¡¡Exijamos lo Imposible!!
Proceso
Cultura política retrógrada
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A pesar de los avances democráticos, en
México prevalece una cultura política autoritaria caracterizada por la
simulación y el chanchullo. Instituciones, leyes y procesos propios de
la democracia no han bastado para dominar al pequeño Maquiavelo que la
clase política nacional lleva dentro. Peor aún, pareciera que nuestros
gobernantes, líderes sindicales o de partidos políticos, así como élites
empresariales y mediáticas, midieran su prestigio por la habilidad para
violar la ley. Aprovecharse del más pequeño resquicio en cualquier
norma jurídica para evadirla es motivo de orgullo, no de vergüenza.
Operar por encima de la ley es signo de distinción. Vivimos en una
cultura de la ilegalidad, propiciadora de corrupción, impunidad y su
consecuencia inevitable: mal gobierno.
Los ejemplos de esa cultura
política retrógrada son innumerables. Menciono brevemente tres casos
recientes y elocuentes del primitivismo político que nos abruma. La
exoneración de la coalición Compromiso por México de su responsabilidad
en el escándalo Monex y el frustrado intento por negar que dicha
coalición haya rebasado el tope de campaña, son clara muestra del afán
por cooptar a instituciones autónomas, cuya naturaleza exige ser
independientes de los poderes públicos para ejercer sus funciones con
eficacia y honestidad.
Dicha perversión es propia de los regímenes
híbridos clasificados como autoritarismos electorales o competitivos,
entre los que se sigue contando México, a pesar de la doble alternancia
de 2000 y 2012. En el primer caso mencionado, los malabares jurídicos y
contables lograron vencer, no convencer; en tanto que las
argumentaciones de la Unidad de Fiscalización respecto al rebase de los
topes de campaña fueron postergadas para nuevo análisis hasta junio de
este año, cuando la efervescencia sobre el asunto haya menguado.
En
el mismo limbo descansarán las nada cristalinas “situaciones” y
“complejidades” sobre el Monexgate impune que la Unidad de Fiscalización
turnó a vista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la
Unidad de Inteligencia Financiera dependientes de la Secretaría de
Hacienda, así como de la Fiscalía Especializada para la atención de
Delitos Electorales (Fepade), adscrita a la Procuraduría General de la
República. La posibilidad de que los actuales funcionarios de dichas
dependencias procedan conforme a derecho contra las medidas que ellos
avalaron durante la campaña es remota. En consecuencia, es previsible
que el arcano del proceso electoral de 2012 quedará indemne y
debidamente blindado, será res iudicata.
Tampoco merece olvido
otro caso de audacia predemocrática: la declaración patrimonial del
mandatario y los miembros de su gabinete, publicada el 16 de enero en el
portal de la Presidencia. “La transparencia será fundamental en la
Presidencia Democrática que me he propuesto conducir. Es una obligación
sustantiva para dar confianza a una sociedad mexicana más plural, más
informada y más participativa” –se afirma en el comunicado (negritas en
el original).
La puesta en escena realizada en Palacio Nacional
para informar del asunto no logró su propósito; la simulación fue
detectada y produjo un efecto contrario al buscado por los estrategas
presidenciales, convencidos de que “gobernar es comunicar”, así se trate
de una farsa. En efecto, la sociedad mexicana es más plural, informada y
participativa; por lo cual ya no es posible engañarla de manera tan
burda. La osadía de aparentar transparencia para lograr opacidad e
impunidad es inadmisible y debe ser subsanada.
La vejación de que
fue objeto el IFAI durante la administración de Felipe Calderón es otra
de sus traiciones a la transición democrática. La arbitrariedad
presidencial de haber nombrado comisionados a tres de sus allegados, con
el aval del Senado, ha puesto en peligro la autonomía de la
institución. Uno de ellos, Gerardo Laveaga, actual presidente del IFAI,
ha sido atacado por otro de los recomendados presidenciales, Ángel
Trinidad Zaldívar, en términos severos, pero al parecer veraces; la
tercera, Sigrid Arzt, ha sido acusada de espionaje.
Aprovechando
el escándalo mediático, la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados ha propuesto remover a todos los comisionados. Los
suspicaces se preguntan si el hoy diputado Beltrones está fraguando la
remoción de los actuales comisionados para colocar en las vacantes a
personajes afines al PRI y el gobierno.
Es preciso evitar otro
atraco contra la institución del Estado mexicano creada en 2002 con el
propósito de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información
pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales.
Un
estudio realizado por el Banco Mundial de 1996 a 2012 para medir la
calidad de la gobernanza en 212 países muestra que cultura de la
ilegalidad, corrupción, impunidad y gobernanza deficiente forman un
cuarteto pernicioso e indisoluble. La metodología empírica estuvo
centrada en seis dimensiones del gobierno. En todos los rubros la
clasificación de México es mediocre o mala (datos de 2011, medidos de 0 a
100): Libertad de expresión y rendición de cuentas, 53.5; estabilidad
política y ausencia de violencia, 25.5; eficacia gubernamental
(entendida como la calidad de los servicios públicos y del servicio
civil, grado de independencia frente a presiones políticas, así como la
calidad de la planeación y la operación de las políticas publicas),
63.5; calidad regulatoria (habilidad del gobierno de México para
formular e instrumentar políticas sólidas, así como regulaciones que
permitan y promuevan el desarrollo del sector privado), 60.7; imperio de
la ley 39.0; control de la corrupción, 45.5.
En el rubro del
imperio de la ley hubo un descenso de 2.4 puntos respecto a 2006 y en el
de combate a la corrupción se registró una baja de casi 5 puntos. Como
puede observarse, los resultados son altamente preocupantes, aunque no
sorprendentes. No hay duda: el mal gobierno que padecemos es resultado
de una cultura política de la ilegalidad y de sus hermanas siamesas: la
corrupción y la impunidad.
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