en marzo de ese año. La prueba que presentaron fue la fotografía del periódico en la que aparece Jacinta.
Finalmente, para cerrar con broche de oro, el 19 de diciembre de 2008, se condena a Jacinta con una pena de 21 años de prisión y dos mil días de multa, equivalentes a 91,620 pesos. Claro, como ella no es rubia, de ojos azules, de nacionalidad francesa y no se llama Florence Cassez, al presidente Felipe Calderón no le importa su suerte.
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