¡¡Exijamos lo Imposible!!
Proceso
Pemex: Irresponsabilidad sistémica
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El terrible accidente de hace unos días en
las oficinas centrales de Pemex constituye sin duda una tragedia
nacional. Sin embargo, para dimensionar el hecho es importante saber que
se trató de uno de los muchos accidentes que acontecen de manera
cotidiana en la industria petrolera del país. No se trata de una
excepción, sino de una regla. Eventos con víctimas numerosas han
sucedido en 2012 en las refinerías de Tula y Minatitlán, además de la
terrible explosión en Reynosa. Y si nos remontamos hacia atrás, la
ennumeración sería inacabable, lo cual nos habla de un patrón de
irresponsabilidad sistémica de la administración de la empresa y de
impunidad casi absoluta de los culpables. El accidente en la Ciudad de
México es excepcional sólo por el lugar y el momento en que sucedió.
La
explosión en oficinas centrales tuvo una alta visibilidad mediática y
causó una honda impresión en la opinión pública nacional.
Lamentablemente, ese no es el caso con los accidentes que suceden en las
lejanas zonas petroleras, donde los muertos no son visibles y las
cámaras de televisión no pueden transmitir en vivo las consecuencias de
los hechos. No por ello la negligencia criminal que explica estos
accidentes puede olvidarse o minimizarse. Pemex es una empresa
paraestatal que funciona con bajísimos estándares de seguridad y que se
ve además afectada por numerosos atentados a la integridad de sus
instalaciones, pues el crimen organizado ha colonizado los ductos
petroleros y gasíferos de este país, con algún grado de complacencia de
sus autoridades y del sindicato. Pemex es un problema de seguridad
nacional, sea por causas internas, sea por los ataques que sufre por
parte del crimen organizado.
La incidencia de accidentes es tal
que tan sólo en la década pasada en el estado de Veracruz se tienen
registros periodísticos de mil 421 eventos. Se trata de incidentes muy
frecuentes que sufren las comunidades donde se localiza la industria o
en las que la empresa o sus contratistas realizan labores de
exploración, perforación y tendido de tuberías. Por ejemplo, la zona del
llamado Proyecto Aceite Terciario del Golfo (antes Chicontepec)
cotidianamente sufre derrames de petróleo, contaminación de cuerpos de
agua, destrucción de caminos, deforestación y accidentes industriales
menores, los cuales afectan profundamente la vida cotidiana al destruir
el hábitat e impedir las labores agrícolas. Por otra parte, no debe
olvidarse que las viejas ciudades petroleras, como Poza Rica, están
cruzadas por ductos en desuso que constituyen un peligro constante para
todos sus habitantes.
Pemex, contra la idea que tiene la mayoría
de los mexicanos, no funciona como una empresa pública en el sentido de
ser propiedad de la nación y, por tanto, vigilada por la ciudadanía. Al
contrario, opera en la más completa oscuridad y privacidad, pues nadie
vigila su desempeño. Pemex, mito fundacional del nacionalismo mexicano,
es exactamente lo opuesto de una empresa pública, pues se maneja con
criterios rentistas cuyos beneficiarios son vastas redes de
contratistas, los directivos de la empresa y los líderes del sindicato,
quienes controlan su operación cotidiana.
Si nos preguntamos por
qué hay tantos accidentes en esta industria la respuesta es que todos
los actores que intervienen en sus procesos están interesados en
maximizar sus beneficios privados y no los de la nación. En nuestro país
hemos olvidado que una empresa pública debería caracterizarse
precisamente por la publicidad y transparencia de sus acciones, por el
apego estricto a las regulaciones que debe asumir una empresa que
funciona con altos niveles de riesgo y por una cultura laboral basada en
la responsabilidad. Por el contrario, en este país nadie sabe cómo
opera Pemex, las cuentas que rinde son, por decir lo menos, precarias, y
se ha impuesto una cultura laboral basada en la irresponsabilidad y el
patrimonialismo.
A punto de cumplir 75 años, Petróleos Mexicanos
opera con bajísimos niveles de productividad, tiene un absurdo exceso de
personal y un contrato colectivo leonino, sus plantas petroquímicas
están abandonadas y la mayor parte del trabajo de exploración y
explotación es desarrollado desde hace años por empresas contratistas.
El
sindicato petrolero, lejos de representar el interés profesional de sus
miembros, se ha constituido en una casta burocrática que vive de
manipular la herencia de plazas, la asignación de empleos temporales y
el cobro de renta a Pemex por permitirle la subcontratación masiva de
empresas privadas, las cuales explotan descaradamente a sus
trabajadores. El sindicato mantiene un control mafioso de sus bases y
hace 50 años que anuló el más mínimo asomo de democracia en su vida
interna.
Es tiempo de exigir que la paraestatal se convierta en
una verdadera empresa pública al servicio de la nación y no de una casta
que la ha privatizado desde hace décadas. Hay que demandarle que cumpla
con altos estándares de responsabilidad, productividad y rendición de
cuentas, los mismos que debemos exigir también al gobierno en su
totalidad. Por fortuna, hay en Pemex miles de trabajadores, hoy
ignorados, que desean fervientemente ser los promotores de una auténtica
empresa pública.
*Periodista e investigador de la Universidad Veracruzana.
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