proceso
El IFE, en “quiebra moral”
El viejo PRI, “el mañoso, de triquiñuelas”, está plenamente reinstalado,
coinciden en afirmar Lorenzo Meyer y José Antonio Crespo a la luz de la
votación que en el Instituto Federal Electoral exoneró de cualquier
irregularidad al excandidato priista y ahora presidente de la República,
Enrique Peña Nieto. Ven los dictámenes de la Unidad de Fiscalización
“irrisorios, ridículos e increíbles”, y señalan especialmente la
vergonzosa actuación del ahora exconsejero Sergio García Ramírez,
priista de muy viejo cuño y quien acabó con lo que le restaba de
credibilidad al IFE.
Las votaciones del Instituto Federal Electoral (IFE) relacionadas con el
Monexgate y el tope de gastos de la campaña presidencial –ejes
centrales del cuestionamiento que la oposición le hace al triunfo de
Enrique Peña Nieto– evidenciaron que esa institución “jugó con el PRI y
cuidó la imagen” del priista, pero además certificó que “el viejo
sistema del PRI, el mañoso, de triquiñuelas y autoritario, se instaló de
nuevo”.
Así resumen los analistas políticos e historiadores Lorenzo Meyer y José
Antonio Crespo la actuación de funcionarios y consejeros electorales,
de quienes dicen que pusieron en relieve “la quiebra moral” del IFE,
“robándole su credibilidad”.
Uno califica de “irrisorios, ridículos e increíbles” los dictámenes que
elaboró la Unidad de Fiscalización y votó el consejo general; otro los
considera “casos turbios, opacos, sucios, en donde el fiscalizador los
limpió hasta donde pudo”, para beneficiar al PRI.
Crespo, quien hasta el miércoles 6 había sido benévolo con la
institución al considerar su desempeño, “no espectacular pero sí
adecuado” en las pasadas elecciones presidenciales, hoy lo considera
sesgado, aunque centra su señalamiento en Alfredo Cristalinas, titular
de la Unidad de Fiscalización y encargado de elaborar los dictámenes.
A las evidentes dudas sobre una actuación imparcial de los consejeros
electorales se sumó la del hoy exconsejero Sergio García Ramírez,
gracias a quien el PRI pudo evadir en primera instancia una multa por 75
millones de pesos por no haber informado al IFE que recurrió al uso de
las tarjetas Monex.
La exoneración del PRI, respaldada por cuatro consejeros y rechazada por
otros cuatro, se consumó justo cuando García Ramírez, reconocido
exfuncionario priista y cercano colaborador de Luis Echeverría en su
mandato presidencial, decidió no excusarse del Monexgate y respaldar a
su partido.
La actuación de los nueve consejeros del instituto –Leonardo Valdés,
Marco Baños, Francisco Guerrero, Sergio García Ramírez, María Marván,
Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Lorenzo Córdova– y
de Cristalinas puso al organismo en el centro de las críticas y los
señaló como artífices de la “quiebra moral” del IFE y de haber acelerado
su descomposición.
Del declive a la perdición
Analista del sistema político mexicano, Meyer sentencia: Fueron los
partidos los que le robaron la credibilidad al IFE y sus consejeros no
son ciudadanos “ideales” para estar ahí.
Recuerda que cuando surgieron los consejeros ciudadanos como Miguel
Ángel Granados Chapa, fue el “momento estelar del IFE”, pese a que no
controlaban la maquinaria electoral. El consejo de 1998 con José
Woldenberg a la cabeza “era creíble” y pasaron la prueba en 2000, pues
el cambio del PRI al PAN en la Presidencia no molestaba los intereses
creados, “no cambiaba mucho esa parte de quién consigue qué, cómo,
cuándo y dónde”.
Sin embargo, previo a la competencia de 2006, donde se avizoraba el
enfrentamiento de dos modelos de país –el de Andrés Manuel López Obrador
y el de la derecha, de Felipe Calderón–, los partidos tomaron “de
rehén” al instituto.
En octubre de 2003 fue la maestra Elba Esther Gordillo quien junto con
el panista Germán Martínez operó en la elección del nuevo consejo.
“Fue una captura abierta”, recuerda Meyer. “De ahí en adelante se echa a
perder todo y sigue estando así: Capturado por los partidos en lugar de
que esté por encima de los partidos”.
Estos, añade, tienen intereses políticos, económicos, con personajes,
con estructuras de poder ya creadas… ellos son los que capturaron al
IFE.
En la sesión del pasado 23 de enero, Alfredo Cristalinas no sólo
corroboró las denuncias de la izquierda e indagaciones de medios de
comunicación sobre el Monexgate, sino que además amplió las pruebas
revelando que 14 empresas mercantiles habían participado en la
triangulación, además de cinco bancos y cuatro personas físicas.
Aun así, en su documento perdonaba al PRI sus operaciones, desconocía el
origen y destino de los millonarios recursos y ni siquiera proponía
multarlo por no reportar los movimientos bancarios.
Crespo dice a Proceso: “Está muy sucio el caso. Es opaco, turbio, y la
Unidad de Fiscalización lo limpió hasta donde pudo. Incluso
contradiciéndose en la participación de dos empresas que en dictamen
posterior sí acepta como proveedores del PRI”.
Se refiere a Koleos y Tiguan, que participaron en la triangulación del
caso Monex y que en el dictamen el PRI aseguró no conocer ni tener
relación comercial con ellas. Esto fue aceptado como verdad por
Cristalinas, pero 15 días más tarde, en otro dictamen, el de
presentación de gastos, no cuestiona cómo es que el propio PRI las
presenta como sus proveedoras y muestra que las conocía de tiempo atrás.
En cuanto al dictamen sobre gastos de campaña en donde se asegura que el
Movimiento Progresista de Andrés Manuel López Obrador rebasó el tope
con 63 millones de pesos y por lo cual propone una multa de 129.8
millones de pesos y a la coalición de PRI-PVEM nunca le detecta rebase
de gastos en la campaña de Enrique Peña Nieto, Meyer lo considera
“irrisorio, ridículo, que podrá ser formalmente legal pero
sustantivamente no tiene credibilidad”.
Ese dictamen sería discutido y votado por los nueve consejeros el 30 de
enero; sin embargo ante las denuncias y reclamos del Movimiento
Progresista –que evidenció una auditoría favorable al PRI y la premura
con que se pretendía aprobarlo– los integrantes del consejo pospusieron
una semana la discusión.
Trampas cristalinas
Entre los errores más evidentes y contradictorios que muestran criterios
distintos para auditar a uno y otro partido está por ejemplo que
Cristalinas dividió los gastos del PRI entre los 365 participantes en la
contienda; es decir entre 300 candidatos a diputados, 64 a senadores y
uno a la Presidencia. De ahí que a Peña Nieto sólo se le sumaron
porcentajes mínimos del gasto y por eso nunca rebasó el tope de campaña.
Por ejemplo una gorra con las iniciales de EPN Cristalinas la
contabilizó en 12 centavos, y una con el nombre de López Obrador, en 12
pesos, pues nunca dividió el gasto para el Movimiento Progresista.sigue leyendo
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