Proceso
IFE: Problema estructural, no de tiempo
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) decidió posponer una semana la discusión y votación de los dictámenes de los informes de ingresos y gastos de campaña de los candidatos presidenciales, para tener tiempo de revisar a detalle los mismos e incluso solicitar a la Unidad de Fiscalización explicaciones puntuales.
Sin duda es un buen paso pero no resuelve el mayor problema que en estos momentos enfrenta el IFE: La deficiente integración de dichos dictámenes.
Tras las millonarias multas al PRI, PAN y PVEM en 2003 por los casos Pemexgate y Amigos de Fox, los partidos políticos decidieron retirarle la responsabilidad de fiscalizar los recursos de los partidos a una comisión de consejeros, expresamente señalada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y se la otorgaron a un área técnica con autonomía de gestión.
En ambos casos (Pemexgate y Amigos de Fox) la actuación de la Comisión de Fiscalización fue determinante para reunir los elementos que permitieron demostrar las irregularidades y aplicar una sanción ejemplar. Sin duda fue muy relevante la labor de la Unidad de Fiscalización, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos y Prerrogativas, pero se nutría y era exigida por consejeros celosos de su deber.
Para evitar que esto se repitiera los partidos políticos decidieron en la reforma de 2007 establecer en la misma Constitución: “La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del Consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal”.
Dotaron al IFE de mayores facultades pero no las pusieron en manos del Consejo General sino de una unidad técnica, y por esa vía limitaron su actuación. En el Cofipe establecieron que tanto las quejas en dicha materia como los dictámenes y proyectos de resolución de los informes de ingresos y gastos los integra autónomamente la Unidad de Fiscalización sin pasar por una comisión de consejeros –como sí sucede en el caso de las quejas ordinarias contra los partidos políticos– y los presenta directamente al Consejo General con lo cual estrecha mucho el margen de maniobra del Consejo.
La diferencia está muy claramente establecida en el procedimiento señalado en el tratamiento de las quejas ordinarias, en el artículo 366 del Cofipe, que prevé que la Comisión de Quejas y Denuncias puede devolver el proyecto a la Secretaría Ejecutiva, que es la responsable de sustanciarla, modificando su sentido o incluso ordenándole realizar nuevas diligencias; y una vez que dicho dictamen se presenta a consideración del Consejo, se establece entre las posibilidades el “rechazarlo y ordenar a la Secretaría elaborar un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría…”.
Mientras tanto los dictámenes que elabora la Unidad de Fiscalización se presentan directamente al Consejo y en ningún momento se establece que éste puede devolverlo y ordenar la realización de diligencias o incluso la elaboración de un nuevo dictamen. Cierto que hay una puerta abierta por la vía del párrafo 1 del artículo 85: “En casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización…”, pero el mismo artículo indica que dichos acuerdos pueden ser recurridos ante el tribunal, que bien puede impedir dicho “proceso extraordinario”.
El saldo es que hoy el IFE tiene más herramientas para investigar y revisar los informes de los partidos políticos y sustanciar las quejas que se presenten, pero la Unidad de Fiscalización no hace uso de ellas o, por lo menos, hace un uso muy limitado, como quedó constancia en el caso de la queja sobre el caso Monex, en el que el mismo dictamen reconoce la existencia de triangulaciones de recursos y de participación de empresas fantasmas, pero la autoridad decide abdicar de sus facultades de investigación, pretextando que no le corresponde, y se limita simplemente a revisar la información que le entregan los mismos partidos.
Lo mismo sucede en los dictámenes de los ingresos y egresos de las campañas presidenciales, pues hay aberraciones como la de asignarle exclusivamente 3 millones 963 mil 163.30 pesos, de los 50 millones que al desahogar la queja del caso Monex decidió contabilizar como gastos de campaña, pues el partido decidió la proporción de dicha cantidad que se contabilizaba en cada una de las campañas y el PRI pidió que a la presidencial únicamente le cargarán 7.9%. No hay ninguna lógica en dicha distribución, porque de acuerdo con el partido –aceptado por la autoridad– dichos recursos se utilizaron para pagar a los representantes generales del instituto político, que lo fueron para las tres elecciones; así lo mínimo que le corresponde es la tercera parte de los 50 millones. Pero más contradictorio resulta que aunque le hubiesen agregado 100% el actual presidente no hubiese rebasado los topes de gastos de campaña, pues de acuerdo con el informe solamente había gastado 241 millones 815 mil 461.39, lo cual implica casi 100 millones menos del tope de 336 millones 112 mil 84.16, que estableció el mismo Consejo.
A pesar de que hoy ya no se incluyen gastos por publicidad en radio y televisión, pues está prohibido comprar tiempo y todos los promocionales se difunden en los tiempos del Estado, la realidad es que los candidatos de la tres principales fuerzas políticas del país rebasaron los gastos de campaña. Fue tan evidente que de ello dieron cuenta los medios masivos y generaron las quejas de los mismos partidos.
Pero la autoridad electoral no puede sentarse a esperar a que los mismos partidos se lo informen, sino que tiene que hacer su propia labor de investigación y recopilación de información. Y eso es precisamente lo que hoy no hace y, por lo mismo, lo que se convalida es que se premia o sanciona la capacidad de llevar la contabilidad y presentar los informes, pero no el respeto o la violación de la legislación electoral y, por ende, de los topes de gastos de campaña.
Los consejeros tendrán más tiempo para revisar los dictámenes, podrán pedirle a la Unidad explicaciones puntuales y hasta podrán votar contra los mismos, pero la actual estructura constitucional del IFE los limita para profundizar en las investigaciones. Eso era claramente lo que buscaba la reforma de 2007 y hoy se evidencia, pero el PAN y el PRD, que hoy lo lamentan, son corresponsables de ello, pues estuvieron de acuerdo con el nuevo diseño y allí están las versiones estenográficas y las votaciones en el pleno de las cámaras del Congreso para constatarlo.
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