Cloaca gubernamental
Lilia ArellanoEstado de los ESTADOS
Del “moreirazo” al “godoyazo”
Rubén cubre a Humberto Moreira
SCJN y Congreso local, cómplices
Duplica Deschamps el “Pemexgate”
Los Granier: brutal enriquecimiento
Denuncia FV quebrantos de Godoy
Apócrifos, los permisos para casinos
La autodefensa, peligrosa: PRD y PRI
“Leyes hay, lo que falta es justicia”.- Ernesto Mallo
La credibilidad del nuevo gobierno pasa por la eliminación de la impunidad de la que disfrutan ampliamente representantes de la clase política que han saqueado las arcas públicas de los gobiernos federal, estatales y municipales, a pesar de las pruebas presentadas ante el Poder Judicial, que son desestimadas en actitudes francamente de complicidad con el Poder Ejecutivo. La aplicación de la justicia a funcionarios federales, gobernadores o presidentes municipales que se sirvieron con la cuchara grande y se enriquecieron a niveles inverosímiles es una asignatura pendiente hoy, a pesar de la alternancia en el poder presidencial, primero del PRI al PAN y luego del PAN otra vez al PRI. El esquema se repite también en los gobiernos estatales y municipales, donde la misma corrupción corroe los presupuestos y endeuda a los nuevos gobiernos aún antes de iniciar sus gestiones.
El caso del ex dirigente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, es uno de los más emblemáticos del uso del poder político para el enriquecimiento ilegal de una familia, sin que las autoridades judiciales realicen acciones efectivas no sólo para restituir el daño ocasionado por la depredación de las arcas públicas estatales al amparo del poder político, sino para castigar a los responsables de la desviación de recursos públicos multimillonarios a cuentas particulares, a pesar de que se cuente con todos los elementos legales probatorios para tal efecto, lo que muestra el grado de complicidad que existe entre magistrados y políticos. El caso de la deuda de Coahuila, según las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, es, sin duda alguna, uno de los ejemplos más claros de la corrupción política en el país, pues ésta paso de 8 mil 267 millones en 2011 a 36 mil 509 millones en 2012, lo que representó un aumento del 342 por ciento, sin que se tenga certeza de dónde están esos recursos, aunque se ha obligado a los coahuilenses a pagarlos.
Este mes, la depredación de los recursos públicos de Coahuila realizada por la familia Moreira, alcanzó niveles de escándalo a nivel internacional, luego de que el gobierno de los Estados Unidos reveló que confiscó de una cuenta bancaria 2 millones 275 mil 544 dólares con 41 centavos, en el Sun Secured Advantage and N. T. Buetterfield and Son Limited, en Las Bermudas, a Héctor Javier Villarreal Hernández, titular del Servicio de Administración Tributaria, durante el gobierno de Humberto Moreira. A diferencia de las autoridades mexicanas que han persistido en su actitud de no dejar avanzar y, mucho menos, dar a conocer a la opinión pública las investigaciones en torno a la desviación de recursos del erario público por parte de gobernadores y funcionarios federales, la Corte Federal de Corpus Christi, Texas, reveló que los fondos de esa cuenta bancaria están vinculados con “lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos, robo y uso del erario público para el enriquecimiento personal”.
El fiscal Kenneth Magdison explicó la forma de operar de ese corrupto funcionario: Villarreal Hernández sacaba el dinero de las arcas públicas del estado de Coahuila y, primero, los depositaba en una cuenta bancaria de Brownsville, Texas, y posteriormente lo transfería a la cuenta en Las Bermudas. Destaca que en el gobierno de Moreira, entre julio de 2010 y marzo de 2011, Villarreal realizó tres préstamos fraudulentos en dos bancos mexicanos por 246 millones de dólares. Además, estima que desde abril de 2009 hasta marzo de 2011, a través de créditos y contratos fraudulentos, recibieron más de 35 millones de dólares por medio de transacciones internacionales y que, subsecuentemente, con los fondos adquirieron varias propiedades en ciudades texanas de San Antonio, Brownsville e Isla del Padre.
Villarreal lavó el dinero que obtuvo ilícitamente de las arcas de Coahuila con la ayuda de varios miembros de su familia, incluida su esposa, María Teresa Botello, y su amante, Altagracia Daniela Rodríguez García. A pesar de que en octubre de 2011, fue detenido Villarreal en Texas acusado de uso de documentos falsos y fraude, quedó libre tras pagar una fianza de 10 millones de pesos y luego se fugó.
Por lo que toca al papel que ha jugado el Poder Legislativo federal en este escándalo político, se ha limitado a declaraciones de senadores del PAN, PRD y hasta del PRI demandando al gobierno de Enrique Peña Nieto continuar con las investigaciones del llamado “Moreirazo” y castigar a los responsables para evitar que el caso quede en la impunidad, como ha sucedido hasta el momento. El panista Ernesto Cordero recordó que las denuncias penales ya se interpusieron desde hace un par de años, desde que era titular de la Secretaría de Hacienda, pero el gobierno de Felipe Calderón no llevo a cabo las indagatorias o, simplemente, las congeló. Ahora, el legislador pide que se siga investigando y se castigue a los responsables. También el coordinador del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa, demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto evitar el doble discurso y cumplir con los planteamientos que ha hecho en materia de trasparencia e impartición de justicia.
El brazo de la justicia federal se ha revelado muy corto en este caso, pues a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó a ese juzgado la averiguación previa UEIDFF/FINMI17/2011 y la acumulada UEIDFF/FINM13/429/2011, a través de las cuales se ejerció acción penal contra Jaime René Jiménez Flores, director de deuda, y Jorge López Alarcón, jefe de departamento, quienes laboraban en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda, como responsables de utilizar ilegalmente sellos y falsificar documentos para que el gobierno de Coahuila obtuviera créditos por mil millones de pesos, no se ha ejercido acción penal contra ningún “pez gordo”. En el acto de formal prisión que se dictó a esos dos ex funcionarios, también se libraron órdenes de aprehensión contra cinco ex servidores públicos de Coahuila, entre ellos Héctor Villarreal Hernández, quien ahora es investigado también por autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero.
El papel de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en este caso, ha sido lamentable. Los togados desecharon diez amparos solicitados por empresarios de Coahuila para invalidar el decreto del Congreso estatal que autorizó –con un papel lamentable también de los legisladores locales que raya en la complicidad- cubrir el pago de más de 33 mil millones de pesos de deuda heredada por la administración del ex gobernador Humberto Moreira. Los magistrados de la Segunda Sala de la SCJN desecharon las demandas como notoriamente improcedentes, con el argumento de que los representantes legales de los quejosos no hicieron valer el interés legitimo para promover los juicios. Los togados también consideraron que la resolución del caso podía impactar los actos de gobierno relacionados con la deuda pública y la contratación de empréstitos y, con ello, el bienestar, así como la estabilidad social.
También se ha evidenciado, como es lógico, una gran complicidad en el gobierno de Rubén Moreira, en el caso del magno endeudamiento que dejó su hermano. En el caso que revelaron las autoridades estadounidenses, descrito líneas arriba, el actual gobierno de Coahuila, que encabeza Rubén Moreira, negó que los recursos incautados a Javier Villarreal Hernández, provengan de los créditos bancarios obtenidos durante la administración estatal de Humberto Moreira. Sostuvo que los 2.2 millones de dólares que se encontraban depositados en la cuenta de un banco de las islas Bermudas “no son recursos derivados del erario estatal”. A través de un comunicado, sostiene que ”los recursos provenientes de los créditos obtenidos por el Gobierno del Estado con el sistema financiero, fueron ingresados en su totalidad a las propias cuentas del Gobierno, asimismo, no existen faltantes que presuman irregularidades”.
Sin embargo, otro punto a destacar del cual el gobierno de Rubén Moreira no ha dado explicaciones satisfactorias para los coahuilenses, es el hecho de que a dos años de que Humberto Moreira dejó la gubernatura, el legado de obras inconclusas permanece en la entidad y algunas ya fueron olvidadas por la actual administración. Ejemplos sobran: la Infoteca de Piedras Negras no está operando; están a medias el Museo de la Frontera Norte, el Hospital General de Piedras Negras y el Museo del Niño. No ha concluido la construcción del parque La Chimenea en Nueva Rosita; en Torreón, están inconclusas la Presidencia Municipal, el Hospital General y el sistema vial Alianza. En Saltillo, no han terminado el Museo de los Saraperos y la Charrería, como tampoco han finalizado el edificio que albergaría los juzgados para juicios orales. La explicación de esta situación, de acuerdo con el gobierno de Rubén Moreira, es que a muchas de las obras inconclusas se les tuvieron que hacer reingenierías, con nuevos contratos, por supuesto, para que puedan ser terminadas.
Un aspecto más que tampoco ha podido resolver el gobierno de Rubén Moreira se refiere a la ola de violencia que azota la entidad. Los asesinatos y ejecuciones, con desmembrados y descabezados incluidos, en las principales ciudades de Coahuila: Saltillo, Torreón, Piedras Negras, son cosa de todos los días y las autoridades estatales ya ni siquiera se molestan en investigarlas, bajo el argumento de que son víctimas del crimen organizado y de las luchas entre los cárteles de la droga que se disputan las principales plazas de la entidad.
A lo anterior, habría que agregarle la indefensión en que se encuentran los medios de comunicación y los periodistas coahuilenses ante la negligencia de las autoridades estatales para investigar los ataques a éstos, lo que los ha llevado a ejercer la autocensura para garantizar la seguridad de sus colaboradores. El más reciente es el secuestro de cinco empleados de El Siglo de Torreón, que ni siquiera eran periodistas, y quienes fueron privados de su libertad en diferentes lugares. Todas estas agresiones a la prensa están en completa impunidad. Esto llevó a la organización Concertación Mexicana a advertir que de mantenerse esta situación y no asegurarse el irrestricto respeto al derecho a informar y ser informado, la sociedad entera corre el riesgo de que el secretismo y la opacidad cancelen la transparencia y el debate público abierto que son base irrenunciable de la democracia.
Como antecedente inmediato, hay que resaltar que el sexenio de Felipe Calderón fue uno de los más violentos para la prensa que jamás se hayan registrado en el mundo, de acuerdo al reporte “Ataques a la prensa en 2012”, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dado a conocer en Nueva York. En el sexenio del panista, hubo “un aumento sin precedentes en el número de periodistas asesinados y encarcelados en el último año”, además de que predominó una “legislación restrictiva y censura estatal” que puso en riesgo al periodismo independiente.
GOBIERNOS CONVERTIDOS EN CLOACAS
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